
Horas después de presentarse en una cita en Connecticut vinculada a su proceso para la obtención de una green card, un ciudadano afgano que colaboró como intérprete con el Ejército de Estados Unidos en Afganistán vivió una experiencia abrupta: agentes migratorios armados lo detuvieron, transportándolo en un vehículo fuera del estado.
Identificado por miembros del Congreso y su abogado únicamente como Zia por motivos de seguridad para él y su familia, el hombre llegó a territorio estadounidense tras recibir la aprobación del “parole humanitario” en 2024, una figura legal reservada en circunstancias urgentes y bajo amenaza directa, debido al riesgo proveniente de los actuales gobernantes talibanes en Afganistán.
Lauren Petersen, abogada de Zia, afirmó que su defendido se encuentra legalmente en el país y nunca tuvo antecedentes penales. Petersen afirmó, al ser consultada sobre la referencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a una “acusación criminal grave”, que no entendía a qué se referían.
El arresto de Zia se produjo mientras impulsaba su trámite de “green card” bajo un programa diseñado para ofrecer protección a quienes colaboraron con fuerzas estadounidenses durante la guerra en Afganistán según revelaron defensores de derechos humanos, abogados y miembros del Congreso a NBC News.
Richard Blumenthal, senador demócrata de Connecticut, explicó a los periodistas que lo que ocurrió “es el peor tipo de abominable violación de la decencia básica”.
El mismo senador añadió: “Él trabajó y arriesgó su vida en Afganistán para defender los valores y derechos que son fundamentales para la democracia”. Tanto Blumenthal como las representantes demócratas Jahana Hayes—quien representa el distrito de Zia en Connecticut—y Bill Keating, electo por la ciudad de Massachusetts donde se encuentra ahora Zia bajo custodia, se han comprometido públicamente a luchar por la liberación del intérprete afgano.
A raíz de su detención, un juez estadounidense dictó una orden temporaria que impide la expulsión de Zia del país, aunque eso no ha significado su liberación, por lo que el afgano continúa privado de libertad y bajo investigación migratoria.
Funcionarios del DHS revelaron a NBC News que el ciudadano afgano ingresó a EEUU el 8 de octubre de 2024 y que actualmente está siendo investigado por una “acusación criminal grave”.
El texto indicó: “Todas sus denuncias serán examinadas por un juez. Cualquier afgano que tema persecución puede solicitar una exención”. No obstante, el DHS no aportó información más concreta sobre las alegaciones específicas contra Zia.
El caso de Zia no resulta aislado. En diálogo con reporteros y parlamentarios, Shawn VanDiver, fundador de “#AfghanEvac”, la principal coalición de veteranos y organizaciones de defensa que ha coordinado la reubicación de afganos junto al gobierno de EEUU, reveló que existen al menos dos casos adicionales de ciudadanos de este país arrestados tras haber sido admitidos por su trabajo con las fuerzas estadounidenses.
VanDiver anunció que tanto su organización como agrupaciones de veteranos continúan trabajando activamente para liberar a estas personas. “Se trata de si este país cumple su palabra con quienes lo arriesgan todo”, argumentó.
La política de “parole humanitario” mencionada por la abogada Petersen permite que personas extranjeras permanezcan en el país y accedan al derecho a trabajar cuando existen razones humanitarias urgentes o beneficios públicos de peso. Dicha protección representa, para quienes colaboraron estrechamente con EEUU en zonas de guerra, una posibilidad de iniciar una nueva vida tras enfrentar riesgos directos en sus naciones de origen.
Más de 70.000 afganos entraron a EEUU bajo el programa “Operación Aliados Bienvenidos”, impulsada por el expresidente Joe Biden luego de que los talibanes tomaran el poder en 2021, según cifras del DHS, citadas por el medio estadounidense.