Ecuador volvió a hablar de 'falta' de compromiso de Colombia sobre seguridad en frontera en medio de tensiones por aranceles: 'Diálogo no está roto'

El Gobierno de Ecuador reiteró su posición frente a Colombia en medio de la disputa comercial que mantienen ambos países. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, sostuvo que el eje del conflicto no es de naturaleza arancelaria, sino de seguridad en la zona limítrofe. 

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Sus declaraciones se producen mientras continúan vigentes medidas comerciales adoptadas por las dos naciones y se activan mecanismos ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En una entrevista concedida este miércoles 18 de febrero al programa Contacto Directo de Ecuavisa, el funcionario afirmó que la controversia con el país vecino responde a un problema de control territorial.

“Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido”, señaló. En ese mismo espacio insistió en que “lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país”.

Finalmente, precisó que "si hay una comunicación con Colombia, no puedo dar detalles" y que aseveró que "el diálogo no está roto".  Sin embargo, aclaró que "esperamos tener una respuesta satisfactoria. Lo que se requiere es seguridad, control de fronteras". 

¿Cómo inició la disputa arancelaria entre Ecuador y Colombia?

La tensión bilateral se inició el pasado 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una “tasa de seguridad” del 30 % sobre productos colombianos.

La medida fue adoptada, según el Ejecutivo ecuatoriano, ante la ausencia de “acciones firmes” para enfrentar a grupos criminales y redes de narcotráfico en la frontera común. En respuesta, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Minas de Colombia informaron que impondrían un arancel similar a más de 50 productos ecuatorianos y suspendieron el suministro de electricidad hacia Ecuador.

Posteriormente, el Gobierno ecuatoriano elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal Ecopetrol por uno de sus principales oleoductos. Las decisiones marcaron el inicio de una serie de medidas recíprocas en los ámbitos comercial y energético.

El 9 de febrero, en una entrevista con Teleamazonas, Jaramillo calificó de “exitoso” el arancel del 30 % impuesto a los productos provenientes de Colombia. “La medida ha sido exitosa porque ya ha habido operativos en la frontera de parte de Colombia. Eso es una reacción, pero aquí lo que se requiere es más presencia militar en el lado colombiano”, aseguró.

Añadió además: “Yo soy optimista. Creo que vamos a conseguir esta mejora en los controles”.

En esa misma intervención explicó que para reforzar la vigilancia fronteriza es necesario invertir recursos significativos. Señaló que para controlar las fronteras hay que “gastar fortunas” en equipos militares, personal, sistemas de control modernos y vehículos, entre otros, pero puntualizó que el problema podría resolverse “con un control de las dos partes, de manera coordinada”. Reiteró que “El control es de los dos, no uno solo”.

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Ecuador presentó ante la CAN tres reclamos formales contra Colombia

Mientras se desarrollan estos intercambios, Ecuador activó instancias comunitarias dentro de la CAN. 

La Cancillería de dicho país informó que presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional. 

En un comunicado señalaron que Colombia, además, habría presentado dos demandas contra su nación por la aplicación del arancel del 30 %. Al respecto, la cartera de Estado indicó que “activó mecanismos comunitarios y presentó tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad”.

El texto oficial detalló que Ecuador decidió “activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas” por Colombia “que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos”. 

Añadió que la decisión se adoptó porque se han identificado “incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario”.

Asimismo, el comunicado apuntó que las acciones colombianas responden a la decisión ecuatoriana de aplicar la tasa del 30 % por servicio aduanero a mercancías provenientes de ese país, medida adoptada por razones de seguridad nacional “ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional”. 

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En paralelo a la disputa comercial, las autoridades ecuatorianas informaron sobre operativos militares en la frontera norte. El Ejército comunicó la captura de nueve presuntos disidentes de las antiguas FARC en una operación en la provincia de Esmeraldas, limítrofe con el departamento colombiano de Nariño. 

Los detenidos serían integrantes del Frente Oliver Sinisterra, grupo que se marginó del proceso de paz de 2016 en Colombia y que en 2018 secuestró y asesinó a un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.

Las Fuerzas Armadas señalaron que durante el operativo se desmanteló una célula y se decomisó un “arsenal de alto poder” compuesto por casi una veintena de armas, entre ellas fusiles, y alrededor de 3.000 proyectiles. La intervención se produjo después de la detención en Esmeraldas de alias “Camilo”, identificado como presunto líder de una unidad del mismo grupo, vinculada al narcotráfico y la minería ilegal.

*Con información de EFE y AFP

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