Una fortuita discusión por un florero prestado, aquel 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, fue la chispa que se necesitó para encender la mecha de un proceso independentista que llevaba años gestándose en silencio, dando como resultado la instalación de una Junta de Gobierno autónomo de la corona española, aunque con el nombre de Fernando VII.
A partir de ese día, Colombia entró en un período de inestabilidad, conocido como Patria Boba, en el que las pugnas internas entre federalistas y centralistas permitió que España reconquistara el territorio mediante la violencia en 1816, hasta que, tres años después, Simón Bolívar revivió la esperanza con su ejército libertador, integrado por criollos, llaveros y voluntarios extranjeros, sellando la independencia con la victoria en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819.
“El 20 de julio marcó el inicio de nuestra vida republicana, pero también el inicio de una larga historia de sacrificios por defender la libertad”, sostiene la periodista y analista política colombiana, Sofy Casas, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Más de dos siglos después, los colombianos continúan conmemorando esta fecha histórica, que marcó un punto de inflexión, con actos oficiales, discursos y grandes desfiles, cuando en el fondo siguen enfrentando enemigos internos, como la corrupción, la politiquería, el desprecio por la ley y la impunidad, de acuerdo con la analista. “Esa es la verdadera amenaza contra nuestra soberanía”, señala.
“El 20 de julio representa el valor de hombres y mujeres que se jugaron la vida por un país libre del yugo español. Hoy, la libertad que ellos soñaron debe defenderse frente a nuevas formas de opresión: el populismo, el debilitamiento institucional y el abandono de los principios que dieron origen a la República. No basta con recordar la historia. hay que honrarla. Y eso implica carácter, memoria y compromiso con Colombia”, sostiene, al resaltar que “la independencia, cuando no se defiende, se pierde”.
¿Verdaderamente libre?
A 215 años de ese primer grito de independencia, para la analista la gran pregunta que deben hacerse los colombianos es: si son hoy una nación verdaderamente libre, pues considera que Colombia “no está celebrando la libertad”.
A su juicio, el país cafetero “está resistiendo” actualmente un “intenso de sometimiento ideológico y político desde el poder”, con Petro pretendiendo replicar el modelo socialista cubano, que implementó Hugo Chávez en Venezuela en desde 1999, en Colombia. “Lo que vivimos no es una administración en crisis, es un proyecto autoritario en marcha, disfrazado de ‘cambio' pero sostenido en mentiras, corrupción y manipulación”, asevera.
Sostiene, además, que el exguerrillero, quien se convirtió en el primer presidente izquierdista en la historia colombiana, “ha traicionado cada promesa” hecha a los electores que votaron por él en las elecciones de 2022. “Llegó con el discurso de justicia social y terminó convertido en una maquinaria de favores, contratos amañados, persecuciones contra la oposición y pactos vergonzosos con criminales”, indica.
“Mientras los ciudadanos cargan con el desempleo, la inflación y la inseguridad, los escándalos del Ejecutivo crecen como plaga: pasaportes, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Ecopetrol, chuzadas, clientelismo y un gabinete que se desmorona entre peleas internas y renuncias en serie”, continúa.
La última de las renuncias que sufrió el gobierno colombiano fue la de la canciller Laura Sarabia por diferencias con Petro, quien sufrió una gran fractura en su gabinete a inicio de febrero, cuando celebró un inédito Consejo de Ministro -en el la recién nombrada canciller pasó a ser, junto a Armando Benedetti, manzana de la discordia- culminó con una reestructuración ministerial tras la renuncia de varios ministros.
Casas estima que el fracaso del gobierno de Petro “no se trata de errores de gestión, se trata de una visión de país que desprecia las instituciones, que divide y que quiere reescribir la historia para perpetuarse” en el poder. “Y lo peor, lo hacen en nombre del pueblo, mientras lo empobrecen, lo engañan y lo usan como escudo”, apunta.
“Hoy, hablar de independencia es casi un acto de resistencia porque mientras el Gobierno se obsesiona con imponer su relato, los colombianos de bien seguimos pagando el precio de un experimento fallido que amenaza con llevarse por delante lo poco que aún nos queda en pie: la democracia”, precisa.
Amenaza de autoritarismo
A diferencia de otros países de la región, Colombia se ha caracterizado por contar con un sistema político y democrático bastante fuerte, que ha impedido la consolidación de dictaduras prolongadas. El país andino sólo ha vivido un golpe de Estado exitoso, el de Gustavo Rojas Pinilla, quien terminó imponiendo una dictadura entre 1953 y 1957.
Desde hace 68 años, Colombia, que sigue presentando problemas estructurales a causa de la desigualdad, el narcotráfico, la violencia rural y el desplazamiento forzado, no temía a la posibilidad real de una dictadura hasta que Petro se instaló en la Casa de Nariño, con intenciones de imponer una constituyente para forjar su reelección.
“Petro representa la amenaza más seria de autoritarismo en Colombia desde Rojas Pinilla. Todo está basado en un libreto que ya fue aplicado en Cuba y se lo heredaron a Venezuela: debilitamiento institucional, ataque a la prensa, desprestigio del Congreso, manipulación del discurso popular y alianzas con sectores oscuros que minan la legalidad desde adentro”, expresa la analista.
Esto, en su opinión, hace que hoy esa “excepción” que ha representado Colombia en la región en cuanto a su robusto sistema democrático se encuentre en riesgo. “El populismo comunismo disfrazado de ‘proyecto de transformación’ está erosionando poco a poco los contrapesos que sostienen la democracia. Petro no necesita declararse dictador, le basta con destruir la confianza en la justicia, controlar la narrativa y dividir al país”, resalta.
Ante este escenario, Casas considera que el principal desafío para los colombianos no es solo sobrevivir a una mala gestión gubernamental, sino “evitar que el país termine secuestrado por un proyecto autoritario y profundamente corrupto”.
En su avance antidemocrático, Petro revivió hace un mes el fantasma de la constituyente para, según dice, aprobar las reformas socialistas que insiste en aplicar en Colombia, como hicieron sus aliados de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pese al rechazo del Congreso.
“Lo que está en juego no es una elección ni una reforma: es la democracia misma (...) Colombia enfrenta un gobierno que quiere reconfigurar el Estado a su medida. La ofensiva contra la institucionalidad es evidente, ataques sistemáticos a la prensa libre, desprestigio a la justicia cuando no le obedece, uso de organismos de control como herramientas de venganza política y una peligrosa narrativa que divide al país entre 'el pueblo’ y sus ‘enemigos’”, alerta.
En este escenario, el país revivió el miedo de la violencia política de los años 80 y 90, que cobraron la vida de al menos tres candidatos presidenciales, con el atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. “Los colombianos deben resistir la tentación del cinismo y la resignación. Hoy el gran desafío es no normalizar el caos, la mentira y la incompetencia. Es exigir respuestas, pedir cuentas, no permitir que el país se siga hundiendo entre escándalos mientras los criminales se fortalecen y la economía se deteriora”, sostiene.
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