La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

La Paz, Bolivia. 25 de agosto de 2025. (Photo by JORGE BERNAL / AFP)

Un juzgado de La Paz determinó levantar las medidas cautelares contra los presos políticos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, detenidos por más de dos años de manera preventiva en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, relacionado con las manifestaciones previas a la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019. De esta forma, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó que Camacho pasará a cumplir la prisión domiciliaria con salida laboral a cumplirse en Santa Cruz, departamento del que es gobernador, y Pumari recuperará la libertad.

El gobernador cruceño Camacho tiene este miércoles otra audiencia, relacionada con el caso del paro de 36 días, prevista para las 12:00, en formato virtual.

Ambos líderes políticos llevaban entre tres y cuatro años detenidos sin sentencia, lo que supera el plazo procesal de seis meses establecido en las leyes bolivianas. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el viernes la revisión “inmediata” de los plazos de su detención.

La audiencia comenzó el lunes en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y se declaró un cuarto intermedio hasta la mañana de este martes, debido a un requerimiento de información sobre los riesgos procesales.

La Paz, Bolivia. 8 de noviembre de 2019. REUTERS/David Mercado

Camacho y Pumari son dos de los principales referentes de oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). En 2019, ambos lideraron las protestas sociales en reclamo de la anulación de las elecciones de ese año en medio de acusaciones de fraude. Morales renunció luego de 21 días de manifestaciones, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia de dimisión del Alto Mando Militar.

Los dos ex líderes cívicos permanecían con detención preventiva por el caso “golpe de Estado I”, desde diciembre de 2021 en el caso de Pumari y desde finales de 2022, en el caso de Camacho. Ambos, junto a la ex presidenta Jeanine Añez, se convirtieron en símbolos de la narrativa opositora que denuncia persecución política por parte del oficialismo.

La instrucción del Tribunal Supremo también incluye a la ex presidenta Añez, detenida desde marzo de 2021, que enfrenta múltiples juicios además de una condena de diez años por el proceso vinculado con su llegada al poder en 2019.

La situación judicial de los tres políticos aún polariza en Bolivia. Si bien la instrucción del TSJ fue recibida positivamente por algunos sectores, el Gobierno denunció que responde a motivaciones políticas.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, lamentó que la detención preventiva no sea una medida excepcional pero sostuvo que las soluciones a la crisis del sistema judicial deben ser asumidas como “una política de Estado, no de gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias”.