Colombia: Crimen de Estado contra Uribe Turbay e intento de condena a expresidente muestran rumbo político

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Tras la muerte de Uribe Turbay, el pasado 11 de agosto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su “conmoción y tristeza” y exhortó a que las elecciones de marzo de 2026 se desarrollen “en un clima libre de violencia, que permita una participación segura e inclusiva”.

En julio, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Masseiu, alertó sobre los riesgos de retroceso en los esfuerzos por erradicar la violencia de la política, uno de los objetivos principales del Acuerdo de Paz.

“En Colombia conviven distintas visiones sobre cómo alcanzar la paz, pero puedo dar fe de que todos los colombianos aspiran a consolidarla. Es lo que he observado durante los últimos seis años y estoy seguro de que seguirá siendo un tema central en la agenda pública”, puntualizó Ruiz Massieu, en la que fue su última presentación ante el Consejo de Seguridad antes de iniciar misión en Haití.

El periodista y activista colombiano David Ghitis señala, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, que organismos como Indepaz registran las masacres de los líderes sociales asesinados dentro de un escenario que tiende a agravarse.

Esta ONG reportó que el senador Miguel Uribe Turbay fue el dirigente político número 97 asesinado en Colombia en lo que va de 2025.

“La situación de hoy en día con el presidente Gustavo Petro, próximo a terminar su período, porque le queda poco menos de un año, va de la mano con una visceralidad. Tiene afán de ver cómo se queda y eso ha recrudecido la violencia en Colombia”, indica.

Ghitis, quien se exilió en Estados Unidos en 2022 por la persecución de Petro cuando era candidato presidencial, sostiene que el mandatario hizo más de 40 publicaciones contra Miguel Uribe Turbay en la red social X. Eso sin contar las veces en que mediante un micrófono se refirió al senador asesinado.

“Hay que tener claro que a Miguel Uribe no lo matan por robarle un reloj o por alguna deuda no pagada. Eso es claro. Lo matan porque era una persona que tenía muchas posibilidades de ser el candidato de la derecha. Fue un crimen de Estado”, subraya.

“Con todo el veneno que lanzó Gustavo Petro y el debilitamiento de los sistemas de seguridad ha puesto a pensar a los demás sobre cómo salen a hacer política a la plaza pública. Solamente lo hará alguien que sea amigo del gobierno y sepa que no va a tener problemas de seguridad. Esa es una forma de anular a la oposición y de impedirle el derecho de hablar con la gente. Es peligroso y bastante preocupante”, subraya Ghitis.

El periodista añade que al congresista Julio César Triana, quien sufrió un atentado el 14 de agosto y su carro blindado contuvo las balas, es un dirigente que en algunos territorios muy peligrosos se ha puesto a luchar contra el reclutamiento de menores por parte de los grupos alzados en armas.

“Esto es sinónimo de ponerse de enemigos de estos grupos con los cuales Gustavo Petro ha sido muy laxo. Desde que llegó al poder, con su proyecto de paz total, Petro lo que ha hecho es dejar de perseguirlos y por eso las hectáreas de coca se han aumentado a niveles que nunca se ha visto porque no se está persiguiendo el narcotráfico y con el dinero proveniente de este delito se alimenta a esos grupos irregulares, esos terroristas, tanto del ELN como de las FARC, que hoy se llaman disidencias, pero con los mismos integrantes”, enfatiza David Ghitis.

Las afirmaciones de Petro

"Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas”, dijo Petro el 18 de agosto durante un enfrentamiento verbal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el congresista Julio César Triana señaló al mandatario: “Presidente, Petro. Definir la motivación de los hechos de violencia, como el vil atentado que cobró la vida de Miguel Uribe o como el que sufrí en el pasado en el Huila, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. No es función del Presidente de la República atribuir causas ni minimizar la gravedad de estos hechos”.

Triana, en discurso ante el Congreso el 19 de agosto, indicó que “la democracia no se impone a punta de violencia ni se intimida con amenazas. Quien cree que puede reemplazar el debate por las balas, pretende arrebatarle a Colombia el derecho más sagrado: decidir su futuro en libertad”. Puntualizó también que las elecciones de 2026 están “bajo amenaza”.

“No solo se trata de la vida de los candidatos, sino del derecho de cada ciudadano a salir a votar sin miedo”, sostuvo el parlamentario.

Para David Ghitis, Petro buscar desviar la atención porque ningún mandatario quiere pasar a la historia como el jefe de la gestión en la que se recrudeció la violencia política en el país.

En un reciente análisis de Latinoamérica 21 se señaló que Colombia es una de las naciones más conflictivas de la región, “con un pasado de guerrillas y enfrentamientos armados que siguen anclados con diferentes formas en el presente”.

En ese sentido, destacaron que la violencia estructural va, desde lo simbólico, “en el tono amenazante del discurso presidencial y el debate público, extendiéndose a los ataques furtivos de los grupos armados en distintos puntos de la extensa geografía colombiana”.

Violencia y control territorial

Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario, destaca al DIARIO LAS AMÉRICAS que la violencia sobre dirigentes tiene consecuencias políticas. Señala dentro de los recientes episodios de violencia, el caso de la esposa del gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, a quienes unos actores le quemaron la finca el 12 de agosto.

Explica que se observa un incremento de la violencia política en personas que tienen capacidad de movilización en áreas rurales o donde hay presencia de actores armados.

“Lo que nos espera de aquí al primer evento electoral de 2026 es el aumento de la polarización discursiva, sobre todo porque el votante medio está desapareciendo y la ciudadanía se está moviendo hacia a los extremos”, asevera.

A juicio del profesor, esa polarización discursiva puede conducir a conatos de violencia urbana entre ciudadanos y entre campañas políticas: “Violencia física y violencia comunicativa, redes y eso va a llevar a un tema de proliferación de Fake News con IA, con mentiras, con fenómenos de noticias falsas, con desinformación, con mala información”.

Lo más preocupante de esta ecuación, explica el investigador de la Universidad del Rosario, es que los grupos armados organizados “están en un proceso de reacomodamiento territorial y reacomodamiento de los mandos militares armados”. En ese sentido, “van a empezar a competir por el territorio y eso va a llevar a incidir en procesos de política violencia”.

Gerrmán Sahid añade: “Los grupos armados organizados, con la ventaja criminal que les ha dado la política de paz total de Petro, tienen mayor capacidad armada, mayor capacidad de control ilegal del territorio y eso lleva a que compitan entre ellos o a que, inclusive, empiecen a hacer actos violentos contra potenciales candidatos”.

Apunta que el gobierno de Petro ha perdido control territorial y la responsabilidad institucional de que las elecciones salgan más o menos estables “va a recaer en los alcaldes y en los gobernadores; en los gobiernos regionales que están muy comprometidos, han mejorado bastante la seguridad o invertido en los esquemas de seguridad para tratar de brindar lo máximo posible unas elecciones más o menos pacíficas”.

Uribe Vélez

Dentro del contexto político colombiano, el 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, mientras se define la segunda instancia del dictamen condenatorio en su contra.

Con este fallo, queda sin efecto la prisión domiciliaria del exmandatario. La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Araque, consideró al también exsenador culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de cárcel.

En el dictamen de 38 páginas, la Sala de Decisión Penal amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario y le ordenó a la juez Heredia Araque expedir la boleta de libertad.

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", señaló Uribe Vélez tras conocer el fallo que generó cuestionamientos dentro del oficialismo colombiano.

@snederr

FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, W Radio, AFP, Latinoamérica 21

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