.png)
hace 15 horas
4
El Departamento de Justicia de EE.UU. imputa a trece personas por estafa a más de 400 adultos mayores en varios estados. (Imagen ilustrativa Infobae)El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó la imputación de trece personas acusadas de integrar una red transnacional dedicada a estafar a más de 400 adultos mayores en diversos estados del país. Los hechos, que provocaron pérdidas superiores a cinco millones de dólares, se denunciaron entre 2022 y 2023 y afectan a familias de Massachusetts, California, Nueva York, Florida y Maryland. El alcance y la sofisticación del esquema criminal colocan el caso entre los más amplios registrados contra adultos mayores, según información oficial del gobierno federal.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), los imputados operaban desde un centro de llamadas en la República Dominicana, suplantando identidades y fingiendo ser nietos o abogados para persuadir a adultos mayores y pedirles importantes sumas de dinero. Leah Foley, fiscal federal del DOJ, precisó que los delitos imputados son conspiración para cometer fraude postal y electrónico, además de lavado de dinero, con penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno, según lo establecido por la legislación vigente.
Los antecedentes muestran que el esquema, conocido como estafa del nieto, motivó la publicación de advertencias oficiales dirigidas a adultos mayores por parte de autoridades federales. El DOJ especificó que la modalidad se basa en la manipulación emocional y en el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, muchas de las cuales optaron por no reportar lo ocurrido.
El comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a trece acusados de nacionalidad dominicana o residentes en ese país. Entre ellos, Oscar Manuel Castaños García figura como supuesto líder. Otros miembros residen en Nueva York, Nueva Jersey, California, Missouri y Florida.
La estructura del grupo incluía roles diferenciados:
- “Abridores”, responsables de la llamada inicial en la que se hacían pasar por nietos en una emergencia.
- “Cerradores”, que asumían la identidad de abogados y solicitaban más dinero.
- Mensajeros o “corredores”, encargados de recolectar el efectivo. Estos últimos, según el DOJ, a veces utilizaban servicios de transporte cuyos conductores no estaban al tanto del fraude.
La red transnacional operaba desde República Dominicana y causó pérdidas superiores a cinco millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)Según la acusación formal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, el método consistía en llamar a personas de edad avanzada, identificadas mediante bases de datos o directorios, haciéndose pasar por nietos que alegaban haber sido arrestados o sufrir accidentes. En la segunda etapa, los interlocutores se presentaban como abogados o autoridades, justificando urgencia en el pago para solucionar la supuesta emergencia.
A las víctimas se les indicaba entregar el dinero a mensajeros que acudían personalmente a sus domicilios, en algunos casos utilizando servicios de transporte digital. Posteriormente, los fondos eran enviados a cuentas manejadas por la organización en la República Dominicana, usando mecanismos de lavado de dinero, de acuerdo con la información de la fiscalía.
Más de 350.000 dólares fueron recogidos en apenas 25 eventos distintos a través de estos mecanismos, de acuerdo con los expedientes judiciales.
Massachusetts, California, Nueva York, Florida y Maryland resultaron los estados con mayor cantidad de víctimas, aunque el DOJ confirmó que hubo casos en otras jurisdicciones. El número documentado de afectados supera las 400 personas, la mayoría adultos mayores de entre 65 y 90 años.
“La investigación evidenció la utilización reiterada de una narrativa falsa para manipular a familias vulnerables, provocando la pérdida de seguridad financiera y personal”, describió Leah Foley en la presentación del caso, según el comunicado gubernamental.
Las autoridades esclarecieron que nueve acusados ya están bajo arresto, dos se encontraban en procesos judiciales previos y otros cuatro permanecen prófugos, conforme al reporte oficial.
El DOJ coordina acciones con República Dominicana y refuerza campañas de prevención y denuncia para adultos mayores. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo/File Photo)El pliego de cargos elaborado por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts incluye conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero. La normativa federal establece que cada delito puede sancionarse con hasta 20 años de prisión, además de multas administrativas y decomiso de bienes.
El Departamento de Justicia recalcó que la imputación formal constituye solo el primer paso del proceso penal federal y que los procesados conservarán la presunción de inocencia hasta que el tribunal emita una sentencia definitiva.
El gobierno activó el correo electrónico USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov y la línea nacional 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) para víctimas y posibles afectados que deseen aportar datos a la investigación.
Documentos y alertas oficiales de la Comisión Federal de Comercio y el FBI sostienen que la estafa del nieto surge como una de las formas delictivas más frecuentes contra la población de la tercera edad en Estados Unidos. Los organismos estiman pérdidas superiores a 36 millones de dólares en el periodo 2020-2022 para este tipo de modalidad, según cifras federales.
En 2024, el DOJ y la Fiscalía de Massachusetts notificaron una operación similar, en la que dieciséis acusados enfrentaron cargos por fraude a adultos mayores bajo el mismo esquema. Las investigaciones llevaron al diseño de materiales preventivos y campañas públicas con recomendaciones para parientes y potenciales víctimas.
Las víctimas, en su mayoría de entre 65 y 90 años, entregaron dinero a mensajeros que acudían a sus domicilios. (Imagen Ilustrativa Infobae)El Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró que mantiene abiertas las investigaciones y coordina acciones con autoridades de la República Dominicana para detectar nuevas conexiones y reactivar causas pendientes vinculadas al fraude transfronterizo.
La autoridad señaló que el caso refuerza la necesidad de perfeccionar los mecanismos de prevención y denuncia para adultos mayores y familias estadounidenses. La cooperación internacional y la aplicación de la ley seguirán como ejes de la respuesta institucional, informó el DOJ.
El Departamento de Justicia enfatizó la importancia de reportar cualquier llamado de emergencia sospechoso y utilizar canales oficiales de ayuda para minimizar el impacto de este tipo de delitos en la sociedad.
English (US) · 
Spanish (ES) ·