.png)
hace 1 día
2
La controversial ley política nacional que el presidente Donald Trump firmó el viernes todavía no se ha secado, y los gobiernos estatales ya se están preparando para el impacto que tendrá, ya que Washington les transfiere gran parte de la carga de la atención médica, asistencia alimentaria y otros programas.
El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, y los líderes legislativos podrían celebrar una sesión especial para abordar la nueva ley, pese a que el presupuesto estatal recientemente aprobado ya incluye $100 millones de dólares para cubrir el déficit de fondos federales.
Asimismo, la gobernadora demócrata Katie Hobbs de Arizona advirtió que incluso con el fondo de emergencia de $1,600 millones de dólares a su estado será insuficiente para afrontar lo que se acerca, porque “aunque recortemos todos los gastos del estado, no tenemos el dinero para compensar todos estos recortes”.
Incluso previamente a la aprobación final del proyecto de ley, las capitales estatales se enfrentaban a una desaceleración económica y a los recortes del gasto federal implementados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ahora se espera que administren nuevos y complejos requisitos laborales para Medicad y la asistencia alimentaria, que reformen algunas bolsas estatales de seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y que decidan cuánto pueden hacer para mantener a sus ciudadanos asegurados y alimentados una vez que empiecen a perder la asistencia federal.
“Lo que está sucediendo en Washington D.C., está socavando todo lo que hemos estado trabajando”, expresó la gobernadora demócrata Laura Kelly de Kansas.
Los presupuestos estatales han sido por lo general sólidos een los últimos años como resultado de miles de millones de dólares en fondos de ayuda para la covid-19, el crecimiento económico y un mercado bursátil récord que ha generado más impuestos de lo que se estimaba.
Un sólido informe de empleo publicado el jueves dio a conocer ser más prometedor, en gran parte porque el aumento en el empleo en el gobierno estatal y local en junio ocultó el estancamiento del crecimiento laboral en el sector privado
Muchos estados de ambos partidos, han reducido con entusiasmo los impuestos para residentes y empresas. Ante los profundos recortes federales, algunos estados posiblemente se inclinarán a pausar las mencionadas reducciones en vez de revertirlas, aseguró Jared Walczak, vicepresidente de proyectos estatales de la Tax Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la política fiscal que generalmente favorece a la reducción de impuestos.
No obstante, en las últimas semanas, los estados han tratado de equilibrar los presupuestos plagados de incertidumbres. Los ejercicios fiscales de la mayoría de los gobiernos estatales iniciaron el martes, pero los gobernadores y legisladores han tenido que estar alerta a las disposiciones específicas del proyecto de ley federal que podrían tener consecuencias desproporcionadas, como un fondo de $50 mil millones de dólares para hospitales rurales para compensar el impacto de los recortes de Medicaid (que al final se incluyó) y la venta de millones de acres de tierras públicas (que no se incluyó).
Ahora que la letra pequeña del paquete de Trump se está ampliando, Carl Davis, director de investigación del Instituto de Impuestos y Política Económica, un grupo de investigación de izquierda, declaró que los estados tendrían tres opciones principales para abordar la ley.
“Pueden reducir sus inversiones en salud y asistencia alimentaria, que se ven directamente afectadas por la legislación federal“, declaró. Podrían redistribuir el dinero para preservar el seguro médico: ‘Oigan, no queremos que 600,000 habitantes de Carolina del Norte pierdan su seguro médico, pero para lograrlo vamos a recortar fondos de la educación’.
Aunque se podrían ver aumento de impuestos, dijo. “Algunos estados utilizarán una combinación de las tres opciones”
“La ley del Sr. Trump incluye casi un billón de dólares en recortes a Medicaid para 2034, lo que reducirá drásticamente el programa que financia la atención médica de aproximadamente 78 millones de adultos y niños. También reduce drásticamente el gasto federal en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que proporciona pagos mensuales de asistencia alimentaria a unos 42 millones de personas”, agregó Davis.
Un nuevo requisito de los beneficiarios de Medicaid demuestren su trabajo cada seis meses, además deja a los estados con la difícil tarea de desarrollar sistemas de software que podrían causar retrasos en la inscripción o dejar sin atención médica a niños y padres elegibles.
En este sentido, los estados gestionan sus propios mercados para vender seguros médicos subsidiados por medio de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, tendrán que imponer trámites adicionales a los beneficiarios. Aparte, los estados deben aplicar los nuevos requisitos laborales del SNAP.
Georgia, que amplió Medicaid en 2023 a las personas de bajos recursos que pudieran demostrar su empleo, solo el 3% de los georgianos sin seguro con ingresos calificados estaban inscritos en el programa, que costó casi $92 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto de Presupuesto y Política de Georgia, una organización sin fines de lucro.
Para los 40 estados que extendieron Medicaid a los trabajadores de bajos ingresos bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el destino de esa cobertura ha sido particularmente preocupante.
Muchos estados, principalmente aquellos que ampliaron Medicaid, imponen impuestos a los proveedores médicos para conseguir una mayor contribución federal, el gobierno federal reembolsa a los hospitales y otros proveedores ese pago a impuestos, lo que permite el límite al que ciertos estados pueden gravar a los proveedores, un fuerte golpe que se asestará en 2028.
Entre los estados que podrían perder más del 7.5% de su financiación federal total de Medicaid se encuentran los siguientes: Arizona, Nuevo Hampshire, Nevada, Iowa, Vermont, Michigan y Oregón, según un análisis del New York Times.
Todavía así, la respuesta de los gobernadores a la nueva ley de Trump se ha dividido en gran medida, según las líneas partidistas.
En un comunicado, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, aseveró que “la asistencia pública debería ser una ayuda, no un estilo de vida”.
“Al exigir que los adultos sanos trabajen, sean voluntarios o se capaciten como condición para recibir prestaciones, el proyecto de ley refuerza la dignidad del trabajo”, afirmó.
El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, predijo que la ley “devastaría a las zonas rurales de Estados Unidos” y que “nuestra economía sufrirá”. La calificó como “la peor legislación que he visto en mi vida”.
Por su parte, la vocera, Elisabeth Shepard, de la gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, dijo que “solo los recortes en las cuotas de los proveedores” supondrían un recorte de más de $10 mil millones de dólares en 10 años del programa estatal de Medicaid.
También añadió que “la gobernadora está ordenando a las agencias estatales que evalúen urgentemente el impacto del presupuesto federal en Oregón”.
En California, los funcionarios estatales señalaron que la ley probablemente causaría que 3.4 millones de personas perdieran su seguro médico y que al menos 735,000 perdieran sus prestaciones alimentarias.
Se estima que las zonas rurales del estado sean las más afectadas. No existen casi hospitales en las zonas menos pobladas de California, y la pérdida de fondos federales podrían empujar a algunos a cerrar o reducir su personal. Las autoridades del estado proyectan que unos 217,000 californianos perderán sus trabajos debido a los recortes de fondos, la mayoría en el sistema de salud y algunos en la distribución de alimentos.
En una rueda de prensa la semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, subrayó varios hospitales con dificultades financieras en distritos republicanos que ahora enfrentan un riesgo más grande.
“Están destruyendo un sistema ya vulnerable”, declaró el demócrata.
Cabe destacar, de acuerdo al Walczak, de la Tax Foundation, que incluso después de enero de 2027, cuando entren en vigencia los cambios más importantes, los estados podrán pedir prórrogas de hasta dos años para implementar los requisitos laborales de Medicaid, limitando el esfuerzo que tendrán que hacer para abordar estos problemas de inmediato.
Al menos un gobernador demócrata se mostró menos pesimista. El gobernador, Josh Green, de Hawái y también médico, aseguró que no preveía ningún cierre de ningún hospital, en parte debido a sus propias peticiones al Dr. Mehmet OZ, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, sobre la atención médica rural.
“La gente debe saber que vamos a estar bien”, manifestó Green. “No necesitaremos una sesión especial, y no tendré que ajustar nada más ahora mismo, ni siquiera las exenciones fiscales que hemos otorgado a las personas con dificultades”.
Por otro lado, algunos gobernadores republicanos adoptaron una postura más expectante, ni optimista ni pesimista.
“Es evidente que he apoyado esta legislación”, apuntó el gobernador Bill Lee de Tennessee. “Estados Unidos la necesita. Pero analizaremos su resultado cuando finalmente esté aprobada y determinaremos cómo afecta a los habitantes de Tennessee, y entonces el estado decidirá qué respuesta tiene para garantizar que nuestra gente esté bien atendida”.
Después de que el vicepresidente J.D. Vance emitiera el voto decisivo en el Senado, el gobernador Jim Pillen de Nebraska celebró la medida en redes sociales por “apoyar a las familias, impulsar la agricultura, extender las reducciones de impuestos, preservar los programas federales de seguridad social y fortalecer nuestras operaciones militares y de seguridad nacional cruciales”.
Ese mismo día, una clínica al suroeste de Nebraska anunció su cierre después de 30 años de servicio.
“Desafortunadamente, el entorno financiero actual, impulsado por los recortes presupuestarios federales previstos para Medicaid, nos ha impedido seguir operando todos nuestros servicios, muchos de los cuales han enfrentado importantes desafíos financieros durante años”, dijo Troy Bruntz, director ejecutivo del Hospital Comunitario de Curtis, una ciudad de alrededor de 800 habitantes, a más de tres horas al oeste de Lincoln.
Sigue leyendo:
English (US) · 
Spanish (ES) ·