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La decisión abre la puerta para la expulsión de cerca de medio millón de personas. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)El futuro de más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos quedó en entredicho tras la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración de Donald Trump revoque el programa de “parole” humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal. Según reportó Reuters, la medida deja a cientos de miles de personas expuestas a una posible deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva de este estatus.
El programa de “parole” humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. De acuerdo con The New York Times, “el programa permitió que más de 530.000 personas de esas nacionalidades entraran al país con autorización para residir y trabajar temporalmente”. La administración de Biden defendió la iniciativa como una vía para desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias.
La decisión de la Corte Suprema, emitida este 30 de mayo, no incluyó una argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo. Jackson afirmó en su opinión disidente que el tribunal “claramente arruinó” su evaluación sobre qué parte sufriría más daño si se permitía la revocación del estatus legal mientras se resuelve el caso. Según USA Today, Jackson sostuvo que la mayoría “subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes”.
El programa de “parole” se remonta a la década de 1950, cuando la ley federal de inmigración permitió a las administraciones conceder permisos temporales de entrada por razones humanitarias o de interés público significativo. CNN recordó que “la administración de Eisenhower, por ejemplo, otorgó parole a decenas de miles de personas que huían de Hungría tras la represión soviética”. En el caso reciente, la administración de Biden recurrió a este mecanismo para responder al aumento de migrantes de países con graves crisis internas, permitiendo su ingreso legal y acceso a empleo.
La administración de Trump, al asumir el poder, ordenó el fin de todos los programas de “parole” categóricos. El 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con estos programas, y en marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios. Según Reuters, el gobierno argumentó que “revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada conocido como ‘expedited removal’”.
La medida fue impugnada en tribunales por grupos de migrantes y sus patrocinadores estadounidenses, quienes alegaron que la terminación masiva del programa violaba la ley federal, que exige revisiones caso por caso. La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, falló en abril que la ley “no permite la terminación generalizada del programa, sino que requiere una revisión individual”. El 5 de mayo, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, respaldó la decisión de Talwani de bloquear temporalmente la revocación masiva.
El Departamento de Justicia, en su apelación ante la Corte Suprema, sostuvo que las decisiones de los tribunales inferiores estaban “deshaciendo políticas de inmigración democráticamente aprobadas que jugaron un papel central en la elección de noviembre”, según citó CNN. El procurador general, D. John Sauer, argumentó que la autoridad de “parole” es “puramente discrecional” y que la ley impide a los jueces revisar esas decisiones. Sauer acusó a los jueces de “alterar innecesariamente políticas migratorias críticas cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal”.
Por su parte, los abogados de los migrantes advirtieron a la Corte Suprema que la cancelación abrupta del programa “causaría un inmenso sufrimiento humano innecesario”. En su escrito, afirmaron: “Todos ellos siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos, y están aquí para reunirse con sus familias y/o escapar, aunque sea temporalmente, de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”. The New York Times reportó que los demandantes señalaron que, de perder el estatus, “serían separados de sus familias y quedarían inmediatamente sujetos a deportación acelerada a los mismos países despóticos e inestables de los que huyeron, donde muchos enfrentarán graves riesgos de peligro, persecución e incluso muerte”.
El impacto de la revocación del “parole” se extiende más allá de los propios migrantes. Según USA Today, sindicatos y comunidades que han acogido a los beneficiarios del programa destacaron que estos trabajadores han cubierto vacantes en sectores clave como la salud, la construcción y la manufactura. “Casi el 20% de los empleados en una fábrica de autopartes participan en el programa temporal”, informaron los sindicatos al medio. Los abogados de varias ciudades y condados advirtieron que la cancelación abrupta “causaría graves daños económicos y sociales”.
El programa de “parole” permitía la entrada de hasta 30.000 migrantes al mes de los cuatro países, siempre que cumplieran con los requisitos de patrocinio y verificación de antecedentes. LA Times explicó que “algunos beneficiarios llevan casi dos años en el país; otros llegaron apenas en enero”. En octubre del año pasado, la administración de Biden anunció que no renovaría los permisos de “parole” y recomendó a los migrantes solicitar otras formas de alivio migratorio, como asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS).
No está claro cuántas personas permanecen protegidas únicamente por el “parole” y podrían ser ahora objeto de deportación. Además, quienes intentaron ajustar su estatus legal recientemente se encontraron con un obstáculo: el 14 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un memorando suspendiendo la tramitación de solicitudes de beneficios presentadas por quienes estaban bajo el programa de “parole” para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como para ucranianos y participantes en programas de reunificación familiar. El memorando justificó la medida por la necesidad de implementar “banderas de verificación adicionales” para identificar posibles fraudes o riesgos para la seguridad pública o nacional.
La decisión de la Corte Suprema se suma a otra tomada el 19 de mayo, cuando permitió a la administración de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos, mientras se resuelve la disputa legal. Ambas resoluciones han sido parte de una serie de órdenes de emergencia que han respondido a los intentos del gobierno de Trump de desmantelar políticas migratorias adoptadas durante la presidencia de Biden.
El debate legal gira en torno a si la secretaria de Seguridad Nacional puede revocar el “parole” de manera generalizada o si debe hacerlo caso por caso. Aunque la ley otorga amplia discrecionalidad al Ejecutivo, los tribunales inferiores consideraron que la terminación masiva sin revisión individualizada excedía esa autoridad. CNN subrayó que “la administración de Biden parece haber realizado al menos alguna revisión individual antes de conceder el ‘parole’”.
La incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios del programa ha generado preocupación entre defensores de derechos de los migrantes. Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, declaró a LA Times: “Va a forzar a la gente a una elección imposible. Quienes se queden enfrentan posible detención y deportación, mientras que quienes se vayan voluntariamente estarían renunciando a sus solicitudes”. Inlender añadió: “Estas personas hicieron todo bien: aplicaron a través de un programa legal, fueron evaluadas. Y quitarles el piso de esta manera debería ser, creo, ofensivo para nuestra propia idea de justicia en este país”.
El programa de “parole” humanitario ha sido utilizado en el pasado para admitir a grandes grupos de migrantes en situaciones de crisis, como los casi 200.000 cubanos en los años 60 y más de 350.000 asiáticos tras la caída de Saigón. Según The New York Times, la administración de Trump no ha intentado revocar el estatus de 240.000 ucranianos que recibieron “parole” tras la invasión rusa, aunque sí ha pausado la consideración de nuevas solicitudes bajo ese programa.
La decisión de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso continuará en instancias inferiores. Mientras tanto, la administración de Trump podrá avanzar con la revocación del “parole” y la posible deportación acelerada de cientos de miles de migrantes. Como enfatizó USA Today, “los abogados de los migrantes advirtieron que la cancelación abrupta del programa convertiría en deportables a medio millón de personas que estaban legalmente en el país, en lo que calificaron como ‘el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos’”.
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