Administración Trump continúa ataque contra estudiantes extranjeros: ordena pausa a las entrevistas para conceder visas

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Nueva York – Acorde con el plan del presidente Donald Trump, los estudiantes internacionales que quieran obtener una visa para estudiar en Estados Unidos estarán sujetos a una investigación de sus redes sociales.

Una comunicación interna con fecha del martes que, según medios como NBC y POLITICO, aparece firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, contiene las nuevas imposiciones a las que serían sometidos los alumnos extranjeros.

Trump le ordenó a las embajadas y secciones consulares de Estados Unidos que suspendan nuevas entrevistas a estudiantes que quieran obtener permiso para estudiar en el país.

“Efectivo inmediatamente, en preparación para una expansión de revisiones y chequeos requeridos, las secciones consulares no deberán añadir ningún visado de estudiante o de intercambio (F, M, y J) hasta que se publiquen nuevas directrices, lo que se anticipa para los próximos días”, lee parte de la comunicación.

Adicional, el cable indica que la orden tendría efecto en las operaciones de la sección consular, procesos y asignación de recursos.

“Las secciones consulares necesitarán tomar en consideración la carga de trabajo y qué recursos requerirá cada caso antes de programarlos para seguir adelante”, lee otra parte de la comunicación.

La directriz fue enviada a todo el personal diplomático y consular estadounidense en el extranjero.

Al ser cuestionada sobre el tema en una conferencia de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo: “Nos tomamos en serio el proceso de verificación para saber quién quiere venir al país”.

A juicio de Bruce, la medida no debe verse como un asunto controversial, ya que es una práctica antigua que se va a continuar y se aplicará según cada caso.

“Siempre hemos verificado los antecedentes”, planteó.

Sin embargo, la portavoz no detalló cuáles serán los parámetros del proceso o qué específicamente se tomará en cuenta para vetar a un estudiante.

Previamente, la Administración Trump había impuesto algunos requisitos para indagar en el contenido en redes sociales, pero dirigidos particularmente a estudiantes que pudieran haber participado en protestas contra las acciones de Israel en Gaza.

La Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), un grupo que defiende a los estudiantes extranjeros, condenó la decisión al considerarla “problemática”.

“La idea de que las embajadas tengan el tiempo, la capacidad, y el dinero de los contribuyentes se gaste de esta manera es muy problemática”, indicó mediante un comunicado la directora ejecutiva, Fanta Aw. “Los estudiantes internacionales no representan una amenaza para este país. De hecho, son un recurso invaluable“, argumentó.

El gobierno federal ha buscado limitar la presencia de estudiantes extranjeros a través de distintas vías.

Una bastante recurrente es cancelarles las visas F-1. Con la revocación de la autorización, los extranjeros quedan en riesgo de detención y deportación.

Las F-1 son un tipo de visa no inmigrante que le permite a extranjeros estudiar a tiempo completo en instituciones educativas acreditadas, como universidades, colegios, escuelas secundarias académicas y programas de idiomas.

En abril pasado, cuatro filiales de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y el bufete de abogados Shaheen & Gordon presentaron una demanda colectiva federal en nombre de más de 100 estudiantes de New Hampshire, Massachusetts, Maine, Rhode Island y Puerto Rico. A los demandantes se les canceló abruptamente su estatus migratorio F-1 sin especificar el motivo. El recurso solicita al tribunal que restablezca el permiso para que puedan continuar con sus estudios.

“Seguimos alarmados por la repentina cancelación de estatus estudiantil por parte de la administración Trump en universidades de todo el país sin previo aviso ni explicación alguna”, declaró Gilles Bissonnette, director legal de la ACLU de New Hampshire. “Los estudiantes internacionales son una comunidad vital en las universidades de nuestro estado, y ninguna administración debería poder eludir la ley para despojar unilateralmente a los estudiantes de su estatus, interrumpir sus estudios y ponerlos en riesgo de deportación”, argumentó la representante.

La demanda alega que las terminaciones por parte de la Administración Trump son “unilaterales e ilegales” y han afectado gravemente las oportunidades educativas de los alumnos, quienes se encuentran en medio de sus cursos.

Otra estrategia de Trump ha sido retirarle el financiamiento y contratos federales a universidades a las que ha identificado como antisemitas y con amplia matrícula de estudiantes extranjeros.

Por ejemplo, ayer transcendió que el Gobierno le cancelará a la Universidad de Harvard los contratos federales restantes que ascienden a $100 millones de dólares.

El mes pasado, Harvard presentó una demanda que busca la restauración de dinero. Adicional, la semana pasada solicitó a un tribunal federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.

La jueza de distrito Allison Dale Burroughs bloqueó, temporalmente, que la Administración Trump continúe con la prohibición de estudiantes internacionales en el recinto universitario al suspender la certificación SEVP de la institución.

La certificación SEVP (Student and Exchange Visitor Program) permite a las instituciones educativas estadounidenses inscribir a estudiantes no inmigrantes. La certificación, que autoriza la emisión del Formulario I-20, se tramita a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el caso de Harvard, ubicada en Massachusetts, el 27% de su matrícula la componen estudiantes extranjeros.

Con respecto a la Universidad de Columbia, en Nueva York, sus directivos mantienen negociaciones para recuperar los fondos federales que Trump le canceló luego de señalarla por antisemitismo.

Sin embargo, hace menos de una semana, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) acusó al centro universitario de una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judíos en violación a la Ley Federal de Derechos Civiles.

En Columbia, aproximadamente, el 40% de sus estudiantes son extranjeros.

Las acciones responden a su vez a la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero bajo la que se creó el Grupo de Trabajo Conjunto del gobierno federal para Combatir el Antisemitismo en medio de la guerra entre Israel y Hamás.