
Costa Rica se prepara para una elección decisiva. A inicios de 2026, los ciudadanos votarán para elegir a un nuevo presidente y una nueva Asamblea Legislativa. En medio de una América Latina golpeada por la inseguridad, el desencanto democrático y el estancamiento económico los costarricenses tienen una nueva oportunidad para reafirmar su compromiso con la democracia, la institucionalidad, la libertad y una renovada apuesta hacia una economía dinámica y abierta.
La tradición democrática costarricense es una de las más sólidas y longevas del continente. No se trata solo de un dato histórico, sino de una cultura política. Episodios como la renuncia de Bernardo Soto en 1889 para respetar el resultado electoral adverso o la abolición del ejército impulsada por José Figueres Ferrer en 1948 tras una guerra civil, hablan de una vocación institucional que ha sabido resistir las tentaciones que han afectado a otras naciones latinoamericanas. Nuestra constitución, vigente desde 1949, le ha dado al país décadas de estabilidad contrastando con algunas aventuras desastrosas en las que han emprendido varios países de la región.
Sin embargo, los cambios no se sostienen por sí solos. La próxima elección nos obligará a importantes definiciones. El actual gobierno, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, ha logrado lo que parece imposible, que su popularidad crezca con el paso del tiempo en contraste con el natural desgaste del ejercicio del poder; y lo ha hecho gracias a una agenda clara, particularmente enfocada en la economía y el empleo, así como una apuesta por devolver el poder a sus verdaderos dueños: los ciudadanos.
Uno de los avances más notables ha sido el frente económico. “La economía costarricense la encontramos al borde de una crisis y hoy es una de las más robustas de América Latina”, ha dicho el presidente. Los números lo respaldan: la deuda pública se ha reducido del 68% al 55% del PIB y las exportaciones crecen a doble dígito. Estas cifras no son casualidad, sino el resultado de una política fiscal seria: austeridad responsable, reducción del gasto innecesario y alivios tributarios en productos básicos.

Esta visión, firme y pragmática tiene un horizonte claro: mejorar la calidad de vida de las familias de Costa Rica y crear un entorno propicio para la inversión y el desarrollo. Por supuesto, han existido tensiones, pero el respaldo mayoritario es evidencia de que estas reformas están plenamente sintonizadas con las aspiraciones del país. Mientras países hermanos enfrentan inflación, fuga de capitales o crisis institucionales, Costa Rica ha ganado terreno en confianza interna y externa.
El próximo gobierno deberá continuar esa senda o arriesgarse a perder lo avanzado. Y los desafíos son reales: la inseguridad, la desinformación y la presión de intereses sectoriales y exigen una ciudadanía informada y firme. No se trata solo de elegir a nuevos líderes: se trata de decidir si el país sigue apostando por una economía moderna, abierta al mundo o si cede frente a los intentos de devolvernos al pasado.
Estoy convencido de que una mayoría de costarricenses valora lo logrado y desea profundizar este rumbo. Pero un exceso de confianza sería un error. No bastará con apoyos silenciosos. Esta elección exige claridad, participación y compromiso. La oportunidad está ahí: seguir construyendo una Costa Rica ejemplar en medio de una región en crisis. O, por el contrario, perder lo alcanzado. Lo que está en juego es demasiado importante para arriesgarnos.