Juez ordena a Departamento de Salud dejar de compartir datos de Medicaid con agentes de deportación

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ordenó al Departamento de Salud de Estados Unidos que deje de dar acceso a los funcionarios de deportación a la información personal --incluyendo direcciones de domicilio— de los 79 millones de personas inscritas en Medicaid.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) entregó por primera vez los datos personales de millones de inscritos en Medicaid en un puñado de estados en junio. Luego que un artículo de The Associated Press identificara la nueva política, 20 estados presentaron una demanda para detener su implementación.

En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid firmaron un nuevo acuerdo que otorgó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acceso diario para ver los datos personales —incluyendo números de Seguro Social y direcciones de domicilio— de los 79 millones de inscritos en Medicaid del país. Ninguno de los acuerdos fue anunciado públicamente.

La extraordinaria divulgación de tales datos personales de salud a los funcionarios de deportación en la amplia represión de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump provocó inmediatamente la demanda legal por preocupaciones de privacidad.

El intercambio de datos de Medicaid es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para proporcionar al DHS más datos sobre migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.

La orden, emitida por el juez federal Vince Chhabria en California, impide temporalmente que el Departamento de Salud siga compartiendo datos personales de los inscritos en esos 20 estados, que incluyen California, Arizona, Washington y Nueva York.

“Usar datos de CMS para la aplicación de la ley de inmigración amenaza con interrumpir significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso ha considerado crítico para la provisión de cobertura de salud a los residentes más vulnerables del país”, escribió Chhabria en su decisión, emitida el martes.

Chhabria, designado por el presidente Barack Obama, dijo que la orden permanecerá en vigor hasta que el Departamento de Salud presente una “toma de decisiones razonada” para su nueva política de compartir datos con los funcionarios de deportación.

Un portavoz del Departamento de Salud federal declinó responder directamente si la agencia dejará de compartir sus datos con el DHS. El HHS ha sostenido que su acuerdo con el DHS es legal.

Los inmigrantes que no están viviendo legalmente en Estados Unidos, así como algunos inmigrantes con presencia legal, no tienen permitido inscribirse en el programa Medicaid que proporciona cobertura casi gratuita para servicios de salud. Pero la ley federal requiere que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que cubre sólo los servicios de emergencia de vida o muerte en salas de urgencias a cualquier persona, incluidos los no ciudadanos estadounidenses. Medicaid es un programa financiado conjuntamente entre los estados y el gobierno federal.

Los defensores de los inmigrantes han dicho que la divulgación de datos personales podría causar alarma entre quienes buscan ayuda médica de emergencia para ellos mismos o sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración ilegal han hecho que las escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos sean considerados peligrosos por algunos inmigrantes e incluso por ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada.

“Proteger la información privada de salud de las personas es de vital importancia. Y todos deberían poder buscar atención médica sin temor a lo que el gobierno federal pueda hacer con esa información”, indicó el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.