
El 10 de septiembre de 2025, la ciudad de Dallas se convirtió en escenario de un violento crimen tras reportarse que Yordanis Cobos-Martínez presuntamente decapitó al gerente de un motel en el sector este de la metrópoli texana. El caso involucra a un ciudadano cubano de 37 años y ha provocado la intervención de autoridades federales de inmigración de Estados Unidos, quienes activaron un proceso de expulsión a raíz del incidente. La gravedad de los hechos ha llamado la atención sobre los mecanismos de control de antecedentes y políticas de deportación en el país, según informaron medios como Sky News y documentos de la Oficina de Detención y Deportaciones (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con información divulgada por la agencia Reuters citando fuentes institucionales, el incidente se produjo en el motel Downtown Suites, donde el acusado mantenía una relación laboral con la víctima, identificada como Chandra Mouli Nagamallaiah, ciudadano indio y gerente del establecimiento. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que la agresión escaló a partir de una disputa relacionada con el uso de una lavadora averiada, lo que culminó con el ataque mortal perpetrado por Cobos-Martínez utilizando un machete, hecho confirmado también por reportes de la Policía de Dallas.
Según documentó Houston Chronicle, la investigación reveló que Cobos-Martínez arrastraba antecedentes penales previos y estaba sujeto a una orden de deportación que no se concretó porque Cuba se negó a recibirlo tras consideraciones sobre sus crímenes pasados. Este contexto ha generado cuestionamientos sobre las políticas de detención y expulsión, además de subrayar el impacto de la cooperación internacional en materia de inmigración.
El informe policial, citado por Sky News, señala que la confrontación se originó cuando Nagamallaiah instruyó a Cobos-Martínez para que evitara el uso de una lavadora fuera de servicio. La comunicación se realizó mediante una traductora por las barreras idiomáticas. Esto provocó que Cobos-Martínez insistiera en que el gerente le hablara directamente, lo que derivó en una violenta discusión. Testigos aseguraron en sus declaraciones que después de la disputa, Cobos-Martínez recogió un machete y atacó a Nagamallaiah en el área de estacionamiento, ejecutando un acto de decapitación en presencia de la esposa e hijo de la víctima, según se consigna en la documentación oficial del DHS.
La policía de Dallas recibió múltiples llamadas de alerta por parte de los presentes en el motel y logró detener a Cobos-Martínez en las inmediaciones. Además se encontró evidencia grabada por cámaras de seguridad y testigos presenciales, información que fue incorporada a la causa penal.

La situación legal de Cobos-Martínez ha sido objeto de análisis por parte del ICE y medios especializados en temas migratorios. Antes del homicidio, Cobos-Martínez figuraba en bases de datos federales con cargos previos de abuso sexual infantil, robo de vehículos automotores y detención ilegal. Según datos del DHS, sobre él pesaba una orden de deportación en firme, vigente desde comienzos de 2025.
Una investigación de Houston Chronicle explicó que el proceso de retorno a Cuba fue frustrado porque las autoridades isleñas rechazaron la recepción del implicado, basándose en los delitos cometidos en territorio estadounidense. En consecuencia, el acusado permanecía bajo supervisión de las autoridades migratorias estadounidenses, sin que su expulsión pudiera concretarse. Esta condición fue confirmada por la ERO, que en su comunicado oficial indicó: “El individuo permaneció custodiado bajo alternativas de supervisión, en espera de los permisos y facilidades de repatriación que facilitara el país de origen“.
Tras los sucesos registrados el 10 de septiembre, la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas acusó formalmente a Cobos-Martínez de asesinato capital. El detenido permanece recluido en la cárcel de la localidad, sin derecho a fianza y a disposición de la Justicia estatal mientras avanza la investigación.
La ERO presentó una nueva orden de detención inmigratoria con el objetivo de facilitar la expulsión del ciudadano cubano una vez finalicen los procesos judiciales correspondientes. El comunicado de la agencia federal destacó: "La colaboración interinstitucional sigue siendo una prioridad para asegurar que personas con antecedentes peligrosos enfrenten las consecuencias legales apropiadas“.
Las autoridades no emitieron comentarios sobre los plazos estimados para la resolución del juicio ni definieron si Cobos-Martínez podrá ser expulsado inmediatamente después de que concluya el proceso penal. Tampoco está claro qué destino podrían darle las autoridades migratorias en caso de que Cuba continúe rechazando su repatriación. El periodista David R. Wethe, de Houston Chronicle, recalcó en su reporte: “La negativa de varios países a recibir de vuelta a ciudadanos con antecedentes penales complica los esfuerzos de Estados Unidos para implementar políticas de seguridad migratoria“.
El caso de Yordanis Cobos-Martínez ha reavivado el debate sobre los procedimientos de detención, supervisión y repatriación de migrantes con antecedentes graves, según Sky News. El DHS y el ICE insisten en que los protocolos se encuentran bajo revisión y recalcan la importancia de la cooperación internacional para que deportaciones de este tipo puedan llevarse a cabo con celeridad y seguridad.
El comunicado más reciente de la ERO enfatizó: "Proteger la seguridad de las comunidades sigue siendo el enfoque principal de la agencia“. Por su parte, los reportes de Houston Chronicle y la agencia Reuters señalaron que se estudian modificaciones normativas para agilizar la salida de personas que representen un riesgo comprobado.
La detención de Cobos-Martínez permanece bajo estricta supervisión de las autoridades en Dallas, a la espera de un juicio que podría derivar en la pena capital prevista para crímenes de esta naturaleza en el estado de Texas.

Según documentos judiciales obtenidos por Sky News, la esposa e hijo de Chandra Mouli Nagamallaiah presenciaron el ataque. Las autoridades locales activaron mecanismos de protección y asistencia especializada para los familiares directos, aunque no han divulgado mayores detalles por respeto a la privacidad de las víctimas.
Los servicios de apoyo psicológico y legal fueron puestos a disposición de la familia de Nagamallaiah, en cumplimiento de los protocolos estatales para casos de delitos violentos que involucren el fallecimiento de un jefe de hogar. De acuerdo con la agencia Reuters, “el equipo de atención especializada mantiene contacto con los familiares y evalúa la entrega de apoyos adicionales según el avance de las investigaciones”.
La evolución del caso dependerá del desarrollo del proceso judicial, la disposición de Cuba a reconsiderar la recepción del acusado y las posibles reformas a los procedimientos migratorios de Estados Unidos en su conjunto. El desenlace podría impactar los lineamientos de cooperación internacional en temas de extradición y la operatividad de los acuerdos bilaterales en materia migratoria.