
El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió este martes que “la democracia está bajo ataque” luego de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de casi 5,000 militares en Los Ángeles, incluidos 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 Marines, en el marco de una intensificación de operativos migratorios. La decisión ha generado una confrontación abierta entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales, que acusan a Trump de utilizar las fuerzas armadas con fines de control interno sin coordinación con las instancias democráticamente electas.
“El presidente está lanzando una red militar en Los Ángeles sin nuestro consentimiento y sin justificación clara. Este no es solo un abuso de poder; es una amenaza directa al sistema democrático”, declaró Newsom en un mensaje transmitido desde Sacramento. “La democracia está bajo ataque, y lo que ocurre hoy en California puede replicarse mañana en otros estados”, agregó.

El despliegue fue ordenado por Trump para proteger instalaciones federales, pero las tropas han comenzado a respaldar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante redadas en zonas urbanas. Fotografías difundidas el martes muestran a soldados armados de la Guardia Nacional resguardando a oficiales de ICE mientras realizaban arrestos, lo que generó preocupaciones por el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad civil.
En un comunicado, ICE sostuvo que los militares están brindando seguridad perimetral en edificios federales y protección directa a sus oficiales durante operativos de campo, y que la Guardia Nacional tiene autorización para detener temporalmente a personas en caso de ataques contra los agentes. Sin embargo, los arrestos continúan siendo responsabilidad exclusiva de cuerpos policiales con jurisdicción.
Newsom respondió con una acción legal urgente. Este martes, presentó una petición de emergencia ante un tribunal federal para detener el uso de tropas en redadas migratorias, argumentando que la presencia militar aumenta la tensión social y agrava el riesgo de disturbios civiles.

El gobernador también acusó a Trump de extralimitarse en sus facultades constitucionales al ordenar un despliegue militar sin la aprobación estatal. Un juez ha fijado una audiencia para el jueves.
La administración Trump defendió la legalidad de la medida. Funcionarios federales calificaron la solicitud del gobernador como un intento “sin precedentes” de limitar la capacidad del Ejecutivo para hacer cumplir las leyes migratorias. Trump dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, un recurso legal que permite al presidente usar tropas dentro del país para controlar situaciones de rebelión o violencia interna. “Si hay una insurrección, la invocaré. Ya veremos”, dijo desde la Oficina Oval.
Mientras tanto, las autoridades locales enfrentan el impacto directo de la medida. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el martes un toque de queda en el centro de la ciudad, vigente desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m., tras una serie de saqueos durante las protestas contra las redadas migratorias. “Hemos alcanzado un punto de quiebre. Veintitrés negocios han sido saqueados”, señaló Bass, quien también declaró el estado de emergencia local.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, explicó que la medida afecta una zona de 1 milla cuadrada, donde se han concentrado las protestas desde el viernes. El toque de queda no aplica a residentes, personas sin hogar, personal de emergencia ni prensa acreditada. McDonnell también informó que se han registrado 197 arrestos, incluidos 67 manifestantes detenidos por ocupar ilegalmente una autopista. Siete agentes resultaron heridos y dos fueron hospitalizados.
El general Eric Smith, comandante del Cuerpo de Marines, afirmó que los Marines no han intervenido en los disturbios y que su despliegue se limita a protección de funcionarios federales y propiedad, sin autoridad para realizar detenciones. “Están capacitados para el control de multitudes, pero no han sido movilizados para actuar en las protestas”, aseguró ante una audiencia legislativa.
Las protestas comenzaron luego de que decenas de trabajadores fueran arrestados durante redadas federales el pasado viernes. Desde entonces, las movilizaciones se han intensificado, con manifestaciones pacíficas frente a City Hall, cierres de autopistas y actos de vandalismo en el centro de la ciudad. La policía ha utilizado gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.

Las movilizaciones han trascendido las fronteras del estado y se han reportado protestas similares en Nueva York, Chicago, Dallas y Austin. En respuesta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo este martes que el uso de tropas en suelo estadounidense podría ampliarse si continúa la agitación social.
“Esto no es solo un conflicto sobre inmigración. Es una batalla por el control del poder civil frente al poder militar”, concluyó Newsom. “Y es una batalla que tiene profundas implicaciones para el futuro de nuestra república”.
(Con información de The Associated Press)