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La Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles tras protestas por redadas migratorias. (REUTERS/Daniel Cole)La decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de desplegar 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles reactivó el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de fuerzas militares en territorio nacional.
La medida, tomada en respuesta a las protestas contra redadas migratorias llevadas a cabo por ICE, fue duramente criticada por autoridades locales, quienes aseguraron que no era necesaria la intervención militar.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión de Trump como “deliberadamente provocadora” y subrayó que las fuerzas policiales estatales estaban en condiciones de manejar la situación. A pesar de esa postura, el presidente invocó una provisión poco usada de la ley federal para justificar el despliegue.
El despliegue de tropas fue el primero sin aval estatal desde 1965, marcando un uso inusual del poder presidencial. (REUTERS/Daniel Cole)La Guardia Nacional es una fuerza militar con doble dependencia: puede ser activada tanto por los estados como por el gobierno federal. Bajo condiciones normales, su control recae en los gobernadores estatales, quienes la utilizan para enfrentar situaciones de emergencia como desastres naturales, disturbios civiles o crisis sanitarias
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de “federalizar” a estas tropas bajo ciertas condiciones estipuladas en el Título 10 del Código de las Fuerzas Armadas de EE.UU., específicamente en la sección 10 U.S.C. § 12406. Esta norma permite al presidente asumir el control de la Guardia Nacional en tres escenarios:
- Si el país es invadido o corre peligro de invasión por una nación extranjera.
- Si hay una rebelión o amenaza de rebelión contra la autoridad del gobierno federal.
- Si el presidente no puede, con las fuerzas regulares, hacer cumplir las leyes de Estados Unidos.
Según un memorando emitido por Trump, las protestas en Los Ángeles representaban una forma de “rebelión” contra la autoridad federal, lo que justificaría su decisión de activar esta cláusula legal.
Autoridades californianas calificaron la medida como un “espectáculo”, acusando al gobierno federal de buscar confrontación. (REUTERS/Daniel Cole)Según expertos, esta es la primera vez desde 1965 que un presidente desplega la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador estatal.
En situaciones anteriores, como los disturbios de Los Ángeles en 1992 tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King, el despliegue fue solicitado por el propio estado. Lo mismo ocurrió en 2020, durante las protestas por el asesinato de George Floyd, cuando varios estados solicitaron asistencia militar.
Por lo tanto, la decisión de Trump marca un precedente inusual, y ha sido duramente cuestionada por líderes californianos. La congresista Nanette Barragán, que representa parte del área metropolitana de Los Ángeles, afirmó que la presencia de la Guardia Nacional “solo va a empeorar la situación”.
Las manifestaciones surgieron en respuesta a una serie de redadas realizadas por ICE en zonas de mayoría latina de Los Ángeles. En una sola jornada, al menos 44 personas fueron detenidas, y en semanas anteriores, se habían registrado 239 arrestos adicionales, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
El gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, insistieron en que la intervención militar era innecesaria. (REUTERS/Daniel Cole)Los operativos incluyeron inspecciones en negocios como tiendas de ropa al por mayor y locales de la cadena Home Depot. Algunos manifestantes intentaron bloquear las detenciones y fueron reprimidos con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
Además, la administración Trump intensificó su política migratoria al establecer metas de al menos 3,000 arrestos diarios, trasladar migrantes en aviones militares e incluso enviarlos a Guantánamo Bay o a una mega-prisión en El Salvador, acciones que han sido desafiadas en tribunales.
Desde la Casa Blanca, altos funcionarios respaldaron el despliegue. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribió en redes sociales que la decisión era “sentido común” y que no se tolerarían ataques contra agentes federales. Por su parte, el senador republicano Markwayne Mullin declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
No obstante, tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, insistieron en que la intervención militar era innecesaria. En palabras de Newsom: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California no porque falte capacidad policial, sino porque quieren un espectáculo”.
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