Colombia y Ecuador entran oficialmente en guerra comercial con la seguridad como telón de fondo: ¿qué está en juego realmente?

Ante la ausencia de diálogo y como resultado de posiciones intransigentes, este domingo entraron en vigor los nuevos aranceles comerciales que Ecuador y Colombia se impusieron mutuamente, desatando una guerra comercial que tiene en vilo a los sectores productivos de ambos países y mantiene en inquietud a la región.

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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición, desde este 1.° de febrero, del 30 por ciento de aranceles a los productos importados de Colombia, a excepción de la energía eléctrica y la logística de hidrocarburos, calificándolo como una “tasa de seguridad” y reclamándole al gobierno colombiano por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa, al advertir que “la medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia.

La respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue inmediata. Anunció que, recíprocamente, desde este 1.° de febrero aplicará un gravamen del 30 por ciento a un grupo de al menos 20 productos procedentes de Ecuador y suspendió la exportación de energía eléctrica a este país, que fluctúa entre 240 y 320 megavatios/hora.

Tema no menor para Ecuador que, dependiente de su generación hidroeléctrica, vive bajo el espanto de los apagones que en 2024 provocaron racionamientos de hasta 14 horas diarias.

La viceministra colombiana de Energía, Karen Schutt, puntualizó que recurrir a la energía térmica para sustituir la dotación colombiana le costará a Ecuador dos millones de dólares diarios.

Por su parte, la ministra colombiana de Comercio, Marcela Morales, insistió en que los aranceles “son transitorios y revisables” tras la búsqueda de una solución diplomática negociada.

Pero Ecuador no tardó en responder con una nueva medida: el incremento, de 3 a 30,77 dólares (900 por ciento), de la tarifa por barril para el transporte de crudo extranjero por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), por el cual Ecopetrol mueve alrededor de 12.000 barriles diarios.

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De ahí la insistencia de los gremios productivos binacionales por diálogos, acuerdos y resoluciones inmediatas a un conflicto que “tiene tintes ideológicos y políticos más que económicos”, según María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Ecuador.

“Es inadmisible que se castigue con el comercio, que se asfixie a las poblaciones de ambos países por disputas que, si bien pueden ser muy legítimas, son de orden político o ideológico”, dijo a EL TIEMPO.

La dirigente gremial ha advertido sobre las graves consecuencias económicas que las medidas tendrían para este país, que importa medicamentos, cosméticos, plásticos e insumos hospitalarios e industriales, entre otros.

El desabastecimiento, la caída en la competitividad y hasta una pérdida de 200.000 plazas de trabajo estarían en riesgo en Ecuador, según describe Jervis, al detallar también la afectación para los exportadores del país, principalmente de enlatados de atún y aceites vegetales, cuando Colombia es el segundo destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador.

“Asfixiando económicamente a las poblaciones no se consigue modificar la toma de decisiones ni incidir en los tomadores de decisión. Consideramos que la herramienta definitivamente es la equivocada y nos preocupa mucho que este gobierno o cualquier otro recurra a decisiones de orden comercial para conducir la política. Ese no es el camino”, resaltó.

Las peligrosas cifras de inseguridad en Ecuador: el origen detrás de la medida de Daniel Noboa contra Colombia

Noboa ha logrado un crecimiento económico del 3,8 por ciento en 2025; el retorno de Ecuador al mercado de capitales con la emisión de 4.000 millones de dólares en bonos para la recompra de un tramo de la deuda externa y reducir el índice de riesgo país a 413 puntos, el nivel más bajo en la última década.

Pese a los indicadores de estabilidad económica, el gobierno tiene temas pendientes, como superar el déficit fiscal de más de 5.400 millones de dólares, buscar recursos para pagar 12.700 millones de dólares en servicio de deuda pública, mejorar los índices de empleo y atender acuciantes problemas sociales, principalmente en salud.

Pero, sin duda, el talón de Aquiles para la gobernabilidad del joven presidente es la lucha contra la inseguridad, la narcoviolencia y el narcotráfico. En 2025, Ecuador alcanzó cifras críticas con 9.216 homicidios, una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y este 2026 ya se perfila con índices similares tendientes al incremento.

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El accionar del crimen organizado ha tendido sus tentáculos en todo el territorio y ha logrado contaminar sectores privados e instituciones públicas del país.

En algo más de dos años en el poder, Noboa ha declarado múltiples “estados de excepción” para varias provincias del territorio ecuatoriano.

En enero de 2024 declaró un “conflicto armado interno” y tres meses más tarde incrementó del 12 al 15 por ciento el IVA para afrontar el gasto en seguridad. Ha movilizado militares a las calles y hasta trajo al controversial asesor en seguridad, Eric Prince, para comandar la lucha contra los carteles de la narcoviolencia. Finalmente, el pasado 16 de enero ordenó la movilización de 10.000 militares a los sectores críticos del país.

El columnista del portal Primicias, José Orellana Giler, considera que Ecuador dejó de ser la “isla de paz” para convertirse en el nodo logístico del excedente colombiano. “No somos un país de tránsito; somos la aduana forzosa de una metástasis que no admite eufemismos”, afirmó.

El analista y asesor empresarial enfatiza que la producción potencial de cocaína en Colombia ha pasado de 350 toneladas en 2010 a un récord proyectado de 3.708 toneladas en 2025. Este excedente no se consume en la región; se “empuja” hacia los puertos ecuatorianos (Guayaquil y Posorja), lo que ha disparado la tasa de homicidios en el Oriente (Sucumbíos y Orellana) debido al control de las rutas de ingreso.

Orellana también recordó que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo de la inseguridad en Ecuador ha alcanzado el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 19.700 millones de dólares anuales. Esto incluye gastos en seguridad privada, pérdida de capital humano, extorsiones (“vacunas”) y la contracción de la inversión extranjera directa.

Por su parte, la firma Click Report refiere que el 60 por ciento de los ecuatorianos vive en un ambiente de angustia y preocupación. El 68,2 por ciento se siente inseguro y el 63 por ciento califica como “malas” y “muy malas” las acciones del gobierno para combatir la inseguridad.

¿Es realmente Colombia responsable de lo que ocurre en Ecuador?

El catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Wilson Goyes, concuerda con Noboa en que la contaminación viene de la frontera norte (Colombia), convertida en un área liberada, sin fuerte presencia militar colombiana.

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“Colombia lidera mundialmente la siembra y producción de cocaína, con 250.000 hectáreas cultivadas en 2024, según la ONU, un 10 por ciento más que en 2023. Sus carteles han establecido satélites en Ecuador, captando líderes en territorio ecuatoriano mientras mantienen sedes operativas en Colombia”, señala el analista, quien además considera que el presidente Petro ha tenido una postura menos firme contra el narcotráfico, lo que incluso ocasionó que Estados Unidos le retirara la certificación de país aliado en la lucha contra las drogas, especialmente por fallos en el control.

“Noboa tiene razón: el abandono fronterizo colombiano facilitó alianzas con bandas locales como los Choneros y los Lobos, inundando a Ecuador con drogas y violencia”, afirma el analista.

“Las evidencias son claras: Colombia permitió el crecimiento de la siembra (+20 por ciento anual), la producción (3.200 toneladas métricas en 2025) y el tránsito de droga, afectando directamente a Ecuador, con exportaciones del 70 por ciento de su cocaína vía puertos ecuatorianos. Estadísticas de la OEA confirman que, sin mayor control bilateral, la violencia persiste”, señaló el académico.

Con otra mirada, la analista política Estefanía Concha considera que Ecuador vive una de sus peores crisis en materia de seguridad y que “es inadmisible que se quiera añadir también una problemática de índole comercial” que, a su criterio, busca mostrar una “línea dura” en política exterior, en un claro alineamiento con la forma en que lo aborda Estados Unidos.

“Entrar en una supuesta guerra comercial con quien ha sido nuestro aliado en diferentes temas, entre ellos el energético, no es solo una decisión irresponsable por parte de Ecuador, sino casi fatal”, sentenció.

Maggy Ayala Samaniego – Corresponsal de EL TIEMPO – Quito