Caucus Hispano del Congreso rechaza decisión del Supremo que facilita arrestos migratorios con base en perfil racial e idioma

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NUEVA YORK – Con una referencia directa al “inequívoco” mensaje de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) rechazaron la decisión de la mayoría en ese foro que le permite a las autoridades migratorias federales proceder contra personas con base en el perfil racial.

Por medio de una carta pública este martes a los estadounidenses, los miembros del grupo que incluye a 43 demócratas de origen hispano se expresaron opuestos al fallo de la Corte Suprema del pasado 8 de septiembre.

La decisión de seis jueces conservadores, 6 – 3, respalda la postura de la Administración Trump y dejó temporalmente sin efecto una orden de la jueza de California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong.

Mensah Frimpong había impuesto límites al proceder de los agentes que realizan arrestos por entender que el gobierno federal pudo haber violado la Cuarta Enmienda de la Constitución.

El alto foro accedió a la solicitud del Departamento de Justicia para suspender temporalmente la orden de la jueza que le prohibía a los agentes detener a personas sin sospecha razonable.

La Corte Suprema dictaminó que los agentes federales pueden proceder con redadas en el sur de California con base en la raza, idioma, trabajo o ubicación del objetivo.

Sotomayor, de origen puertorriqueño, junto a las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra.

En la disensión, a la que se unieron las otras dos juezas, Sotomayor manifestó: “No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”.

La jueza añadió: “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”.

Durante la conferencia de prensa del CHC en la que se anunció la carta, los legisladores defendieron la postura de Sotomayor.

“Estamos de su lado, apoyamos lo que dijo, y estamos de acuerdo con ella. Así que estamos aquí para decirle a la gente que, aunque estos son tiempos difíciles, a pesar de que estos son tiempos peligrosos, nosotros vamos a seguir presionando como comunidad, vamos a seguir representando a nuestros constituyentes de la manera correcta, educándolos, y diciéndole qué hacer o no hacer dada esta decisión. Nosotros vamos a seguir moviéndonos hacia adelante como latinos en EE.UU.”, dijo el presidente del Caucus, Adriano Espaillat.

El representante de Nueva York y primer dominicano en el Congreso federal calificó la decisión como una puesta en peligro imprudente no solo a latinos, sino a quienes se ajustan al perfilamiento de los agentes de ICE que los identifican como indeseables.

“Estamos aquí para disentir públicamente, porque aplica a todos nosotros, como puede aplicar a ustedes. Con esta decisión o futuras decisiones pueden aplicar más ampliamente a estadounidenses”, insistió el congresista.

“Nosotros sentimos que esta decisión tiene un impacto actual y representa un claro daño a personas como nosotros, pero también establece una ruta para futuras decisiones que pueden poner en peligro a una cantidad más amplia de estadounidenses”, continuó Espaillat rodeado de otros siete miembros del organismo.

“Personas que lucen como nosotros, que tienen un acento como nosotros, que tienen un apellido como el de nosotros, pero en el futuro puede ser alguien más. Estamos aquí para decir que disentimos”, afirmó.

La carta que firmaron 26 miembros del Caucus cataloga como un “giro peligroso” el del máximo tribunal.

“Con una sola decisión, la Corte Suprema ha invitado a un regreso a tiempos oscuros que juramos no volver a vivir: tiempos en los que el color de la piel, el idioma que se habla o el trabajo que se realiza determinaban si el gobierno podía perseguirlos. Esto nos recuerda a la Corte Suprema en sus peores momentos: los Casos Insulares, Dred Scott, Plessy vs. Ferguson”, lee la misiva.

Los demócratas argumentan en el documento que la Corte se ha apartado del principio constitucional, “permitiendo una ciudadanía de segunda clase que convierte la raza, la clase trabajadora y la etnia en barreras para la igualdad de justicia”.

Los legisladores afirman que, como Sotomayor, disienten del fallo porque la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables por parte del Gobierno y establece el concepto de “causa probable”, aplica a todos.

“No es condicional. No controla el acento. Promete que nadie será detenido sin causa. Esa promesa está ahora en riesgo y amenaza la promesa constitucional brindada a nuestras familias, amigos y vecinos”, señalan.

De acuerdo con los suscribientes, la decisión, no solo se trata de inmigración, sino de poder.

“Se trata de poder: un poder sin control ni rendición de cuentas. Y cuando el poder del Gobierno crece sin límites, las libertades de nadie están a salvo”, apuntan.

“Disentimos porque la historia nos enseña el precio del silencio. Hemos visto lo que sucede cuando el miedo justifica la discriminación, cuando los derechos se reparten selectivamente. Esos fueron los capítulos más oscuros de nuestra nación, y no deben repetirse”, exponen.