
La administración estadounidense mantuvo su alerta de máximo nivel sobre los desplazamientos a Haití por parte de sus ciudadanos, citando riesgos asociados a violencia armada, secuestros y la vulnerabilidad de la infraestructura estatal. El Departamento de Estado señala en su última actualización del 15 de julio de 2025 que múltiples factores, entre ellos la presencia de organizaciones delictivas, la dificultad de acceso a servicios de emergencia y las condiciones críticas de los centros de salud, convierten al país caribeño en una zona de riesgo elevado para cualquier visitante extranjero.
Desde mediados de 2023, la embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe opera sin su personal no esencial ni familiares, en respuesta al agravamiento de la crisis de seguridad. El gobierno estadounidense fundamenta esta decisión en datos que reflejan índices en aumento de secuestros, robos violentos y muertes relacionadas con la expansión de bandas armadas y grupos calificados como terroristas por las autoridades. La escalada de episodios violentos afecta tanto a residentes como a extranjeros, reduciendo la capacidad de respuesta de organismos estatales y restringiendo la asistencia consular.
El deterioro del contexto sanitario y el acceso irregular al combustible, medicamentos y electricidad conforman un entorno donde los riesgos se amplifican. Los estadounidenses son advertidos sobre la existencia de cobros adelantados en efectivo para cualquier atención médica, una característica común en la red hospitalaria haitiana, así como la probabilidad de enfrentar demoras o la imposibilidad de recibir apoyo diplomático en caso de urgencia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Haití en el nivel 4 de su sistema de advertencias, la calificación más severa, por hechos de violencia armada, secuestros, acciones terroristas y limitada capacidad de atención en emergencias. Este nivel implica que ningún ciudadano estadounidense debe ingresar a Haití salvo en situaciones de absoluta necesidad. La advertencia corresponde a una evaluación permanente del entorno criminal, la debilidad institucional y la insuficiencia de servicios de protección.

Las autoridades estadounidenses identifican como principales amenazas: la proliferación de secuestros con fines extorsivos, la generalización de asaltos armados y la expansión territorial de grupos criminales calificados como terroristas. La capital, Puerto Príncipe, y las zonas urbanas periféricas registran numerosos incidentes que afectan tanto a nacionales como a expatriados. Las víctimas suelen enfrentar agresiones físicas, privación de libertad y demandas económicas a sus familiares.
El Departamento de Estado advierte que estas redes violentas ejercen control sobre barrios completos, obstaculizando rutas de evacuación y debilitando la operatividad de la policía y organismos de rescate. Los conflictos armados entre bandas han incrementado el desplazamiento de la población interna y complican la movilidad de cualquier persona que permanezca dentro del territorio haitiano.
La infraestructura sanitaria del país presenta limitaciones estructurales agravadas por la escasez de recursos, personal y suministros. Los centros médicos, tanto públicos como privados, requieren el pago anticipado en efectivo ante cualquier atención, mientras enfrentan demoras y cancelaciones frecuentes por falta de equipamiento o seguridad. Los viajeros que experimenten una emergencia hospitalaria pueden encontrar una red de atención sobrecargada y limitada, sin garantía de intervención inmediata.
Además de la precariedad en los hospitales, el Departamento de Estado remarca que la escasez de combustible afecta el funcionamiento de sistemas eléctricos y de ambulancias, y la falta de seguridad obliga al cierre de instalaciones sanitarias en zonas conflictivas. En ese escenario, los ciudadanos estadounidenses disponen de servicios consulares restringidos y la evacuación médica queda sujeta a la viabilidad logística o al contexto de violencia imperante.

La representación diplomática de EE.UU. opera bajo protocolo de contingencia, limitada a tareas esenciales y sin personal ni familiares que no respondan a objetivos prioritarios. El acceso a la sede consular se encuentra sujeto a la evolución de episodios violentos y las autoridades instan a los ciudadanos de ese país a inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas inmediatas. El contacto con la embajada debe realizarse por canales oficiales, aunque la asistencia presencial o evacuación no está asegurada en todos los casos.
El Departamento de Estado solicita a cualquier ciudadano que permanezca en Haití que minimice los desplazamientos, observe medidas de autoprotección y mantenga comunicación regular con personas de confianza fuera del país. Los funcionarios recomiendan monitorear periódicamente los comunicados oficiales para responder ante eventuales llamados de emergencia o sectores recientemente afectados por el conflicto armado.
Las autoridades de Estados Unidos afirman que los riesgos identificados pueden variar dependiendo de la situación política, la capacidad estatal y la evolución del control territorial por parte de bandas armadas. La recomendación de “no viajar” permanecerá vigente hasta nuevo aviso oficial por parte del Departamento de Estado, el cual ajusta periódicamente las alertas según reportes de campo y análisis de inteligencia.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa observando la dinámica interna de Haití, con énfasis en el monitoreo de enfrentamientos y en la disponibilidad de rutas seguras. El gobierno estadounidense solicita a sus ciudadanos que consideren alternativas fuera de Haití si residen actualmente en el país caribeño, y que informen sus movimientos para facilitar la asistencia remota en caso de incidentes.