Nueva York – Vecinos en San Juan, Puerto Rico, confrontaron a agentes migratorios federales mientras realizaban un operativo en un espacio en el que trabajaban empleados de la construcción.
El incidente se reportó en la urbanización Baldrich en la zona de Hato Rey.
En el operativo, registrado el viernes, personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), colaboró con las agencias migratorias.
El intercambio fue captado en video por los propios residentes mientras cuestionaban el proceder de las oficiales federales.
Medios como Telemundo Puerto Rico fueron de los primeros que reseñaron el video de la intervención.
“Ustedes son unos puercos”, se le escucha decir a una mujer que increpa a los agentes.
Un hombre secunda con el comentario: “Traidores de verdad”.
“Ustedes son unos puercos. Boricuas que se prestan para esto son unos puercos todos”, repite el individuo en referencia a los agentes de origen puertorriqueño que participaban del operativo.
Mientras se ve a una agente con un chaleco que lee ‘Policía’ y con el rostro parcialmente cubierto, el puertorriqueño argumenta: “El está en ley. El te enseñó ahí eso, el pasaporte. Tú le enseñaste ahí el pasaporte”.
Seguidamente, la oficial se mueve a una residencia en donde otra agente con chaleco del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) parece estar en búsqueda de más migrantes.
“Ustedes prestándose para esas barbaridades”, cuestiona la mujer mientras le exige a la agente del FBI que dé la cara, ya que está de espalda.
“Sí, tú misma, da cara, da cara”, repite la fémina.
“Son unos insensibles”, continúa.
Otra mujer expresa: “(Los migrantes) son seres humanos como todos nosotros”.
Pocos segundos después, se ve a un oficial de la DEA (Administración de Control de Drogas) mientras se lleva esposado a un detenido.
“Mi hermano, estamos con ustedes”, manifiesta el hombre al tiempo que continúa llamando puercos a los oficiales del Gobierno federal.
El detenido, que por su acento aparenta ser dominicano, responde: “Son abusadores”.
El boricua le pregunta si necesita representación y le pide el nombre, a lo que el extranjero contesta: “Roberto Contreras”.
Cuando el agente de la DEA inspecciona a Contreras antes de meterlo a un vehículo, los testigos recalcan que “no va a tener nada” (en referencia a armas), porque estaba trabajando.
“Mira, tira cemento ahí, a ver si tú sabes hacerlo”, reta el denunciante al agente antinarcóticos.
“Los que están realmente desarrollando este país, los que aportan a este país, mira lo que ustedes están haciendo…”, prosigue.
Los presentes piden a los oficiales federales que busquen a los verdaderos criminales mientras cuestionan que el auto en el que ingresaron a Contreras no estaba identificado como uno oficial.
“Ustedes son bien puercos. Le vamos a coger las tablillas porque ya los tenemos velados”, amenazó el puertorriqueño.
No es la primera vez que boricuas protestan contra las intervenciones federales migratorias en la isla.
A principios de este mes, residentes en la zona de Ocean Park, también en San Juan, se agarraron de manos e hicieron una cadena humana para evitar que agentes migratorios ingresaran a un espacio de construcción en el que laboraban migrantes.
Según los reportes de medios locales, unos 20 agentes federales con chalecos verdes rodearon la residencia de tres pisos, mientras los trabajadores salían corriendo.
Al igual que en los estados, en Puerto Rico, por ser un territorio de Estados Unidos, las agencias federales han reforzado sus operativos y redadas migratorias a tono con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Espacios de construcción se han convertido en uno de los principales focos de las autoridades.
Por ejemplo, el 8 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lideró una redada en la que arrestaron a 53 obreros en el hotel La Concha, también en la capital puertorriqueña.
Las autoridades federales no contaban con órdenes judiciales al momento de la intervención.
Organizaciones en defensa de los migrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado ese tipo de movidas como arbitrarias y violatorias del debido proceso de ley consignado en la Constitución.
Un asunto de particular preocupación, al momento, en Puerto Rico es el suministro de datos por parte del gobierno local a las autoridades federales; en específico, asociadas con las licencias de conducir de indocumentados que tramita el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Esta semana, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. junto a otros 27 congresistas anunciaron el envío de una carta a la gobernadora Jenniffer González en la que afirman que las autoridades locales no están obligadas por ley a colaborar con las federales y le piden a la funcionaria que le haga frente a la implementación de las políticas de Trump en la isla.
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