Crisis en Colombia: Petro atiza la polarización política

De acuerdo con un estudio realizado por la firma global de comunicaciones Edelman, en 2024, Colombia es el segundo país más polarizado del mundo, solo superado por Argentina. La encuesta evidenció las profundas fracturas en un país que durante décadas ha sido sacudido por conflictos sociales y políticos.

En los últimos tiempos, las medidas gubernamentales, la pugna derivadas de las reformas de Petro, la violencia política y la inseguridad, entre otros aspectos, se han convertido en factores que representan un caldo de cultivo para acentuar el precario clima institucional.

Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario, señala que el escenario colombiano actual es muy inestable, dada la polarización y violencia “en medio de una estrategia ya abierta y franca por parte del gobierno nacional de romper las instituciones democráticas y romper el equilibrio de poderes”.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Sahid califica como preocupante la actitud del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien convocó a votar por una Asamblea Constituyente en las elecciones de 2026, “cuando es algo abiertamente ilegal”.

Puntualiza que el gobierno de Petro está haciendo propuestas jurídicas contrarias al ordenamiento de la Constitución Política vigente desde el 4 de julio de 1991.

“Estamos acercándonos a un gobierno de corte autoritario que, además, está rompiendo el orden constitucional”, puntualiza el analista.

Durante su pronunciamiento, el ministro Montealegre, quien fue fiscal de la nación, dijo que la consulta sobre la Constituyente se hará en marzo de 2026, conjuntamente con las elecciones al Congreso de la República.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, aseveró el ministro del Interior el 24 de junio.

Germán Sahid señala que la polarización en Colombia inició con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del presidente Juan Manuel Santos en 2016.

“Desde allí, la sociedad no se ha recuperado de esa polarización digamos 50 a 50, esa polarización está basada en un acuerdo de paz y la flexibilización de unas normas jurídicas para que los excombatientes tuvieran beneficios. Pero, esta polarización ya no solo es un entorno ideológico que podría ser una derecha y una izquierda, sino que ya es la defensa de la democracia versus el autoritarismo”, afirma.

Plan contra las instituciones

Asimismo, el investigador Germán Sahid cuestiona la reciente aparición del gobierno de Petro en tarima pública con personas condenadas por diferentes delitos: “Con esto se demuestra que es un plan coordinado entre sectores del gobierno y actores criminales con tienen intereses calibrados para alterar las instituciones, elegir su programa de gobierno, y los otros para conseguir beneficios, salir de la cárcel y lavar todo su dinero criminal”.

Destaca que la administración de Petro “le ha metido más gasolina a un ambiente lleno de oxígeno”.

Asevera que el mandatario colombiano viola el artículo 118 de la Constitución que demanda que el jefe de Estado integre a la nación como un todo.

“El presidente Petro es el primero que viola la ley y está metiendo odio sistemático al sector empresarial, a la oposición y a la ciudadanía que está en contra de sus políticas”, enfatiza el profesor.

Por su parte, Sofy Casas, periodista y columnista de la Revista Semana y del DIARIO LAS AMÉRICAS, señala que el discurso “superviolento” del presidente Petro contra la oposición agrava la polarización. Añade que el mensaje odio del mandatario es muy contundente, y además no acepta las críticas.

“Los comunistas, los socialistas del siglo XXI como lo fueron Fidel Castro y Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro operan de esa manera y hablan de división de clases y de expresiones de odio contra quienes piensan distinto”, indica.

Expresa que el mandatario fue electo con la Constitución actual “y después empiezan a cambiar las reglas del juego” dado que la Constitución “le estorba”.

Llama la atención sobre el hecho de que Petro y el M19, quienes formaron parte de la elaboración de la carta magna de 1991 dentro del proceso de paz, quieran ahora cambiarla. De allí, explica, se deriva su ataque al Congreso y contra el Estado de derecho y la división de poderes.

Casas puntualiza que el petrismo “tiene un discurso que llega a la gente y que no lo tiene la derecha”.

Este escenario que vive el país se presenta en el marco pre electoral: en marzo de 2026 serán las elecciones legislativas y en mayo las presidenciales.

“Lo que en este momento hay que garantizarle al país es que haya esas elecciones, ese es el gran problema. Las instituciones están siendo fuertes como se vio con el decretazo con el que Petro quería imponer su consulta popular que es la que le sirve para atornillarse en el poder y que la manejaba como una supuesta reforma laboral. Ese fue un fuerte fenazo por parte de las instituciones”, afirma.

La analista señala que el presidente colombiano sabe que el Congreso no le aprobara su intención de incluir la papeleta sobre la Constituyente en los comicios legislativos.

País agitado

Asimismo, Sofy Casas sostiene que la polarización no estaba tan alta hasta la llegada de Petro al poder. Destaca que el actual mandatario ha venido “agitando” el problema político de Colombia desde que era opositor.

Recuerda que, durante el gobierno de Iván Duque, Gustavo Petro y su grupo del Pacto Histórico hicieron una oposición grande utilizando a jóvenes “que hoy en día se les puede llamar terroristas, que son los de la primera línea y esto se investigó a través de la inteligencia del país. Llegaron al punto de que, en el 2021, de que esos jóvenes que son de la primera línea fueron entrenados por la guerrilla urbana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los narcoterroristas de las FARC”.

Retroceso y violencia

Casas asevera que el recrudecimiento de la violencia política, cuyo caso más reciente es el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) es un retroceso y un elemento que azuza la violencia política. Recuerda que esto no se vivía desde el asesinato del dirigente y candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.

“Hemos retrocedido muchísimo en seguridad y en muchos aspectos. Pareciera que volvimos a los 80, a los 90, que la violencia política muy fuerte, los grupos al margen de la ley, los grupos narcoterroristas hoy en días completamente fortalecidos y un país prácticamente 90, 95%, tomado nuevamente por la guerrilla”, resalta.

Expresa que el atentado contra Uribe Turbay propicia un contexto para mantener a raya a los sectores de la oposición y limitar su operatividad política.

“Este caso es un golpe muy fuerte para todos, para los que somos cercanos a Miguel como oposición, como amigo y compañero; aparte como líder político. Es un muchacho muy joven que ha hecho una oposición contundente contra Petro desde concejal de Bogotá y fue el senador más botado del país y se postulaba para ser el candidato de Álvaro Uribe Vélez y se postulaba para ganar. Esto es un crimen político”, señala.

De su lado, Germán Sahid asevera que los indicadores de pérdida de control territorial en manos de los grupos armados ilegales han aumentado, y los delitos generalizados a nivel urbano, como la extorsión, están por las nubes. Añade que, en el aspecto económico, “Colombia está perdiendo competitividad, y el recaudo fiscal está por el piso”.

El profesor señala también que las instituciones están amenazadas: “Hoy en día, si bien las instituciones son muy sólidas y el poder constituido funciona, por primera vez tenemos un poder político, el ejecutivo, que quiere destruir el legislativo y el judicial”.

Medidas de seguridad

El 24 de junio, el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, anunció medidas urgentes para la protección y seguridad de 41 precandidatos presidenciales. De esa manera, fueron asignados cerca de 500 vehículos y más de 1.000 efectivos exclusivamente para labores de escolta y protección.

“La protección de los candidatos es también la tranquilidad del país y de la democracia”, argumentó Benedetti.

El investigador Germán Sahid señala que la medida es bienvenida. “Sin embargo, las realidades fiscales y de la capacidad de infraestructura institucional de Unidad Nacional de Protección(UNP) no van de la mano con la intención de proteger a sus candidatos. Pasando el discurso a la política pública a proteger, se complica mucho porque no hay capacidad fiscal, no hay compra de carros, no hay personal disponible”, puntualiza.

@snederr

FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, Infobae, W Radio, Semana