Amnistía Internacional pide cesar represión y “criminalización injusta” contra activistas en El Salvador

SAN SALVADOR. - La organización Amnistía Internacional (AI) pidió detener la "represión y criminalización" de activistas en El Salvador. Este jueves 29 de mayo, AI se pronunció luego de la presentación de cargos contra el líder comunitario José Ángel Pérez y del defensor de derechos ambientales Alejandro Henríquez, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de desórdenes públicos y resistencia.

En su cuenta en la red social X, Amnistía advirtió: "Estas acusaciones criminalizan el derecho a la protesta pacífica y vulneran la libertad de expresión. Protestar pacíficamente no es un delito. Es un derecho".

Asimismo, la ONG indicó que la detención de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez es un ejemplo alarmante de cómo en El Salvador se castiga a quienes alzan la voz. En tal sentido, Ana Piquer, directora de AI para las Américas, puntualizó: "Exigimos el fin de la represión y criminalización injusta contra quienes defienden derechos humanos".

La organización sostuvo que el Estado salvadoreño debe garantizar los derechos de los activistas detenidos "y cesar el uso indebido del proceso penal para silenciar voces". AI destacó que se mantendrá vigilante ante este caso y la audiencia inicial convocada para este viernes 30 de mayo.

Detenciones tras protestas

Las detenciones de José Ángel Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, y Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, se produjeron luego de que un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un residencial en el que habita el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El objetivo de esta actividad era pedir ayuda por un desalojo de cientos de familias.

De acuerdo con medios locales, agentes de la Policía Nacional intentaron detener a varias de estas personas, Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la detención de los activistas. Según la prensa local, el 18 de mayo un juzgado dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo.

Bukele acusó a organizaciones de manipular a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución si no se cumple.

FUENTE: Con información de EFE