(Entrevista en video) Directora de la ACLU en Puerto Rico sobre redadas migratorias: "Son expediciones de pesca a ver quién cae"

hace 18 horas 2

NUEVA YORK – La directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Annette Martínez-Orabona, dijo que, antes de que la Administración Trump impulsará su política de deportaciones masivas, los migrantes en el territorio no representaban un problema para los ciudadanos.

“Hay que entender claramente…la inmigración en Puerto Rico nunca ha sido realmente un problema. Nosotros no tenemos un problema de migración; al contrario, la migración en Puerto Rico es un tema histórico y cultural muy nuestro. Como país isla en el Caribe somos un punto de encuentro con otras naciones cercanas en el Caribe y siempre han formado parte integral de nuestras comunidades”, dijo en entrevista exclusiva con El Diario la abogada con una larga trayectoria en pro de los derechos humanos en Puerto Rico y en otros países.

Martínez Orabona, quien encabeza el “Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump” que se creó en febrero en la isla, insistió en que los oficiales de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proceden con base en el perfil racial de los migrantes, lo que ha afectado desproporcionadamente a comunidades como la dominicana y la haitiana.

“Cuando tú tienes unos oficiales que insisten en asediar a una comunidad simplemente porque se conoce históricamente que es una que tiene una rica presencia de personas de ascendencia dominicana o haitiana, eso nada más deja ver claramente que la intención es identificar personas con un perfil específico, por su origen nacional, por la manera en que se ven, por sus rasgos físicos y por la manera en que se escuchan. Esa es la definición clásica del perfilamiento racial, y es realmente lo que está pasando en Puerto Rico”, sostuvo la entrevistada quien asumió la dirección de la ACLU en agosto del año pasado.

Martínez-Orabona además catalogó como una “expedición de pesca” la manera en la que agentes federales ejecutan los operativos y redadas, ya que muchas veces proceden sin contar con orden judicial y detienen, incluso, a personas con estatus migratorio regularizado o en proceso de.

La activista también contestó preguntas sobre los traslados de migrantes desde Puerto Rico hasta el centro de detención “Alligator Alcatraz” en Florida; la advertencia de funcionarios federales en la isla de que arrestarán a ciudadanos que interrumpan la labor de los oficiales al grabar detenciones; el aumento en desestimaciones de casos en corte, lo que deja expuestos a la deportación a los detenidos en la isla, entre otros asuntos.

A continuación parte de la entrevista de El Diario a Martínez-Orabona:

El Diario: “Estaba leyendo las declaraciones que me envió el DHS, y lo que señalan es, que, en términos de los operativos que están realizando, que no tiene que ver con color de piel o con etnia, que con lo que tiene que ver es con los migrantes que están violando la ley migratoria”

Martínez Orabona: “Es una declaración completamente falaz. No se ajusta a lo que está ocurriendo en el terreno y en nuestras comunidades. Primero lo vemos en las comunidades que están sintiendo la presencia continua de oficiales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de otros oficiales relacionados con estas redadas de inmigración federal son comunidades históricamente reconocidas por tener una alta presencia de migrantes dominicanos. Cuando tú tienes unos oficiales que insisten en asediar a una comunidad simplemente porque se conoce históricamente que es una que tiene una rica presencia de personas de ascendencia dominicana o haitiana, eso nada más deja ver claramente que la intención es identificar personas con un perfil específico, por su origen nacional, por la manera en que se ven, por sus rasgos físicos y por la manera en que se escuchan. Esa es la definición clásica del perfilamiento racial, y es realmente lo que está pasando en Puerto Rico”

El Diario: “Rebecca González (encargada del HSI o Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico) lo que dice, por ejemplo, es que la comunidad dominicana, por ser de las más grandes en Puerto Rico, inevitablemente o por matemática, digámoslo así, pues van a haber más arrestos de dominicanos”

Martínez Orabona: “Yo insisto en que, claramente, por la manera en que se ha podido documentar la forma en la que se están dando estas redadas, son redadas dirigidas a un sector, no por su estatus migratorio, sino porque se equipara, se entiende como igual el hecho de ser una persona de nacionalidad X, en este caso es cierto, la mayoría son dominicanos y dominicanas en Puerto Rico, pero se equipara que, si eres dominicano o dominicana, tienes que ser una persona que está aquí sin autorización. Así que lo que vamos a buscar es cómo tú hablas, cómo tú te ves, en qué comunidad y a qué negocios tú vas a hacer tus compras, y es lo que estamos viendo que se está dando en Puerto Rico. Está claro, ha habido innumerables, no sabemos los números porque tampoco hay transparencia en estos temas, sabemos de casos donde las personas han sido detenidas simplemente porque están en un área donde la presencia dominicana es bien alta, entonces se las llevan y después las tienen que liberar porque tienen documentos o unos procesos o legales que están pendientes. Esa situación la vemos en Puerto Rico, lo hemos visto en EE.UU. Por eso, recientemente, hubo una orden de un tribunal que se emitió para detener las redadas discriminatorias por parte del ICE. Esto fue, si no me equivoco, en California…Pero, quiero decir, que sí hay evidencia de que esta es la manera en que se está comportando ICE”.

“Lo otro es que Rebecca González no ha demostrado que aquí los arrestos están dirigidos a personas con algún tipo de récord criminal; no ha demostrado que los arrestos se den con orden judicial, identificando a personas con casos individualizados. Eso no es así, todo lo contrario. De hecho, en sus expresiones y ya yo lo he dicho antes, ha sido bastante irresponsable de su parte mencionar que aquí, por ejemplo, si una persona está acompañando a otra, pues por ahí se puede ir enredada también, simplemente porque acompaña a una persona identificada en una orden, o porque está en un lugar específico, y, después, una vez detenida, se hace la investigación, para ver si esa persona puede permanecer en detención o no. A mí me parece bien peligroso y es una violación clara de los derechos constitucionales que tienen todas las personas que viven en Puerto Rico y en EE.UU.”

El Diario: “Ser indocumentado no es un crimen. Es una violación civil el hecho de que una persona esté sin papeles, en este caso, en Puerto Rico. ¿Cuándo la violación a la ley migratoria pasa a ser un delito que se consideraría penal?, ¿en qué casos?, ¿en que crucen la frontera o regresen tras ser deportados?”

Martínez Orabona: “La única definición de delito como crimen federal está cuando una persona ya ha sido deportada a su país de origen y regresa, hace una segunda entrada sin inspección, sin permiso, sin autorización que le autorice a entrar a EE.UU., ahí sí hay una definición de esa acción como crimen. Pero, estar en EE.UU. físicamente sin documentación que la autorice a haber entrado por sí misma no es un crimen, es lo que se llama una falta administrativa, y que, de ordinario, no debería por sí misma, digamos, justificar la detención, mucho menos, la detención prolongada”

El Diario: “¿La mayoría de los detenidos en Puerto Rico, por lo datos que ustedes manejan o a los que han tenido acceso, no tienen un historial criminal así?”

Martínez Orabona: “No, y no solamente lo hemos dicho nosotros, es parte de los documentos que se han podido obtener por parte del DHS que claramente establecen que la gran mayoría de las personas detenidas no tienen ningún tipo de récord criminal, ninguno”.

“Son expediciones de pesca a ver quién cae”

El Diario: “¿Hasta qué punto se continúan realizando operativos, por ejemplo, en espacios de construcción?, ¿hasta qué punto son centro (de intervenciones) y cuál es el impacto?, porque otras fuentes me han dicho que esto lo que ha afectado es la fuerza laboral, ya que muchos dominicanos y otros migrantes trabajan en la industria de la construcción y algunos no llegan por el temor de ser detenidos”

Martínez Orabona: “Por supuesto. Este es un sector que ha sido identificado por ICE y DHS para los operativos y las redadas que se hacen, que son, básicamente, unas expediciones de pesca a ver quién cae. Entonces, se llevan a todo el mundo y después hacen su evaluación. Al final, es un problema bien serio porque aún teniendo personas que tienen alguna justificación legal para estar en EE.UU. o en territorio de EE.UU., una vez a uno lo detienen, no se sabe cuánto tiempo va a pasar para aclarar esa situación. El área de la construcción es uno de esos sectores que hemos visto que el DHS y ICE lo están identificando como los lugares para hacer estas expediciones de pesca, pero también el sector de los restaurantes. La semana pasada (la última de julio) hubo una redada indiscriminada en distintos restaurantes en la zona turística del área metropolitana en San Juan, la famosa calle Loíza en donde entraron con justificaciones variadas. Nosotros anteriormente habíamos visto que ICE en otros años se acompaña de otros departamentos como para evaluar la sanidad o hacer evaluaciones de otro tipo y luego entran con oficiales de ICE que quieren entrar a todas las partes del restaurante incluso la cocina”

El Diario: “Esa parte es privada, ¿se considera un espacio privado?”

Martínez Orabona: “Es un área privada y debería de exigirse una orden judicial para entrar a esos espacios dentro de los restaurantes. Así que nosotros nos cuestionamos constantemente la ilegalidad en estas acciones y allanamientos. Hemos visto, por ejemplo, oficiales de ICE entrando a casas sin ningún tipo de orden de allanamiento, incluso, sin orden de arresto para entrar a buscar a X persona, precisamente, haciendo trabajos de construcción. También hemos visto respuestas de parte de comunidades afectadas que se han atrevido a oponerse a la entrada de ICE a estos espacios privados”

El Diario: “Una de las controversias dentro del tema general es boricuas grabando las intervenciones. No hace mucho en la urbanización Baldrich, en San Juan, se vieron unas escenas bastante fuertes, porque habían residentes del área que estaban grabando y confrontando a oficiales, que habían de varias agencias, incluyendo el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), y estaban arrestando a un individuo de origen dominicano. Rebecca González dijo que las personas se exponen a cargos o arrestos porque podrían estar interrumpiendo la gestión de las autoridades. ¿Hasta qué punto pueden las autoridades realmente intervenir con una persona que esté grabando una intervención por parte de agentes federales?”

Martínez Orabona: “Nuevamente, esto es una manera de disuadir a que las comunidades apoyen a las personas afectadas de distintas maneras, específicamente, documentando este tipo de redadas y arrestos que, en su gran mayoría, son realmente ilegales y, como dije, racializados. Yo creo que es un intento de amenazar; es un intento de censurar la actividad completamente legal de grabar y de documentar lo que están haciendo los oficiales, que son oficiales públicos y que se supone que lo están haciendo en su carácter como oficiales de seguridad federal. No es cierto que la comunidad no pueda grabar estas intervenciones; no es cierto que las comunidades no puedan expresarse, dar información a la persona que está siendo objeto de esta detención”

El Diario: “Parte de lo que estaban diciendo es que las personas estaban provocando porque estaban diciendo improperios a los oficiales. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto la presencia de testigos y las grabaciones es legal y permitido, y en qué punto se pasan de la raya?”

Martínez Orabona: “De lo que estamos hablando son de expresiones que son protegidas por uno de los derechos constitucionales más importantes de la Constitución de EE.UU. y de la Constitución de Puerto Rico (derecho a la libre expresión) que es poder decir lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Hay unas excepciones, verdad, que son sumamente cuesta arriba de demostrar, excepciones al derecho a la libertad de expresión. Pero, sí existen, si tú amenazas y es una amenaza real o se puede entender como real, amenazar la seguridad de un oficial público. ‘Te voy a matar y tengo un cuchillo en la mano’ (puso como ejemplo), pues eso no es expresión protegida. Pero tú decir expresiones para dejarle saber a la persona que está siendo objeto de detención cuáles son sus derechos, para recordarle que no tiene que decir nada, que tiene un derecho de mantenerse callado…nada de eso amenaza a los oficiales. Pero, además, si se hicieran improperios…que quede bien claro que todos podemos y todos tenemos bajo la Constitución el derecho de hacer, incluso, expresiones ofensivas, sobre todo, especialmente, en contra de oficiales de seguridad que se supone que están adiestrados para reconocer que eso es un derecho de libertad de expresión”

El Diario: “Otra modalidad que se está viendo son las intervenciones en cortes migratorias que hasta hace poco no se estaba viendo en Puerto Rico…Alegadamente, se está dando la dinámica de que los jueces desestiman los casos, y, entonces, afuera los están esperando los agentes de ICE para deportarlos, y estamos hablando que en algunos casos son personas que ya han iniciado para solicitar asilo, personas casadas con ciudadanos estadounidenses. ¿Hasta qué punto esto está pasando?, ¿se puede decir, en efecto, que es intencionalmente que los jueces van con esa mentalidad?”

Martínez Orabona: “Nosotros hemos recibido información de este tipo de arrestos en corte más o menos desde el mes de junio en Puerto Rico. No sabemos si ocurrió antes, pero sí sabemos que desde junio se están dando este tipo de arrestos en las cortes. La ACLU hace unas semanas pudo ser testigo de una de estas detenciones…esto son casos en los que las personas tienen unos procesos pendientes ante la corte de migración y se decide por parte del fiscal hacer una moción de desestimación para retirar los cargos y con eso dar cierre el caso. Aquí nosotros fuimos testigos de varias violaciones al debido proceso en esa misma audiencia ante una jueza de inmigración que no permitió que la abogada de defensa cuestionara la moción para retirar los cargos en ese caso en específico porque la fiscal lo hace sin dar una justificación y, de acuerdo con los reglamentos de la propia corte, tenía que explicarse las razones…Tampoco se permite el derecho que tiene la defensa a apelar esa decisión, porque en este caso en específico había incluso pendiente una solicitud de asilo. Así que, si se acababa el caso, no se le daba oportunidad a esta persona de presentar sus argumentos por los que necesitaba esa protección. Ese fue un caso, pero ese día se dieron cuatro que incluyeron solicitantes de asilo y personas que están casadas con ciudadanos americanos y que ya estaban en un proceso de ajuste de estatus. Esta es una acción que se está dando a nivel de todo EE.UU. en distintas cortes de migrantes. No lo habíamos visto aquí, pero sabemos que sí se está dando. Nos preocupa que haya una colusión entre ICE, oficiales de deportación y las cortes de inmigración. Yo no puedo categóricamente decir que esto es una acción concertada, pero la manera en que se están dando estas solicitudes por parte de fiscales, tener los oficiales de ICE ya en el pasillo y el juez o la jueza no permitiendo que no se proteja lo que el propio reglamento de la corte establece sobre los derechos de la persona en el proceso, es bien alarmante. No solamente se trata de violaciones de ley y proceso, sino que cuestiona la existencia de la corte misma”

El Diario: “A mí me llama mucho la atención las declaraciones de la subsecretaria adjunta del DHS, en la coyuntura de una demanda presentada a nivel nacional, en las que plantea que en ninguna parte de la Constitución prohíbe arrestar a infractores de la ley migratoria donde quieran que estén. ¿Cómo usted responde a ese tipo de argumento?”

Martínez Orabona: “Habría que hacer una clase de inmigración para explicar que hay distintos estatutos dentro de la ley de inmigración que establecen distintas formas en que una persona que está sin autorización legal pudiese o pudiese no ser puesta en detención. No en todos los casos la ley autoriza a la detención automática ni la puesta en un proceso de expulsión expedita, y no cualquier persona sin estatus legal regular es sujeta o puede ser sujeta a procesos de remoción. Lo triste de esto es que como estamos en un área tan técnica y hay distintos tipos de protecciones y procesos establecidos en un estatuto largo que es la ley de inmigración y nacionalidad de EE.UU. pues cualquiera que dice dos o tres cosas puede confundir a la comunidad. Cualquier abogado de inmigración con tiempo en estos casos te puede decir que una persona puede estar sin estatus legal y tener una estadía autorizada, ya sea porque es una víctima de delito y está en un proceso para solicitar una Visa U, por ejemplo, o que sea una víctima de violencia de género y tiene unas protecciones bajo VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer)”

El Diario: “¿Cuántas personas detenidas en Puerto Rico han sido trasladadas a “Alligator Alcatraz, prisión en Florida sobre la que se han denunciado condiciones no aptas para los presos?”

Martínez Orabona: “Yo quisiera saber, quisiéramos saber, pero, precisamente, en el caso de Alligator Alcatraz la secretividad y la falta de acceso a representantes legales a ese centro es un problema bien serio, y por eso, la ACLU de Florida presentó una demanda cuestionando las múltiples violaciones que se dan en el centro que es uno claramente de tortura y de tratos inhumanos, crueles. Entonces, yo quisiera saber la lista completa de las personas que están detenidas en este centro, pero sí sabemos que hay personas que fueron detenidas en Puerto Rico y que fueron llevadas a Alligator Alcatraz, y que, al momento, ha sido sumamente difícil, si no imposible poder tener mayor información porque no se está permitiendo el acceso de los representantes legales a ese centro”

El Diario: “¿Qué ustedes están pidiendo exactamente con relación al traslado de estas personas a esa cárcel?”

Martínez Orabona: “En ACLU Puerto Rico estamos haciendo un llamado hace rato a que no se transfieran los detenidos de Puerto Rico fuera de nuestra jurisdicción. Eso para nosotros es un tema bien importante porque, contrario a lo que ocurre en otras jurisdicciones de EE.UU., recordemos que Puerto Rico no es un territorio contiguo. Entonces, tenemos unas dificultades mayores cuando los migrantes detenidos en Puerto Rico son trasladados a otras jurisdicciones, puede ser a cualquier parte de EE.UU.; los hemos encontrado en El Paso y en Río Grande (Texas), en Nuevo México, o sea, en distintos centros de detención. La realidad es que se hace bien difícil poder mantener una representación legal adecuada, pero además los familiares de esas personas quedan completamente desconectados. Es muy difícil viajar para llegar a estos centros y ver si hay la posibilidad de una visita, incluso, sin estas personas recibir una fianza, el derecho a la fianza y poder estar en libertad mientras cuestionan el proceso de deportación. Es muy difícil para estas personas el regreso a Puerto Rico, sumamente costoso, pero también difícil porque no cuentan la mayoría de ellos con los documentos que se requieren para viajar y entrar a Puerto Rico…En estos momentos, estamos analizando las posibilidades de una acción judicial en ese sentido”

En la segunda parte de la entrevista a Martínez Orabona abordamos el tema de las “ciudades santuario” en Puerto Rico y el suministro de información de licencias de conducir de indocumentados por parte del gobierno de la isla a las autoridades federales.

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.