Con un dron, autoridades detectaron contrabando multimillonario cerca de paso fronterizo legal entre Bolivia y Argentina

Una intervención desde el aire permitió descubrir una operación de contrabando de grandes dimensiones, ocurrida en una finca ubicada cerca del paso fronterizo entre Bolivia y Argentina, específicamente en la localidad de Aguas Blancas.  

Días antes de los allanamientos, un dron sobrevoló la finca “Karina” y registró imágenes que revelaban el alcance de las actividades ilegales.

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La finca, situada a tan solo dos kilómetros de la frontera, mostraba una playa sobre el río Bermejo repleta de vehículos y gomones cruzando desde Bolivia, cargados con mercadería de todo tipo.

Las cámaras terrestres no habían sido capaces de captar este movimiento, pero el dron proporcionó una visión clara de la operación que hasta entonces se mantenía oculta. Esta propiedad resultó ser el epicentro de una red de contrabando organizada con ganancias millonarias.

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La desarticulación de la red y las imputaciones

La investigación sobre el contrabando fue iniciada el 26 de mayo y culminó en la desarticulación de la red criminal, que fue desmantelada por la Justicia Federal. El fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, formalizó una causa penal contra once personas, entre ellas una funcionaria policial, por delitos de asociación ilícita y contrabando de importación agravado. Este hecho fue producto de una investigación minuciosa que permitió determinar que la actividad ilícita implicaba a varios miembros de una misma familia y a otras personas vinculadas a la zona.

El caso fue tramitado ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien autorizó medidas probatorias como el peritaje de teléfonos celulares y dictó la prisión preventiva para todos los imputados. Además, ordenó el cierre de la finca y dispuso la colocación de una consigna permanente de Gendarmería Nacional en el lugar para evitar nuevas actividades ilegales. 

Los imputados incluyen a José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. De ellos, María Laura Tintilay fue acusada con agravantes por su condición de policía provincial, desempeñando funciones en la Subcomisaría 9 de Julio, en Orán.

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La investigación: desde el dron hasta la evidencia

El fiscal Romero destacó que la investigación comenzó de oficio, cuando se recibió información sobre actividades ilícitas en la finca “Karina”, ubicada a la vera de la ruta nacional 50. La propiedad, que consta de dos matrículas catastrales, conecta con la margen argentina del río Bermejo, donde se había acondicionado una playa para el cruce de vehículos y mercadería desde Bolivia. 

A través de investigaciones, se determinó que uno de los domicilios estaba a nombre de Gladis Salazar, quien lo adquirió en febrero por una suma considerable de $20.000.000 (aproximadamente 2.738'000.000 COP), cifra que no se ajustaba a su perfil patrimonial. Por otro lado, el segundo terreno, que también estaba conectado a la playa del río, pertenecía a Blanca Cortez, quien había fallecido, y el caso estaba en proceso de sucesión.

Los principales responsables fueron identificados como Alfredo Salazar, hermano de Gladis, quien operaba el envío de mercancías ilegales desde Bolivia. La finca de Gladis Salazar fue registrada como propiedad en una transacción que resultó sospechosa por su monto. La detención de Alfredo Salazar, sin embargo, no pudo concretarse, y aún quedan pendientes otras capturas.

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Un circuito de contrabando altamente lucrativo

El fiscal calculó que diariamente ingresaban alrededor de 300 vehículos al predio, cada uno transportando un promedio de diez bultos de mercadería. La red de contrabando, que operaba con un sistema de cobros en puntos clave, generaba una recaudación aproximada de $3.720.000 (aproximadamente 509 millones COP) diarios, con excepción de los domingos. En total, se estimó que el contrabando en la finca generaba un movimiento económico anual de aproximadamente $2.975.392.851,56 (alrededor de más de 406 mil millones COP), lo que representa cerca de $229.000.000 (cerca de 31.295 millones COP) mensuales. 

La actividad era tan lucrativa que se instalaron dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, donde se pedían $2000 (aproximadamente 272.000 COP) por vehículo, y otro en la playa del río, donde se cobraban $1000 (aproximadamente 136.000 COP) por cada bulto de mercadería.

El circuito también incluía seis puestos de comida operados por los imputados, quienes debían pagar $20.000 (aproximadamente 2.720.000 COP) diarios para poder operar. Este tipo de organización demostraba la magnitud y la estructura organizada de la operación ilegal.

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La intervención judicial y las consecuencias

El fiscal Romero solicitó la autorización para allanar la finca y otras dos viviendas en Orán, basándose en las pruebas recolectadas, como el video grabado por el dron, que mostraba claramente el recorrido de la finca y la cantidad de vehículos estacionados en la playa del río. Con estas evidencias, el operativo fue finalmente llevado a cabo el 4 de agosto, con una comisión mixta conformada por 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, DGA y ARCA.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron a la imputada María Laura Tintilay en uno de los puntos de cobro, quien, al ser detenida, reconoció su condición de policía provincial. Esto añadió un agravante a su imputación. El fiscal también destacó el hecho de que algunos de los imputados, como Rivero y Salazar, se deshicieron de sus teléfonos celulares, lo que indica un intento de obstruir la justicia.

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La prisión preventiva y el futuro de la investigación

El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, argumentando riesgo de fuga y el peligro de entorpecer el curso de la investigación. Las defensas de los imputados no objetaron las imputaciones, pero cuestionaron la medida de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Hernández resolvió mantener la prisión preventiva de los once imputados y ordenó el cierre definitivo de la finca.

La causa sigue abierta y las autoridades siguen recolectando pruebas. Se espera que la investigación continúe revelando más detalles sobre la estructura del contrabando en la zona de Aguas Blancas. 

Las autoridades consideran que este caso no es aislado, sino parte de una red más amplia con conexiones tanto locales como internacionales, lo que podría dar lugar a nuevas imputaciones y una eventual intensificación de los controles en la región, donde el contrabando se ha convertido en una práctica tolerada por varios sectores.

La Nación (Argentina) / GDA

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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.