Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro a la entrada de su vivienda, estando bajo arresto domiciliario, en Brasilia, el 29 de agosto del 2025 (AP foto/Eraldo Peres)

(Desde San Pablo) Mientras el Tribunal Supremo Federal (STF) continúa con el juicio iniciado el lunes contra el ex presidente Jair Bolsonaro y otras siete personas, entre ellas antiguos ministros y generales, acusados de intento de golpe de Estado, en el Congreso brasileño está creciendo en estas horas un movimiento político para aprobar una ley de amnistía que favorezca tanto a los manifestantes involucrados en los saqueos de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023, como al propio Bolsonaro.

Fuentes parlamentarias han informado a Infobae que la propuesta está avanzando muy rápidamente con la idea de su rápida aprobación para poder aplicarla inmediatamente después de la sentencia prevista para el próximo 12 de septiembre. Partidos como Unión Brasil y Progresistas han decidido incluso abandonar la coalición de Gobierno para apoyar la amnistía del ex presidente. Al frente de esta articulación se encuentran políticos como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, ex ministro de Infraestructuras del Gobierno de Bolsonaro, y el pastor evangélico Silas Malafaia, en estrecha coordinación con los líderes del Partido Liberal, la familia Bolsonaro y los interlocutores más cercanos al ex presidente, entre ellos su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del Partido Republicanos, habría confiado a miembros del Gobierno que, si se dan los números y un “clima favorable”, no podrá impedir la votación. La mayoría simple necesaria ya estaría disponible, y el llamado centrão, el centro, solo estaría esperando el momento más oportuno para evitar un enfrentamiento directo con el STF. La discusión más delicada se refiere al alcance de la medida. El ala radical, representada por Eduardo Bolsonaro, presiona para que se apruebe una amnistía “amplia, general e irrestricta”, que podría incluir no solo a quienes participaron materialmente en los actos del 8 de enero, sino también a quienes los instigaron, hasta el propio Bolsonaro, con la posibilidad de anular su inelegibilidad y permitirle así presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. El centro, sin embargo, defiende una versión más “calibrada” del texto, limitando su alcance para garantizar un mayor consenso político. La idea es conceder una amnistía con la condición, sin embargo, de que Bolsonaro u otro miembro de su familia se retire formalmente de una futura candidatura a las presidenciales de 2026. También en el Senado el ambiente es favorable a la amnistía, pero con matices diferentes. El presidente Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha declarado que quiere presentar y votar un texto alternativo al que apoyan los bolsonaristas.

El juez Alexandre de Moraes (REUTERS/Jorge Silva)

Además de las tensiones internas sobre el proceso de Bolsonaro, también pesa la presión de la administración Trump. Alexandre de Moraes, relator del proceso, sigue siendo el blanco de las acusaciones de Washington. Después de que el juez declarara en estas horas en el tribunal que “la soberanía no es negociable”, Jason Miller, ex portavoz y asesor del presidente Trump, respondió en sus redes sociales que “es bueno que Moraes sepa que Estados Unidos no negocia con terroristas”. El martes, Lula también intervino sobre el tema diciendo que el STF “no debe temer a Estados Unidos” y que espera que, en relación con el caso Bolsonaro, “se haga justicia”.

Sin embargo, la relación con Washington parece cada vez más compleja. CNN Brasil informó de la posibilidad de sanciones inminentes al principal banco estatal del país, el Banco do Brasil, del que, según la prensa brasileña, Moraes recibe su salario. Según informa Folha de São Paulo, los bancos brasileños recibieron el martes una carta de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la notificación se pregunta qué medidas han tomado o están tomando las instituciones para cumplir la sanción impuesta a Moraes, en virtud de la ley Magnitsky. La norma prevé, además de la congelación de los bienes y propiedades en Estados Unidos pertenecientes a la persona sancionada, la prohibición a las instituciones financieras y empresas estadounidenses de mantener relaciones con ella, incluido el uso de tarjetas de crédito como Mastercard y Visa. La comunicación del Tesoro es un primer paso para verificar el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones brasileñas. En caso de incumplimiento por parte de los bancos, podrían imponerse sanciones secundarias, como multas. El pasado mes de agosto, el juez del STF, Flávio Dino, estableció que las sentencias y sanciones procedentes del extranjero no pueden tener efecto automático en Brasil, sino que deben pasar por la homologación de la justicia nacional o por instrumentos de cooperación internacional, una forma de limitar la aplicación de la Ley Magnitsky.

Ayer se celebró en Washington una gran audiencia pública, organizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, en la que participaron 39 empresas y asociaciones brasileñas y estadounidenses. La sesión, a puerta cerrada y sin retransmisión en directo, forma parte de la fase preliminar de una investigación contra Brasil iniciada por la administración Trump por presuntas prácticas comerciales desleales en el marco de la Sección 301 de la ley comercial de Estados Unidos. Las acusaciones se centran en el sistema brasileño de pagos electrónicos rápidos, el llamado Pix, la protección de la propiedad intelectual (con referencia al mercado pirata que se desarrolla en la zona de San Pablo alrededor de la calle 25 de Marzo), las políticas medioambientales, el acceso al mercado del etanol y otras medidas consideradas discriminatorias. La investigación tiene por objeto recabar datos y testimonios de ambas partes para orientar la decisión final de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, que podrá imponer aranceles y otras medidas restrictivas. El Gobierno de Lula ha optado por no intervenir directamente en la audiencia, limitándose a enviar un escrito en el que rechaza las acusaciones y cuestiona la legitimidad de la investigación, al tiempo que ha presentado un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, Brasil estuvo representado por el coronel Daniel Lames de Araújo, responsable de Defensa y Aeronáutica, dada la importancia del tema para los contratos militares. Entre los temas más debatidos se encontraba el del etanol. Los productores estadounidenses acusan a Brasil de imponer barreras injustas a través del programa RenovaBio y de aplicar tarifas elevadas, mientras que la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (Unica) defendió las políticas brasileñas como conformes a las normas del Mercosur y de la OMC, argumentando que el bioetanol brasileño, producido a partir de la caña de azúcar, también tiene un impacto medioambiental menor que el estadounidense, elaborado a partir del maíz. La Confederación Nacional de la Industria (CNI), que intervino ayer en la audiencia, también negó que Brasil adopte prácticas comerciales deliberadamente perjudiciales para Estados Unidos y reiteró que la justicia brasileña es independiente e inmune a las presiones políticas.

El presidente de EEUU, Donald Trump (AP Foto/Evan Vucci)

Ayer, parte de los empresarios brasileños en misión en Washington se reunieron también con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para discutir los aranceles. Durante la reunión, Landau subrayó que estos son de naturaleza política, no comercial, y que son una respuesta a la “caza de brujas” contra Bolsonaro. El diplomático estadounidense añadió que el trabajo de presión de los empresarios sería más eficaz si se dirigiera a las autoridades brasileñas, con el fin de sensibilizarlas sobre la valoración política que guía a Washington. Al mismo tiempo, subrayó que el Gobierno estadounidense sigue abierto al diálogo, aunque mantiene la naturaleza política del litigio.

Según declaró el analista geopolítico Lourival Sant’Anna a CNN Brasil, pronto podrían llegar también las sanciones ya anunciadas por Trump por la compra de petróleo ruso, cuyas importaciones brasileñas desde Moscú se han multiplicado por más de 300 entre 2021 y 2024, lo que, según Trump, contribuye a la financiación de Putin de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin intervino desde Pekín sobre este tema y acusó a Estados Unidos de utilizar la guerra en Ucrania como pretexto para imponer nuevos aranceles a Brasil. Según el presidente ruso, no existe ningún desequilibrio económico real entre Washington y Brasilia que justifique tales medidas. “Estados Unidos tiene desequilibrios con China y la India, pero no con Brasil”, declaró. “Hay problemas internos, relacionados con los equilibrios políticos y la relación entre las autoridades actuales y el ex presidente Bolsonaro. ¿Qué tiene que ver Ucrania? Nada”, afirmó.

Putin hizo estas declaraciones al margen del desfile militar de Pekín con motivo del 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, un evento antioccidental al que asistieron los representantes de las principales dictaduras del mundo, desde el norcoreano Kim Jong-un hasta el iraní Masoud Pezeshkian y el chino Xi Jinping. Brasil estuvo representado por el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, y la ex presidenta Dilma Rousseff, hoy al frente del Nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS. Y es precisamente a los BRICS a quienes Lula pretende recurrir contra los aranceles estadounidenses. De hecho, el presidente brasileño ha convocado para el próximo 8 de septiembre una reunión virtual con los países miembros del bloque. Aunque la videoconferencia no se centrará específicamente en los aranceles de Trump, sino en “el multilateralismo y el sistema internacional de comercio”, sin duda abordará el tema, según dijeron fuentes bien informadas a Infobae. Durante la cumbre del BRICS celebrada el pasado mes de julio en Río de Janeiro, el grupo ya había emitido una declaración indirecta sobre el aumento de los aranceles, calificándolos de “medidas restrictivas” sobre el comercio, pero evitando mencionar a Estados Unidos y a Trump.