
Miami Beach analiza la posibilidad de habilitar un programa piloto que autorizaría la venta regulada de alcohol en ciertas playas públicas, una medida que modificaría las prácticas actuales de consumo en el espacio costero. Según la agenda oficial de la Comisión de Miami Beach, el debate gira en torno a una propuesta concreta que faculta a la empresa Boucher Brothers para operar quioscos de bebidas alcohólicas en zonas delimitadas, entre ellas el área comprendida por Lummus Park y 21st Street. De acuerdo con la documentación municipal, este tema ha formado parte de las sesiones a lo largo de 2025 y refleja la intención de las autoridades de abordar retos vinculados al turismo, el comercio informal y la seguridad pública.
El expediente presentado ante la Comisión señala que el consumo y la venta no autorizada de alcohol en la playa representan un desafío habitual para los organismos de control locales. Según los informes policiales consultados por los funcionarios municipales, la presencia de vendedores ambulantes y el consumo sin regulación originan dificultades para el control del orden y la prevención de incidentes. Frente a ello, las autoridades consideran que una venta formal bajo condiciones estrictas permitiría supervisar la actividad, establecer medidas precisas de seguridad y generar recursos fiscales adicionales para el municipio.
De acuerdo con las deliberaciones del Comité de Finanzas y Resiliencia Económica, el proyecto de autorización se diseñó para operar como una prueba piloto de un año de duración. Esto permitiría evaluar sus efectos antes de considerar una implementación a largo plazo. Entre los puntos discutidos figuran la repartición de ingresos con la empresa concesionaria, la definición de horarios y productos autorizados, y el despliegue de medidas de control para verificar el cumplimiento de la normativa por residentes y visitantes.
Según la información recogida en los documentos oficiales de la ciudad, el programa piloto permitiría la venta de cerveza, vino y champán en envases preaprobados, exclusivamente en puntos de playa operados por Boucher Brothers y en un horario de 11:00 a 18:00. De acuerdo con la propuesta, la actividad se limitaría a ciertas zonas, bajo la premisa de controlar mejor el consumo y reducir la venta ilegal. Todo el personal encargado de la venta deberá solicitar identificaciones oficiales para confirmar la edad de los compradores, en conformidad con el código municipal y la normativa sobre bebidas alcohólicas del condado de Miami-Dade.
El proyecto establece que los quioscos cuenten con señalización visible, materiales informativos para el consumo responsable y la prohibición de expendio a menores. En paralelo, las autoridades prevén la contratación de refuerzos policiales fuera de servicio y de personal de seguridad para monitorear el cumplimiento de las reglas en el área de playa autorizada, como lo expresan los documentos elaborados por la Comisión de Miami Beach para sustentar la iniciativa.
El acuerdo previsto con Boucher Brothers contempla un porcentaje garantizado del 25% al 30% de los ingresos brutos para el municipio, con un piso estimado en 250.000 dólares anuales durante la prueba piloto, según detalla el registro del Comité de Finanzas. Esta estructura busca asegurar que la administración local perciba beneficios proporcionales a la demanda registrada, sin renunciar a recursos básicos en caso de fluctuación en el número de visitantes o variaciones en el consumo.
De acuerdo con los análisis técnicos en poder de la Comisión y la administración municipal, los partidarios del plan consideran que el sistema regulado facilitaría la reducción del mercado negro de bebidas alcohólicas y la aplicación más estricta de leyes locales sobre convivencia y seguridad. Además, la iniciativa podría incrementar la recaudación para el municipio y permitir que los recursos obtenidos se destinen a reforzar el patrullaje, la limpieza y otras tareas operativas en la playa.
En contraste, algunos funcionarios y sectores ciudadanos manifestaron reparos ante la posibilidad de que la medida afecte la imagen pública de Miami Beach y la experiencia de residentes. De acuerdo con la comisionada Tanya Katzoff Bhatt, citada en el registro oficial de debates, el ensayo debería circunscribirse a un período acotado, con evaluación sistemática de resultados y sin comprometer a la ciudad en el largo plazo. La recomendación de este sector es limitar la habilitación inicial y postergar cualquier decisión definitiva hasta tener datos completos sobre el impacto social, turístico y económico.
Según el estado del expediente al 23 de julio de 2025, el programa piloto de venta de alcohol en la playa no ha recibido aprobación definitiva por parte de la Comisión de Miami Beach. El tema sigue en revisión técnica, pendiente de más audiencias y modificaciones de normativa, en tanto las distintas áreas del municipio, representantes comerciales, entidades vecinales y operadores turísticos continúan presentando observaciones y propuestas ante la autoridad local.
El procedimiento legislativo prevé nuevas sesiones de análisis, donde la Comisión podría optar por introducir ajustes en los términos de la concesión, el alcance territorial de la medida, los criterios de control o la duración del ensayo. Una vez que se expida el cuerpo deliberativo y, si corresponde, se sancione una ordenanza modificatoria, la entrada en vigor quedaría sujeta a la instrumentación administrativa y la firma de los contratos definitivos con el concesionario.

Según el expediente municipal y los análisis técnicos del área financiera, el plan permitiría diversificar las fuentes de ingreso del municipio y establecer prácticas reguladas de consumo en la playa. La intención de las autoridades es dotar de herramientas para reducir la oferta clandestina, promover hábitos de consumo responsable y contar con fondos adicionales para fortalecer servicios públicos asociados al turismo y el orden en la vía pública.
En la fase preparatoria, la municipalidad organizó espacios de consulta donde residentes y empresarios presentaron posiciones divergentes. Algunos vecinos expresaron inquietudes sobre la posible concentración de turistas en los puntos habilitados y los efectos sobre la tranquilidad de ciertos barrios. En tanto, representantes comerciales mencionaron la posibilidad de ampliar la oferta de servicios y mejorar el atractivo de Miami Beach para segmentos de visitantes acostumbrados a consumir alcohol en la playa de modo supervisado, según consta en el expediente general del municipio.
El código municipal de Miami Beach, junto a la normativa estatal y del condado, establece restricciones al consumo y la venta de alcohol en la vía y espacio público. La posible instrumentación de un programa piloto significaría una excepción fundamentada en razones de interés público y con condiciones específicas de fiscalización. Cualquier concesionario estará obligado a cumplir con controles rigurosos de identificación, capacitación de personal, protocolos de venta y reportes periódicos sobre incidentes o faltas a la normativa, como documentan las ordenanzas y resoluciones en discusión.
Las áreas técnicas del municipio colaboran en el desarrollo de procedimientos de formación y monitoreo, junto con posibles evaluaciones de satisfacción y percepción ciudadana tras los primeros meses de ensayo. El seguimiento del cumplimiento, la recolección de datos y la elaboración de informes influirán directamente en la continuidad o modificación de la política tras el período de prueba.