Fallo de la Corte Suprema contra ciudadanía por nacimiento llevaría a una "subclase” de niños nacidos en EE.UU., alega demanda

hace 21 horas 3

Nueva York – La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para revocar la ciudadanía por nacimiento ya ha provocado demandas de clase o colectivas en al menos dos estados como la opción legal para frenar los planes del presidente Donald Trump.

El fallo que emitió este viernes la mayoría conservadora, 6 a 3, básicamente devolvió los casos que impugnan la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump a los tribunales inferiores.

La orden ejecutiva, firmada en enero, busca negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres que residen en el país de forma ilegal o temporal. Para el presidente, el derecho a la ciudadanía por nacimiento consignado en la Constitución federal es un “imán para la inmigración ilegal”.

Ayer, la Corte Suprema impuso límites a la capacidad de los tribunales de menor nivel para detener esa política federal.

Los jueces aclararon, sin embargo, que la decisión no entró en los méritos o en la constitucionalidad de la orden ejecutiva.

La decisión del máximo foro más bien dejó espacio para reparaciones través de la presentación de demandas colectivas. Lo anterior abrió la posibilidad de que las personas o partes en contra de la política de la Administración Trump puedan obtener un alivio a nivel nacional y solicitar la certificación como grupo.

Esto es importante porque sin órdenes judiciales sobre casos colectivos, el Gobierno podría negar a miles de bebés su derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense.

Demanda en Maryland busca bloquear orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento

Una de las demandas fue presentada por CASA Inc., Asylum Seeker Advocacy Project y un grupo de embarazadas ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Divisón de Greenbelt. Mediante el recurso, los demandantes le pidieron al juez que bloquee la orden ejecutiva que pone en riesgo la ciudadanía por nacimiento.

“La orden ejecutiva constituye una flagrante violación de la Decimocuarta Enmienda, una ley federal, y de la historia que subyace a dichas leyes, las cuales garantizan el derecho fundamental a la ciudadanía para todos los niños nacidos en EE.UU. El presidente no tiene autoridad unilateral para denegar derechos protegidos por la Constitución o las leyes federales”, lee parte de la denuncia.

En la demanda se argumenta que la decisión del alto foro provocará un caos legal.

“Con su desvío sin precedentes del concepto establecido de ciudadanía por derecho de nacimiento, la orden ejecutiva sumió en el caos sistemas arraigados, obligando a las familias a desenvolverse en un régimen ineficaz para determinar la ciudadanía de los niños nacidos en EE.UU. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses han podido usar su certificado de nacimiento como prueba de ciudadanía estadounidense desde hace tiempo, pero la orden ejecutiva ahora plantea la posibilidad de que se necesite algo más, aunque no está claro qué”, plantea el escrito.

Bajo causas de acción, el texto señala que las acciones ejecutivas, incluidas las órdenes emitidas por un presidente, pueden ser impugnadas como ultra vires cuando violan la Constitución y las leyes de EE.UU.

Ultra vires se refiere a acciones tomadas por una persona, organización u entidad que exceden su autoridad legal.

“Los demandados carecen de autoridad para ignorar una ley del Congreso que reconoce la ciudadanía. Al negarse a reconocer la ciudadanía reconocida por una ley del Congreso y al tomar medidas incompatibles con dicha ciudadanía, las acciones descritas anteriormente violan el Título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1401, y otras leyes federales, y constituyen una (acción) ultra vires”, argumentan los demandantes.

Entre otras cosas, los denunciantes solicitan que el tribunal declare que el decreto titulado “Protección del Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense” es inconstitucional e inválida y que viola el Título 8, así como otras leyes federales.

El grupo pide además que la corte establezca que todos los niños nacidos en los EE.UU. de padres no ciudadanos cubiertos por la orden ejecutiva son ciudadanos de EE.UU. y tienen derecho a todos los derechos y privilegios que dicha condición proporciona, independientemente de la condición migratoria de sus padres. Por otro lado, los peticiones reclaman una orden judicial preliminar y permanente que prohíba a las autoridades cumplir con la orden ejecutiva o tomar cualquier otra medida que no reconozca la ciudadanía a las personas nacidas en EE.UU. hijos de no ciudadanos.

“Me entristece lo que la decisión de hoy significa para todos los padres cuyos hijos no están protegidos por la orden judicial preliminar y que ahora están aún más preocupados por el futuro de sus hijos”, declaró en una conferencia de prensa una de las demandantes que usó como seudónimo “Liza” para identificarse. “Seré representante de la clase para que todas las familias preocupadas por el derecho constitucional de sus hijos, la ciudadanía por nacimiento, no tengan que recurrir a los tribunales para garantizar que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense”, añadió.

Otra demanda en New Hampshire

Otra demanda similar fue presentada, en nombre de padres, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Hampshire, Maine y Massachusetts; Legal Defense Fund, Asian Law Caucus, y Democracy Defenders Fund, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de New Hampshire.

En este caso en particular, los demandantes alegan que permitir que la orden siga vigente “promovería la creación y perpetuación de una subclase” de niños nacidos en EE.UU., pero que carecen de reconocimiento legal fundamental y enfrentan el estigma debido a su estatus novedoso e incierto.

“Al atacar el principio de que todos los niños nacidos en este país son ciudadanos, la orden incitará a un cuestionamiento persistente de la ciudadanía de los hijos de inmigrantes, en particular de los niños de color”, expone el recurso judicial.

La acción de clase alerta además que, al llegar a la edad adulta, a los menores, si se les priva de su ciudadanía, se les negará el derecho a votar en las elecciones federales, formar parte de jurados federales, ocupar numerosos cargos electivos y trabajar en diversos empleos federales.

Entre otros remedios, la medida cautelar pide declarar que la orden ejecutiva es inconstitucional e ilegal en su totalidad y prohibir preliminar y permanentemente a los demandados, o sea el Gobierno, hacer cumplir el decreto.

La intención de los demandantes es que el tribunal decida sobre su petición antes de que el fallo de la Corte Suprema entre en vigor en 30 días.

Michael Meyerson, profesor en University of Baltimore School of Law, explicó en 11 News que las demandas colectivas son “la única manera de evitar que dos millones de personas presenten dos millones de demandas individuales , lo que no hace sentido”.

“Va a ralentizar la justicia, pero puede que no la detenga”, anticipó el académico.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Joseph Malouf, aclaró, en entrevista con Telemundo Noticias, que los bebés nacidos en Estados Unidos siguen siendo ciudadanos estadounidenses, al menos por el momento.

“Por el momento, y lo enfatizo, temporalmente. Pudiera ser que, después de 30 días, bebés que nazcan en estados donde no haya una orden de un juez suspendiendo la aplicación de la orden ejecutiva, que esos niños van a nacer sin país. Yo creo que es temporal porque eventualmente, cuando la Corte decida el mérito de la demanda y encuentren que es inconstitucional la orden, a esos niños se les va a poder dar la ciudadanía”, explicó.

Malouf recalcó que lo anterior aplica a los estados en los que no hay una demanda contra la orden.

Indicó, además, que con la decisión del Supremo, se le otorgó más poder Ejecutivo a Trump.

“Muchas decisiones que el presidente toma, inconstitucionales o extremas, la Corte no va a poder pararlas a nivel nacional. Van a tener que haber demandas en cada estado, prácticamente, para poder pararlo, algo que le da más poder al Ejecutivo de lo que tenía antes, y el poder en manos de una persona que, definitivamente, lo utiliza”, declaró.