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hace 2 días
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MIAMI.- La ley HB 915, también conocida como “Ley de anuncios de servicios de representación”, fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el objetivo de combatir el “fraude notarial” entre la comunidad inmigrante.
La disposición legal exige que los notarios públicos sin licencia de abogado indiquen claramente en sus oficinas y anuncios que no están acreditados para ejercer la abogacía.
A partir de la ley, las personas que se dedican a esta labor deben incluir el aviso explícito: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.
Además, la ley prohíbe el uso de términos engañosos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, entre otros, que puedan inducir a error para sus clientes.
La legislación también contempla recursos legales para las víctimas, quienes podrán demandar por daños y perjuicios, incluyendo el cobro de honorarios de abogados en procesos civiles.
En muchos países de Latinoamérica, un “notario público” es un profesional legal con alta capacitación, similar a un abogado, que puede ofrecer asesoramiento y redactar documentos legales.
Sin embargo, en Estados Unidos, un notario público es un funcionario con autoridad limitada para atestiguar firmas, sin experiencia legal ni autorización para brindar asesoramiento en inmigración, explicaron los ponentes de la nueva norma.
Apoyos y críticas a la legislación
La ley HB 915 recibió un apoyo casi unánime en ambas cámaras legislativas de Florida. En la Cámara de Representantes, fue aprobada con 114 votos a favor y solo 1 en contra, mientras que en el Senado logró aprobación unánime.
El proyecto fue impulsado por legisladores demócratas, incluyendo a las representantes Johanna López y Marie Paul Woodson, y la senadora Tina Polsky.
La senadora Polsky explicó que “el fraude notarial ocurre cuando individuos sin escrúpulos, que a menudo se presentan como notarios o consultores de inmigración, ofrecen servicios legales que no están calificados para proporcionar”.
Le legisladora destacó que este malentendido lingüístico crea una brecha peligrosa que los estafadores explotan.
Organizaciones de defensa de derechos, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, a través de su consultor Thomas Kennedy, calificaron el proyecto de ley como “un paso en la dirección correcta”.
Kennedy afirmó que la población migrante está “más desesperada por ajustar su estatus” y “es más vulnerable que nunca a ser víctima de abusos”.
El activista subrayó que el fraude notarial ha sido particularmente grave en zonas como el sur y centro de Florida, donde individuos sin preparación legal cobran miles de dólares por trámites mal gestionados que, en muchos casos, terminan en consecuencias tan graves como la deportación.
Incluso sectores conservadores y religiosos manifestaron su respaldo. Michael Sheedy, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, celebró la medida.
El senador republicano Tom Leek también colaboró en el refinamiento del proyecto de ley, lo que demuestra el carácter bipartidista de la iniciativa.
El único voto en contra en la Cámara de Representantes provino del republicano Kiyan Michael, quien basó su oposición en experiencias personales relacionadas con la inmigración ilegal. Esta oposición singular contrasta con el amplio consenso que recibió la medida.
Posición de DeSantis
La firma de la ley HB 915 contrasta con otras iniciativas legislativas que ha respaldado el gobernador DeSantis, en busca de endurecer las políticas contra la inmigración irregular.
DeSantis ha sido un crítico frecuente del manejo de la frontera sur por parte de la administración del expresidente Joe Biden y ha impulsado medidas para “blindar” a Florida de inmigrantes irregulares.
A pesar de su postura general, la firma de esta ley sugiere un reconocimiento tácito de la vulnerabilidad de la comunidad inmigrante ante prácticas fraudulentas.
Contexto del problema
Florida es uno de los tres principales estados con mayor población migrante en Estados Unidos, junto a California y Texas. Esta concentración demográfica ha creado un mercado significativo para servicios de inmigración, pero también ha generado oportunidades para prácticas fraudulentas.
La problemática del fraude notarial ha sido particularmente pronunciada en áreas con grandes comunidades hispanas, especialmente en el sur de Florida, donde muchos hispanohablantes han sido engañados al creer que trataban con expertos legales legítimos.
Estos fraudes han resultado en el manejo inadecuado de solicitudes de visas, tarjetas de residencia, permisos de trabajo e incluso aplicaciones de ciudadanía.
Con la implementación de la ley HB 915 que entra en vigor el 1 de julio se espera un impacto significativo en la reducción de prácticas fraudulentas en el ámbito de servicios de inmigración.
Al requerir avisos claros y prohibir terminología engañosa, la legislación busca empoderar a los consumidores con información necesaria para tomar decisiones informadas sobre servicios legales.
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