Ecuador niega estar realizando deportación masiva de presos colombianos y afirma que respeta derechos: 'Se lleva a cabo en cumplimiento de la ley'

El Gobierno de Ecuador negó este sábado estar ejecutando deportaciones masivas de reclusos colombianos y defendió que todo el proceso cumple con la ley, el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, en medio de críticas del lado colombiano de falta de cumplimiento de los protocolos.

La Cancillería ecuatoriana reaccionó a la protesta diplomática que la noche del viernes presentó Colombia, que denunció que la medida se tomó de manera “unilateral” y sin un protocolo coordinado para garantizar un traslado ordenado.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aseguró que “las deportaciones se ejecutan en estricto cumplimiento de la normativa, en apego al derecho internacional y garantizando los derechos de los reos”. 

Añadió que la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior emite resoluciones individuales para cada caso, respaldadas por boletas de excarcelación judicial.

“Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva”, señaló la institución, que afirmó haber notificado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos.

¿Por qué estalló la polémica?

La controversia surgió cuando Bogotá cuestionó que la deportación, iniciada el viernes, se hubiera realizado “sin que se hubiera diseñado el protocolo” para recibir a los deportados, lo que impidió la plena identificación de los presos y la verificación de su situación jurídica. 

La Cancillería colombiana calificó la decisión ecuatoriana como un “gesto inamistoso” y expresó que “incumple las más básicas nociones del derecho internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.

Según cifras colombianas, de los más de 600 deportados hasta ahora, unos 450 ya habían ingresado al país, mientras que el resto permanecía en el puente internacional de Rumichaca a la espera de los trámites de ingreso. Entre los expulsados, al menos 348 tienen antecedentes judiciales.

 La canciller encargada, Rosa Villavicencio, se desplazó a la frontera para coordinar la recepción, mientras autoridades locales improvisaron planes de contingencia para atenderlos. “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia”, admitió Juan Morales, secretario de Gobierno de Ipiales.

Operativo en la frontera

La gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi, Diana Pozo, confirmó que más de 800 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde varias cárceles hacia la frontera. 

Los presos, vestidos con uniformes naranjas, esperaron durante horas para cruzar el puente de Rumichaca, algunos haciendo ejercicios para mitigar el frío andino y otros reclamando: “¡Queremos pasar!”. 

Según la gobernadora, el operativo prevé la deportación de unos 870 internos, cerca del 60 % de los colombianos recluidos en Ecuador.

A diferencia de otras repatriaciones de presos realizadas anteriormente, estos ciudadanos no deberán continuar cumpliendo sus condenas en Colombia, salvo que tengan procesos judiciales pendientes, lo que implica que muchos recuperan su libertad al cruzar la frontera.

Las deportaciones forman parte de un plan anunciado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en 2024 para repatriar a unos 3.200 presos extranjeros, la mayoría colombianos y venezolanos, equivalente al 10 % de la población penitenciaria ecuatoriana. En abril comenzaron los primeros traslados en pequeños grupos, pero la operación actual es la más grande hasta ahora.

Mientras tanto, la Cancillería ecuatoriana reiteró su “permanente disposición” al diálogo y la cooperación “en el marco del principio de igualdad soberana de los Estados”.

Con información de AFP