
El partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), una de las dos principales formaciones ultraortodoxas de Israel, anunció anoche su decisión de abandonar la coalición de gobierno, debido a la falta de avances en la aprobación de una ley que permita a los judíos ultraortodoxos evitar el servicio militar obligatorio, según la agencia EFE. La decisión fue adoptada por las dos facciones que integran el partido, después de que rechazaran una propuesta presentada por el parlamentario del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, encargado de negociar la nueva legislación.
La salida de UTJ debe formalizarse en los próximos dos días y dejaría a la coalición gobernante con una mayoría mínima: actualmente, UTJ dispone de siete escaños en la Knéset, el Parlamento israelí, y su salida reduciría a 61 los escaños de la coalición, sobre un total de 120. No obstante, la estabilidad del gobierno de Netanyahu corre peligro si el otro partido ultraortodoxo, Shas, decide también retirarse de la coalición, lo que haría que la coalición retrocediera hasta 50 escaños, quedando por debajo de la mayoría parlamentaria y abriendo la puerta a una posible caída del Ejecutivo.
El punto central de la disputa es la histórica exención del servicio militar otorgada a los estudiantes de yeshiva (escuela religiosa judía) de la comunidad ultraortodoxa. Esta exención, autorizada desde la fundación del Estado de Israel, permitía que los varones judíos que se dedicaban al estudio religioso a tiempo completo no tuvieran que cumplir el servicio militar obligatorio, obligatorio para la amplia mayoría de la población masculina, que debe pasar al menos 32 meses en filas. La población haredi ha defendido que su dedicación a los textos sagrados constituye un pilar fundamental para la sociedad israelí, argumento que rechazan una parte significativa de la opinión pública, sobre todo desde el inicio de la guerra con Hamas en la Franja de Gaza.
El mes pasado, el clima político se volvió especialmente tenso tras la advertencia de Shas, que no descartó apoyar una moción para disolver la Knéset si no se alcanzaba un acuerdo en torno a la nueva ley de reclutamiento. El portavoz de Shas, Asher Medina, declaró a la radio pública israelí: “No queremos tumbar a un gobierno de derecha, pero llegamos a un límite”, subrayando el malestar dentro de las filas ultraortodoxas. La advertencia coincidió con el impulso de la oposición para presentar un proyecto que busca terminar con las exenciones militares, tratando de capitalizar el descontento de un sector que siente amenazadas sus tradiciones.
La actual crisis se retrotrae a la expiración en julio de 2023 de la última disposición temporal que permitía a los ultraortodoxos evitar el servicio militar. En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Israel ordenó a las fuerzas armadas proceder al reclutamiento de miembros de la comunidad haredi en pleno, dado que las exenciones carecían ya de cobertura legal. Ante el mandato judicial, el Ejecutivo intentó tramitar una nueva ley que restableciera la mayor parte de las exenciones, aunque proponía también el alistamiento de un pequeño porcentaje de estudiantes ultraortodoxos. Sin embargo, la iniciativa permanece bloqueada porque Yuli Edelstein, parlamentario responsable de la comisión respectiva, se negó a avanzar en una propuesta que no eleve de manera significativa el número de conscriptos de la comunidad ultraortodoxa.
A la par de estas discusiones, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron la semana pasada a enviar órdenes de reclutamiento a cerca de 55.000 judíos haredi. El Ejército anunció que incrementará sus operaciones de seguimiento y control para evitar la evasión o la deserción, aunque, a fin de reducir la resistencia, prometió a los ultraortodoxos “las mejores condiciones para mantener su estilo de vida único” y anunció la apertura de canales adicionales para favorecer su integración.

El debate sobre la exención militar para los ultraortodoxos se ha intensificado desde el 7 de octubre de 2023, fecha del mayor ataque sufrido por Israel desde la fundación del Estado, que provocó una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza y la movilización de decenas de miles de reservistas. La presión social sobre el reparto igualitario de las obligaciones defensivas se refleja en los datos de una encuesta publicada en marzo de 2024 por Israel Hayom, según la cual el 85% de los judíos israelíes apoya la modificación de la ley del reclutamiento para los religiosos, y un 41% está a favor de hacer obligatorio el servicio militar para todos los miembros de la comunidad haredi en edad de ser reclutados.
La coalición formada en diciembre de 2022 y considerada una de las más derechistas de la historia de Israel, depende para su supervivencia de los partidos ultraortodoxos y otras formaciones de derecha. La crisis actual representa uno de los mayores retos para la continuidad del gobierno, pues una posible retirada de Shas y UTJ dejaría a Netanyahu sin margen parlamentario, con la amenaza real de nuevas elecciones anticipadas. La situación continuará dependiendo de las negociaciones sobre el futuro sistema de reclutamiento, en un momento en que la necesidad de nuevos soldados ha vuelto la cuestión en uno de los ejes centrales de la política israelí.