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HONOLULU (AP) — La pesca comercial que recientemente se reanudó en una vasta área protegida del océano Pacífico debe detenerse una vez más, después de que un juez de Hawai se pusiera del lado de los ambientalistas que impugnaron esta semana la revocación de protecciones oceánicas federales por parte del gobierno del presidente Donald Trump.
El Monumento Nacional Marino del Patrimonio de las Islas Remotas del Pacífico es hogar de tortugas, mamíferos y aves marinas que, según grupos ambientalistas, quedarían atrapados por la pesca de palangre, un método industrial en el que se colocan anzuelos cebados en líneas de aproximadamente 100 kilómetros (60 millas) o más.
La orden ejecutiva de Trump que permite este y otros tipos de pesca comercial en una parte del monumento cambió las regulaciones sin agregar un proceso para realizar comentarios públicos y elaborar normas, además de que despojó al monumento de protecciones fundamentales, argumentaron los grupos en una demanda.
El juez federal de distrito, Micah W. J. Smith, concedió una moción a los ambientalistas el viernes. El fallo significa que los barcos que capturan pescado para la venta deberán dejar de pescar inmediatamente en aguas entre 93 y 370 kilómetros (50 y 200 millas náuticas) alrededor del Atolón Johnston, la Isla Jarvis y la Isla Wake, informó Earthjustice, una organización de derecho ambiental que representa a los demandantes.
Hasta el sábado, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos que representan al gobierno no habían respondido a un mensaje de correo electrónico en el que se solicitan sus comentarios.
Trump ha dicho que Estados Unidos debería ser “el líder mundial en productos del mar”, y el mismo día de abril en que emitió su orden ejecutiva, formuló otra con la que busca impulsar la pesca comercial al reducir regulaciones y abrir la recolección en áreas previamente protegidas.
El presidente George W. Bush creó el monumento marino en 2009. Abarca aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados (500.000 millas cuadradas) en el remoto océano Pacífico central, al suroeste de Hawai. El presidente Barack Obama lo expandió en 2014.
Poco después de la orden ejecutiva de Trump, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas envió una carta a los titulares de permisos de pesca dándoles luz verde para pescar comercialmente dentro de los límites del monumento, según la demanda de Earthjustice. La pesca se reanudó en cuestión de días, afirmó el grupo.
Los abogados del gobierno dicen que la carta del servicio de pesquerías simplemente notificó a los pescadores comerciales de un cambio que ya había tenido lugar a través de la autoridad de Trump para eliminar la prohibición de la pesca comercial en ciertas áreas.
Earthjustice impugnó esa carta, y al conceder la moción a su favor, el juez federal determinó que el gobierno había optado por no defender su carta en cuanto al fondo y renunció a ese argumento. Smith también falló en contra de las otras defensas del gobierno, según las cuales los demandantes carecían de legitimación para impugnar la carta y el tribunal no tenía jurisdicción sobre el asunto.
David Henkin, abogado de Earthjustice, dijo que el fallo de Smith exige que el gobierno pase por un proceso para determinar qué tipo de pesca, y en qué condiciones, se puede realizar en las aguas del monumento de una manera que no destruya el área.
Miembros de la industria de pesca de palangre de Hawai dicen que han realizado numerosos ajustes y cambios en el equipo a lo largo de los años, como anzuelos circulares, para evitar daños.
En la demanda se indica que permitir la pesca comercial en la expansión del monumento también dañaría los “intereses culturales, espirituales, religiosos, de subsistencia, educativos, recreativos y estéticos” de un grupo de demandantes nativos hawaianos que están vinculados genealógicamente con los pueblos indígenas del Pacífico.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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