BOGOTÁ - Las fuerzas de seguridad de Colombia capturaron este jueves a un cuarto presunto implicado en el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, líder de la oposición del partido Centro Democrático y actual precandidato a la Presidencia de la República.
El detenido fue identificado como William Fernando Cruz González, señalado de haber participado en la logística posterior al ataque perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, cuando Uribe fue baleado durante un acto político público. De acuerdo con las autoridades judiciales, "Cruz González habría recogido en su vehículo a los implicados en la entrega del arma homicida, facilitando su huida tras el crimen".
La fiscalía general reveló que videos de seguridad lo ubican cerca del parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde se reunió con otro de los ya capturados y un tercer sujeto que permanece prófugo. La evidencia fílmica fue clave para establecer su presunta participación en el entramado criminal.
¿Quiénes son los cuatro los capturados por el atentado?
Un menor de 15 años, autor material del ataque, quien disparó por la espalda contra el senador.
Katerine Andrea Martínez, de 19 años, acusada de entregar el arma y asistir a reuniones previas donde se definió la ejecución del atentado contra el líder político.
Carlos Eduardo Mora González, quien habría conducido el vehículo de fuga, según informó la fiscalía.
William Fernando Cruz González, presunto facilitador logístico en el momento del escape.
Estado de salud del senador
Miguel Uribe permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en estado crítico, luego de ser sometido a una segunda intervención quirúrgica de urgencia. Los médicos han reportado que su evolución es reservada, aunque ha mostrado leves signos de estabilidad en las últimas horas. El atentado ha provocado gran consternación dentro y fuera del país, dado su simbolismo como líder joven y opositor frontal al gobierno de Gustavo Petro.
La gravedad del ataque y la participación de menores de edad en el crimen han desatado un fuerte debate nacional sobre la creciente inseguridad, la instrumentalización política de la violencia y el debilitamiento del Estado de Derecho.
Distintas voces del ámbito político y civil han exigido al Ejecutivo garantías para el ejercicio político sin intimidaciones ni riesgos, mientras sectores de la oposición denuncian un ambiente hostil incentivado por discursos divisivos desde el poder.
FUENTE: REDACCIÓN DLA/ Con información de Europa Press