Gobernadora de Puerto Rico asegura que nuevo contrato con New Fortress para suplido de gas natural se traducirá en ahorros

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NUEVA YORK – La Junta de Control Fiscal (FOMBPR) deberá aprobar el nuevo acuerdo del gobierno de Puerto Rico con la empresa New Fortress Energy (NFE), matriz de Genera PR, para la compra de gas natural licuado (LNG), que anunció la Administración de la gobernadora Jenniffer González este martes.

Con el nuevo convenio, las autoridades en Puerto Rico se atribuyeron haber logrado ahorros significativos.

“Con la protección de los intereses del pueblo como norte, hoy anunciamos que luego de un proceso de negociación exhaustivo a se logró modificar sustancialmente el acuerdo con NFE el cual provee marcados ahorros al erario y mayores protecciones a la gente. De eso se trata, de lograr el mejor negocio para Puerto Rico”, comentó la gobernadora.

El contrato, que inicialmente se extenderá por 7 años con opción de prolongarse a 3 años más, asciende a $4,000 millones de dólares. Lo anterior equivale a una reducción de 80% si se compara con los $20,000 millones del acuerdo previo que se extendía por 15 años.

Las conversaciones que se tradujeron en el contrato involucraron al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3 o AAPP), Josué Colón, quien además fue nombrado por la gobernadora “Zar de energía”; el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

La Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) fue la entidad que tramitó las negociaciones a nombre de la AAPP.

Otro detalle importante del contrato pospuesto con fecha del 28 de junio es que elimina la cláusula de exclusividad en el uso de terminal de New Fortress en la bahía de San Juan.

“Puerto Rico mantiene flexibilidad para diversificar sus suplidores de gas natural. Si NFE falla por alguna razón, o sea no puede suplir el combustible, con el contrato recomendado ahora de septiembre, el terminal lo puede usar otro suplidor”, señaló la gobernadora.

Otra disposición en el contrato establece que NFE asumirá el 100% del costo de combustible alterno si no cumple con el suministro de gas natural.

En el comunicado, la Administración González destacó como otros beneficios del contrato los precios más competitivos, ya que rebaja la fórmula del precio del gas natural para las unidades temporeras (se reduce el “Adder” de $10.29 a $7.95) y se mantiene la misma fórmula de precio acordada en el 2019 para las unidades San Juan 5 y 6 (se mantiene el “Adder” en $6.50).

“En otras palabras, no se aumentó el precio en las Unidades 5 y 6, se quedó al precio más bajo del contrato previo firmado en el 2019, y se redujo en las Temporeras el precio a $7.75”, resumió el Gobierno.

De acuerdo con los cálculos provistos, los precios acordados representarán ahorros anuales estimados en exceso de $50 millones anuales, “lo que se traduce en ahorros estimados en exceso de $350 millones por la duración del acuerdo”.

En respuesta al acuerdo, NFE divulgó un parte de prensa en el que afirma que el acuerdo apoyará los esfuerzos de Puerto Rico para reemplazar los combustibles líquidos, costosos y con mayores emisiones, por gas natural más limpio, lo que generará ahorros significativos para los contribuyentes puertorriqueños.

“Desde abril, hemos mantenido conversaciones con el gobierno de Puerto Rico sobre el suministro de combustible a largo plazo y nos complace haber llegado a un acuerdo”, declaró Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy. De acuerdo con el ejecutivo, el convenio ofrece dos beneficios claves para la isla. El primero es que garantiza el suministro en San Juan durante los próximos 7 años para las centrales eléctricas que actualmente funcionan con gas natural.

El segundo es que asegura un incremento en los volúmenes de gas natural y la conversión de plantas adicionales que actualmente utilizan diésel, lo que, de acuerdo con la empresa, se traducirá en “cientos de millones de dólares” en ahorros energéticos.

“Se pueden suministrar hasta 75 TBtu de gas natural al año a través del GSA, con volúmenes mínimos anuales en firme de 40 TBtu, que pueden aumentar hasta 50 TBtu si se cumplen ciertas condiciones”, añade el comunicado de NFE.

Para Colón, el acuerdo contribuye al proceso de transición energética de Puerto Rico.

“El uso de gas natural como combustible de transición, además de representar ahorros sustanciales en comparación con el ‘Bunker C’ y el diésel, permite mejorar la eficiencia en la generación eléctrica, reduce emisiones y costos de mantenimiento y operación, al tiempo que se avanza hacia un futuro energético más sostenible y alineado con las metas de resiliencia del sistema eléctrico”, planteó el Zar de energía.

Precisamente, una de las críticas recurrentes de grupos ambientalistas es el aumento en la conversión y uso de gas natural como respuesta a la crisis eléctrica y los apagones en la isla.

A juicio de los detractores de la industria de los combustibles fósiles, un sistema más resiliente, eficiente y menos costoso requeriría priorizar y ampliar la energía solar distribuida en techos con sistemas de baterías.

En mayo del año pasado, precisamente, Edens y su homólogo en Genera PR, Brannen McElmurray, detallaron en una conferencia ante inversionistas que interesaban triplicar el uso de gas natural en la isla hasta convertirlo en el principal combustible a largo plazo.

Las expresiones con motivo de la exposición de los resultados de la empresa en el primer trimestre del referido año provocó debate dentro y fuera de la isla, y avivó los argumentos de los grupos que consideran que el interés de New Fortress no es incentivar el uso de equipos de energía solar sino gasificar la isla.

Por otro lado, persiste la preocupación por la falta de liquidez financiera de NFE. En el segundo trimestre de este año, la compañía reportó pérdidas de $557 millones y un ajuste de $699 millones en valor de activos.

Sobre esto, la Administración González indicó: “Reconocemos que persisten retos asociados a la situación financiera de NFE, pero el nuevo marco contractual coloca a Puerto Rico en una mejor posición para balancear accesibilidad al gas natural, prudencia fiscal y seguridad energética, protegiendo a la vez los intereses del pueblo de Puerto Rico, lo que es el norte de la administración de nuestra gobernadora”.

El acuerdo al que llegó el Gobierno con NFE fue sometido a la Junta para su consentimiento.

El 9 de julio, el organismo creado en virtud de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) en el Congreso de EE.UU., frenó la aprobación del contrato por sus implicaciones financieras y su incompatibilidad con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Dada la magnitud del Contrato Propuesto y la naturaleza crítica de los servicios en juego, sería irresponsable que la Junta de Supervisión lo revisara a fondo en tan poco tiempo”, alertó la Junta en una carta enviada a Colón.

“Tras una revisión inicial del Contrato Propuesto, junto con la documentación e información proporcionada por la 3PPO en nombre de Genera, la Junta de Supervisión ya identificó inconsistencias en la Solicitud de Propuesta (RFP), falta de competencia en el mercado e incumplimiento del Plan Fiscal de la AEE”, añade el documento.

La misiva de la Junta además señalaba que la ejecución del contrato ataría a la isla a un compromiso a largo plazo con un solo proveedor, lo que podría traducirse en un monopolio.

“Incluye una disposición que concentra el suministro de GNL para la demanda actual y futura, excepto en Mayagüez, en una sola entidad privada, lo que expone a la isla a un acuerdo monopolístico que, en última instancia, pondría en peligro la seguridad energética al obligar al pueblo de Puerto Rico a comprar cantidades de GNL que exceden significativamente la capacidad actual y futura del sistema energético”, detalla el texto.

La Junta añadió que las consecuencias de aceptar los términos del contrato a 15 años eran contrarias a los esfuerzos más amplios para la transicionar a un sistema energético más sostenible y resiliente.

“Como mínimo, el Contrato Propuesto requiere una revisión y un análisis transparentes y minuciosos”, emplazó la FOMBPR.

“El Contrato Propuesto debería reflejar con mayor precisión las necesidades reales de combustible de la AEE, ajustarse a las expectativas de costos de GNL del Plan Fiscal y permitir ajustes futuros a medida que la demanda energética y las políticas públicas evolucionen. Sin estas salvaguardas, la AEE corre el riesgo de incurrir en gastos adicionales que podrían debilitar aún más su posición financiera y limitar su capacidad para proporcionar electricidad asequible y confiable a la población de Puerto Rico”, añadió el organismo.

En declaraciones dos días después, la Junta rechazó haber aprobado en el 2018 el contrato entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP) y New Fortress para sus operaciones en el Puerto Nuevo de San Juan para importación y manejo de gas.

“El zar de la energía de Puerto Rico, Josué Colón, declaró, y fue citado en varios medios, que la Junta de Supervisión aprobó este contrato de 2018 bajo su política de revisión de contratos. Esta declaración es incorrecta. Como se indica en la carta de la Junta de Supervisión al Sr. Colón del 9 de julio de 2025, este contrato nunca fue presentado a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación”, aclaró la Junta.