MIAMI.- En una medida largamente esperada por los agricultores de Florida, la administración Trump puso fin al acuerdo comercial que suspendía los aranceles sobre los tomates importados de México.
Esta decisión marca una victoria significativa para los productores estadounidenses, especialmente en Florida, quienes durante décadas han denunciado que los exportadores mexicanos venden sus productos a precios ‘injustamente bajos’ (dumping), perjudicando gravemente a la industria local.
La medida de la Casa Blanca, que se hará efectiva a partir del 14 de julio, reintroducirá un arancel antidumping del 20.91% sobre la mayoría de los tomates frescos importados desde México. Con esto, terminará el Acuerdo de Suspensión de Tomate de 2019 con el vecino país del sur.
Epicentro floridano
La industria tomatera de Florida, concentrada en áreas como Immokalee y Palmetto-Ruskin, ha sido aparentemente la más afectada, según los productores.
El Florida Tomato Exchange cifra el aumento de las importaciones mexicanas en casi un 400% desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994 hasta 2022, con cifras de 4 mil millones de libras anuales del producto mexicano.
Afirmó que esta "inundación" de tomate mexicano barato causó problemas a la industria floridana, reduciéndola a la mitad.
Los productores señalan no solo la presión de los precios bajos, sino también la dificultad de competir en costos laborales, regulaciones ambientales y seguridad alimentaria entre ambos países.
Robert Guenther, del Florida Tomato Exchange, calificó la orden de Trump como "una victoria fundamental" y un paso necesario para "hacer cumplir las leyes comerciales" y dar a los agricultores el "alivio largamente merecido".
Políticos de Florida, como el senador Rick Scott y el congresista Mario Díaz-Balart, se hicieron eco de esta celebración y consideraron la decisión como una defensa necesaria de los agricultores locales frente a "prácticas comerciales extranjeras injustas" y como un ejemplo de la política "América Primero".
Scott vinculó el tema con acusaciones de "trabajo infantil forzado" en México, un argumento recurrente en esta disputa.
Tomates
Cosecha de tomates.
Unplash
La decisión de Trump
La terminación del acuerdo no surge de la nada. Responde a una petición formal elevada en 2023 por la industria tomatera estadounidense, que logró aglutinar un apoyo notablemente amplio y bipartidista.
Más de 60 miembros del Congreso de ambos partidos, la Federación Americana de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation), organizaciones agrícolas de los nueve principales estados productores de tomate y otras 15 asociaciones del sector respaldaron la solicitud.
El Departamento de Comercio justificó su decisión tras afirmar en un comunicado: "Esta acción permitirá a los productores de tomate estadounidenses competir de manera justa en el mercado".
Como consecuencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplicará a partir de julio el arancel del 20.91%, exigiendo depósitos en efectivo a los importadores.
Según expertos, el camino está despejado legalmente, por lo que no se requerirían nuevas investigaciones para imponer los derechos antidumping.
Conflicto crónico
La disputa comercial tomatera entre Estados Unidos y México es una saga que se extiende por casi tres décadas y se inició formalmente en 1996 con una investigación antidumping estadounidense.
Sin embargo, en lugar de aplicar aranceles de forma inmediata y sostenida, se recurrió a una serie de "Acuerdos de Suspensión".
Estos pactos, negociados periódicamente entre el Departamento de Comercio de EEUU y representantes de los productores mexicanos, buscaban establecer precios mínimos y condiciones para la importación, teóricamente para evitar el dumping y proteger a la industria estadounidense sin cerrar completamente el mercado.
El último de estos acuerdos data de 2019. Ese mismo año, impulsada por el Florida Tomato Exchange, fue reactivada una investigación antidumping. El Departamento de Comercio concluyó que existía dumping, y la Comisión de Comercio Internacional de EEUU (ITC) confirmó por unanimidad que estas importaciones a bajo precio causaban un daño material a los productores nacionales.
A pesar de estos hallazgos, se optó una vez más por un acuerdo de suspensión. No obstante, desde la perspectiva de los agricultores estadounidenses, el acuerdo de 2019, al igual que sus predecesores, resultó ser inadecuado.
Fue así como denunciaron la existencia de lagunas legales, mecanismos de elusión de los precios mínimos y una débil aplicación de las normas, permitiendo que continuara la entrada de grandes volúmenes de tomate mexicano a precios que, según ellos, seguían estando por debajo de un nivel justo y sostenible para la competencia local.