Así fue la megarredada en la que arrestaron a más de 100 migrantes en una construcción de Florida

Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una operación de cumplimiento dirigida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en sitios de construcción en Tallahassee, Florida. La redada se llevó a cabo el 29 de mayo, como parte de una operación conjunta de agencias bajo la dirección de ICE Homeland Security Investigations Tallahassee y con la colaboración significativa de múltiples agencias estatales y federales. Los detenidos provienen de varios países, incluidos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras.

Estas acciones de ejecución buscan eliminar los empleos ilegales y responsabilizar a los empleadores, además de proteger las oportunidades laborales para la fuerza laboral legal de Estados Unidos, afirmó Nicholas Ingegno, asistente del agente especial a cargo del HSI Tallahassee. Esta redada también fue respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien la calificó como un “gran golpe”.

Sin embargo, la operación ha provocado un debate en la comunidad. A pesar de que algunos, incluidos funcionarios estatales, defendieron las acciones de ICE como necesarias para la seguridad pública, otros en Tallahassee se manifestaron en contra. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta el 30 de mayo en el Capitolio del Estado, argumentando que los arrestos no reflejan los valores de la comunidad.

La operación involucró a varias agencias del estado y federales, como la Florida Highway Patrol, el FBI, la Drug Enforcement Administration (DEA), Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, y el Internal Revenue Service - Criminal Investigations (IRS).

La redada se enfocó en sitios de construcción, incluyendo un proyecto de apartamentos llamado Perla at the Enclave, cercano a la Universidad Estatal de Florida (FSU). Durante la operación, un individuo fue arrestado por resistirse a la detención y enfrenta cargos por cuatro delitos de asalto a oficiales de la ley. Otro intentó sacar un arma contra los agentes.

ICE reportó que algunas de las personas arrestadas ya habían sido deportadas previamente o tenían antecedentes penales. Estas detenciones se producen en el contexto de un esfuerzo continuo de Inmigración y Control de Aduanas para adoptar una posición firme contra la inmigración ilegal, acorde con las políticas establecidas por el gobernador DeSantis y algunas medidas promulgadas recientemente por la legislatura federal.

Las detenciones han provocado reacciones diversas por parte de la comunidad. Ciudadanos, activistas y algunos funcionarios locales expresaron su descontento con la operación. Aedan Bennett, miembro fundador de la Tallahassee Immigrant Rights Alliance, afirmó que la protesta fue una forma de decir que no permitirán que sucedan estas acciones sin una respuesta de la comunidad.

Entre los arrestados, varios presentaban antecedentes penales u órdenes de deportación. (@HSITampa/X)

Además, Trish Brown, directora ejecutiva de Power Up People, criticó la operación diciendo que esta acción no representa lo que debería ser la humanidad ni la democracia. Margeling Santiago, una de las manifestantes, expresó su indignación al ver a trabajadores ser arrestados simplemente por estar trabajando. Funcionarios locales, como los comisionados Jeremy Matlow y David O’Keefe, también sentaron su postura al afirmar que las redadas no reflejan los valores de la comunidad.

La empresa Hedrick Brothers Construction, que contrató a algunos de los trabajadores detenidos, declaró que están cooperando con las autoridades en la investigación. Según su portavoz, la empresa cumple con todos los estándares regulatorios, incluyendo los requisitos de verificación de empleo de E-Verify. Además, insistieron en que exigen que todos sus subcontratistas independientes cumplan con los mismos estándares legales, según lo acordado en sus contratos. La operación se realizó bajo los acuerdos de la ley 287(g), que permite a las agencias estatales ayudar en redadas de inmigración y detenciones, cumpliendo con las normas federales.