
La liberación de dos opositores en Bolivia avivó la polarización en relación a la crisis política de 2019. Los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que encabezaron las protestas sociales que derivaron en la renuncia de Evo Morales, fueron absueltos de la detención preventiva que cumplían desde hace tres y cuatro años, tiempo que supera el plazo establecido por ley.
El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia instruyó la revisión “inmediata” de procesos que involucraban a los opositores detenidos. En ese contexto, el martes 26 de agosto el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz resolvió modificar las medidas cautelares dentro del caso conocido como “Golpe de Estado I”, relacionado con los conflictos políticos y sociales de 2019.
Camacho, también gobernador suspendido de Santa Cruz, obtuvo detención domiciliaria en lugar de reclusión en prisión, con la posibilidad de trabajar y la obligación de presentarse ante la Fiscalía cada quince días. En tanto Pumari, ex líder cívico de Potosí, fue beneficiado con libertad plena. Ambos aún deben esperar la emisión de los mandamientos y el cumplimiento de trámites administrativos para hacer efectiva la salida de prisión, proceso que puede tomar hasta 72 horas.
La noticia de su liberación tuvo un fuerte impacto político y reabrió el debate en relación a la crisis política de 2019, que todavía divide al país entre quienes consideran que hubo un “golpe de Estado” y quienes sostienen que lo que ocurrió fue una rebelión ciudadana pacífica frente al “fraude electoral”.
Durante la audiencia de los opositores, hubo enfrentamientos en los tribunales de La Paz, entre personas que reclamaban libertad para los ex cívicos y colectivos de víctimas que exigían justicia por los fallecidos en las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el Gobierno de Jeanine Añez.
Aunque el caso por el que Camacho y Pumari fueron absueltos no guarda relación directa con estos hechos, el presidente Luis Arce emitió un mensaje en redes sociales en el que manifestó su “profunda preocupación” por la falta de justicia para las víctimas. “Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, escribió.
Para muchos en Bolivia, este fallo judicial es consecuencia del viraje electoral y como parte de una recomposición del sistema judicial en medio de la transición política que atraviesa el país.
El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra sostiene que la liberación de ambos opositores es la “materialización del derrumbe electoral y político del Movimiento Al Socialismo (MAS)” y que los fallos judiciales responden a los intereses del próximo gobierno. “Lo que ha terminado haciendo la Justicia es darle la espalda al MAS y liberar a tres iconos de la oposición”, explicó a Infobae y agregó que urge hacer una reforma de la Justicia “para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”.
Con esta mirada coincide el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien señaló en su cuenta de X que las soluciones a la falta de institucionalidad judicial “deben ser asumidas como una política de Estado, no de gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias”.
Si bien la liberación de Camacho y Pumari, y la anulación de un juicio ordinario contra Jeanine Añez; hacen parte del reacomodo de fuerzas tras las elecciones nacionales, Saavedra ve poco probable que puedan constituirse en actores políticos relevantes a nivel nacional en el corto plazo. “Camacho sí, pero primero tiene que retomar el poder en Santa Cruz (…) su principal tarea es reposicionarse localmente y a partir de ahí intentar ser un factor nacional”, sostuvo.