Impunidad, la otra cara de los presos deportados

“Gracias a Dios ya tenemos la libertad. Agradecido con el Gobierno ecuatoriano y el Gobierno colombiano por darnos otra oportunidad”. Las palabras de un exconvicto colombiano recién liberado de una cárcel ecuatoriana, mientras era deportado a su país, reflejaban el ambiente festivo en el puente Internacional de Rumichaca. La imagen de esos deportados contrasta con la de los que salen de Estados Unidos, en vuelos dirigidos al sur del continente, esposados y cabizbajos, quienes al llegar a su destino cuentan que por la medida vieron truncados sus sueños y proyectos. 

La deportación de “criminales” que “desestabilizan la seguridad” de los países está de moda. Y bajo estas consignas, los gobiernos involucrados suelen cometer un sinfín de irregularidades y atropellos, mientras violan derechos y acuerdos internacionales. En el caso ecuatoriano, los expulsados habían sido condenados o eran investigados por cometer un delito. En otros, su “crimen” había sido migrar sin documentos. En julio, cuatro países de la región estuvieron involucrados en el intercambio forzoso de personas que, no en todos los casos, habían cometido un delito.

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Sin debido proceso

Como apuntan expertos entrevistados, el meollo del asunto no es la deportación en sí, sino la ausencia del debido proceso y de la observancia de los tratados internacionales, lo que desvirtúa la legalidad de la decisión y deja en segundo plano a la justicia. 

Por eso, Colombia no sabe a quienes recibió de Ecuador, cuando este país deportó a más de 800 presos a finales de julio, ni qué delitos cometieron o cuáles fueron sus condenas. Por eso, la mayoría de esas centenares de personas que Ecuador había judicializado por delinquir, salieron en libertad en el lado colombiano. 

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Una situación similar ocurrió con los presos, la mayoría políticos, que el 18 de julio entregó el régimen venezolano de Nicolás Maduro a Estados Unidos: uno de los diez excarcelados había sido condenado por matar a tres personas en Madrid, España. Y entre los 252 migrantes que recibió Venezuela, a cambio, se encontraban dos personas investigadas y solicitadas en extradición por la justicia chilena antes de su primer envío por parte de EE. UU. a una prisión en El Salvador. Pero, al igual que los casos anteriores, estas solicitudes no importaron, prevalecieron las decisiones políticas sobre las judiciales.

Ciertamente, el presidente de Ecuador Daniel Noboa había anunciado que deportaría presos colombianos para liberar espacio en sus cárceles. En su país, que lleva año y medio sumido en una guerra interna lanzada por el Gobierno, supuestamente para poner fin al crimen y la violencia, muchos celebraron la propuesta. La medida se basa en una ley recién aprobada que, en esas circunstancias, permite deportar a cualquier persona extranjera privada de libertad sin que haya cumplido la sentencia. 

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Pero esta nueva norma contradice acuerdos vigentes entre Colombia y Ecuador. Bernardo Gortaire, experto en integración regional y seguridad global, explica que desde los años noventa ambas naciones tienen un convenio que permite que los presos de un país cumplan sus condenas en el otro. Pero el intercambio debía ser coordinado, y Colombia debía haber recibido los expedientes de cada persona para garantizar que la decisión de la justicia ecuatoriana se cumpliera o, al menos, saber de qué se le acusó para, si es del caso, iniciar un nuevo proceso. 

Ese protocolo no se cumplió y, por ello, apenas 11 de los más de 800 deportados fueron recapturados en Colombia por tener solicitudes pendientes en el país. Ecuador solo comunicó la decisión y envió 340 expedientes el 8 de julio, pero dos semanas después, sin ninguna formalidad, expulsó en un mismo día a más de 600 personas, algunas de ellas incluso sin documentos. 

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, lo explica bien: “Ante la deficiencia o la falta de estrategias para reducir la criminalidad e impactar los mercados ilegales en América Latina, los gobiernos emprenden estrategias populistas que tiene una relación con la xenofobia”. 

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Según los cálculos del experto, esta medida que tiene gran impacto mediático no significa mayor cosa a la hora de reducir la población penitenciaria. “No genera un impacto real sacar a 800 privados de la libertad en Ecuador con una población penitenciaria de más de 20.000”, dijo. 

No se conoce públicamente el perfil de los presos que Ecuador deportó. Rivera opina que probablemente la mayoría había cometido delitos menores, ya que, en Ecuador, los extranjeros cometen solo cerca del 8 % de los delitos graves. Y advierte: “Si tú tienes un caso de violación, esa persona probablemente va a cometer una violación nuevamente, sea en Ecuador o en Colombia. Y lo que estás generando es un efecto contrario al que tú deseas, que es que esa persona que ha cometido un delito grave, esté apartada de la sociedad y reciba una sanción por ese delito”. 

Trasladar el problema

Este drama, que también se sostiene en las diferencias ideológicas de los gobiernos de turno, termina por beneficiar a las empresas criminales, apunta Gortaire. “Es un beneficio porque el hecho de que los países no sepan interactuar de una forma orgánica y de una forma integrada, es lo que al final hace que el crimen organizado pueda seguirse posicionando y pueda seguir sacando ventaja de los sistemas de un país o del otro”. 

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Mientras tanto, Rivera apunta un dato no menor: “Ecuador tiene una interdependencia con Colombia en relación con el narcotráfico y otras economías ilícitas desde la década de los ochenta”. Es decir, esta decisión de Noboa no solo envía el problema a Colombia, sino que no abona ni un poco a solventar la propia crisis de criminalidad que vive Ecuador. 

Otro caso, el de los más de 200 migrantes venezolanos encarcelados en Estados Unidos, enviados a una prisión en El Salvador y luego deportados a Venezuela, es aún más opaco, político y populista. La estrategia del gobierno de Nayib Bukele fue publicar la gran foto de supuestos criminales que bajaban encadenados de un avión de Estados Unidos con destino a una temida prisión en su país. En este caso, justificado en la necesidad de solventar “problemas de inseguridad en Estados Unidos”, cuando más de la mitad de los deportados solo habían transgredido las leyes migratorias. 

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La medida de enviarlos a prisión a un tercer territorio (El Salvador), además, no tiene claridad jurídica. Después de varios días tras su deportación a territorio venezolano, el ministro de Interior y Justicia de ese país, Diosdado Cabello, confirmó que solo 20 de los migrantes tenían cuentas pendientes en su país, siete de ellos por delitos graves. 

La falta de debido proceso también permitió que en ese grupo de deportados se colaran dos hombres solicitados por Chile por delitos graves, según una investigación de los medios de la Alianza Rebelde Investiga (El Pitazo, Runrunes y TalCual), Cazadores de Fake News, de Venezuela, y Sabes.cl, de Chile.  

Uno de ellos, Yordano Albeiro Contreras González, alias Mono Blanco, tenía medida de prisión domiciliaria en el país austral por presuntamente secuestrar, torturar y violar a su expareja. Acusado también por microtráfico de drogas, escapó a Estados Unidos, lo detuvieron en enero y luego lo deportaron a El Salvador, a pesar de que Chile había solicitado su extradición un mes antes. 

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Según la nota periodística, “la primera solicitud fue para extraditarlo desde Estados Unidos, pero el 15 de marzo ‘Mono Blanco’ fue enviado a El Salvador. Y después, el 19 de mayo el Ministerio Público de Chile realizó una segunda solicitud dirigida hacia ese país centroamericano, pero, antes de que se resolviera, fue enviado de regreso a Venezuela como parte del intercambio entre los gobiernos dirigidos por Donald Trump y Nicolás Maduro”. El texto también revela que Contreras está libre en Venezuela. 

Luis Tomás Murillo Piña, también detenido en Estados Unidos, encarcelado en El Salvador y devuelto a Venezuela, fue imputado en Chile por secuestro extorsivo y asociación criminal, y solicitado en extradición. Según los documentos que revisó la alianza periodística, la policía chilena había localizado a Murillo en Nueva York y en diciembre de ese año un juzgado chileno aprobó la solicitud de extradición. “Murillo Piña fue enviado de regreso a Venezuela el 18 de julio, junto a más de 250 migrantes que estaban detenidos en El Salvador, pero, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él no quedó en libertad. Está detenido en la dependencia de Interpol en Caracas”, cuenta la nota. 

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La opacidad y la arbitrariedad marcaron estos envíos, que tienen un origen claro. Como dice Gortaire, “estamos viviendo una época de transición de poder, de intereses en la agenda global y mucho tiene que ver con los Estados Unidos”. Explica que ese país ha sido hasta ahora el garante del sistema multilateral después de la Segunda Guerra Mundial junto a otros países.  

“No ha sido perfecto. Pero la capacidad hegemónica ha permitido que de alguna manera el entramado multilateral actual exista y que de alguna manera también se respeten esos tratados, porque al final en las relaciones internacionales los tratados se cumplen por buena voluntad. Y la buena voluntad se basa en que puede haber una consecuencia”, comenta el experto.

El experto explica que el hecho de que estemos entrando en este ciclo de cambio de las estructuras del derecho internacional no es nuevo en las dinámicas de las naciones. 

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“Que haya una ley, una estructura, un juez, un debido proceso… Es una victoria histórica, pero si la gente no exige que se respeten las estructuras, que se respete la ley, los actores políticos van a seguir moviendo las cosas hacia lo que más les convenga y lo que les mantenga en el poder”, añadió, aun si eso significa pasar por encima de los instrumentos internacionales que deberían garantizar que el Estado de derecho prevalezca más allá de las fronteras. 

CONNECTAS*

(*) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.