La telaraña de cambios y reformas que ha tejido Nayib Bukele para concentrar todo el poder en El Salvador, ¿cuál podría ser su talón de Aquiles?

Una semana después de cumplir 44 años, el presidente salvadoreño Nayib Bukele recibió su mejor regalo de cumpleaños. La Asamblea Legislativa, el congreso unicameral de 60 diputados –que su partido Nuevas Ideas domina con 54 curules más tres de sus aliados– aprobó por 57 votos enmiendas a la Constitución para permitirle al mandatario –elegido en 2019 y reelecto en 2024– aspirar sin límite a nuevos mandatos. 

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Las reformas acortaron su actual período a 2027 (debía terminar en 2029), pero, a partir de ahí, ampliaron de cinco a seis años la duración de cada mandato. Podría conseguir un tercer período en 2027 y uno más seis años después. Como aún es joven, cerraría su cuarto mandato en 2038, con unos 58 años. Y podría seguir.

Desde una de las tres curules opositoras, la diputada Marcela Villatoro, del partido derechista Arena, alzó su voz, pasada la votación, para decir que “este día ha muerto la democracia en El Salvador” y agregar que los bukelistas “se quitaron la máscara”. A estas críticas se sumaron organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la salvadoreña Cristosal, vinculada a la iglesia anglicana, preocupadas por el retroceso democrático.

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Con índices de aprobación que rondan el 80 % gracias al encarcelamiento de decenas de miles de jóvenes acusados de pertenecer a las maras (bandas criminales), Bukele se burla de estos cuestionamientos. A principios de junio, al cumplir seis años en el poder, dijo en un discurso: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”. Su tono despectivo frente a la oposición se ha acentuado desde el regreso, en enero, de Donald Trump a la Casa Blanca. El estadounidense ha convertido a Bukele en su más firme aliado en el continente desde que aceptó recibir en las cárceles que construyó para los pandilleros a 240 inmigrantes venezolanos deportados por Washington, acusados de pertenecer al temido clan ‘Tren de Aragua’, aunque algunos eran inocentes.

Cabalgando sobre su inmensa popularidad, Bukele ha tejido una telaraña de cambios legales y constitucionales para concentrar en sus manos todo el poder político. Tras hacerse con las mayorías legislativas en 2021, los diputados bukelistas destituyeron a los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema, que el mandatario veía como opositores a sus reformas, y al Fiscal General, Raúl Melara, que investigaba casos de corrupción oficial.

Como reemplazo de los destituidos, Bukele instaló a un grupo de aliados en la sala constitucional, para meses después adueñarse del resto de la judicatura, cuando los diputados aprobaron la jubilación de los magistrados y jueces mayores de 60 años o con más de 30 de servicio, lo que le permitió nombrar juristas afines en más de un tercio de los cargos del poder judicial.

“El equilibrio entre los poderes públicos ha sido quebrado”, le explicó a EL TIEMPO, en París, un diplomático europeo que estaba en misión en El Salvador. “Pero además, los opositores, las ONGs que denuncian violaciones de derechos humanos y los periodistas que investigan la corrupción en el entorno presidencial están siendo perseguidos; incluso, algunos encarcelados”, agregó la fuente.

Más de 120 personalidades de esos sectores se han visto obligadas a salir del país este año, según denuncias de reporteros y defensores de derechos humanos. Una encuesta reciente, realizada por la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), regentada por los jesuitas, estableció que 6 de cada 10 salvadoreños piensan que criticar a Bukele podría traerles “consecuencias negativas”.

Popularidad y lunares del mandato de Bukele en El Salvador

Cuando Bukele asumió el poder en junio de 2019, su país presentaba una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y aunque ese índice venía en descenso desde su tope en 2015, cuando llegó a 103, seguía siendo uno de los más altos del mundo. Al cierre de 2024, tras cinco años y medio de mandato, Bukele pudo presentar una tasa de 1,9 que equivale a una tercera parte del mismo indicador en Estados Unidos y es apenas unas décimas más alta que la de Francia.

La clave de la estrategia ha sido la detención masiva de jóvenes sospechosos de integrar las maras, pandillas criminales de alta peligrosidad que llevaban años asolando la capital salvadoreña y otras ciudades del país. En marzo de 2022, Bukele decretó el estado de excepción gracias al cual ha podido encarcelar, sin ofrecerles elementales garantías judiciales, a más de 87.000 personas acusadas de integrar esas bandas.

A juzgar por la baja en los homicidios, parece que las maras han sido duramente golpeadas y que muchos de los pandilleros han caído en esas redadas. El año pasado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que esas capturas equivalen al 75 por ciento de los integrantes de las bandas, de modo que, según él, más de 25.000 siguen libres, aunque, como él mismo explicó, “muchos están ahora fuera del país”.

Pero también han caído inocentes. Según la ONG Socorro Jurídico Humanitario, son más de 26.000, los que no han podido alegar sus derechos por estar cobijada su detención en las severísimas reglas del estado de excepción. Unos 8.000 han sido liberados, sin acusación alguna en su contra, tras meses de prisión en condiciones infrahumanas, en cárceles donde, según las denuncias, son frecuentes las palizas y los abusos sexuales.

Socorro Jurídico y una segunda ONG, Cristosal, aseguran que, según sus estadísticas, 430 detenidos han muerto en prisión, muchos en el gigantesco Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), la megacárcel que Bukele ordenó construir y que puede albergar hasta 40.000 detenidos. Al llegar allí, los capturados suelen ser saludados con lo que parece hoy un lema del penal: “Bienvenidos al infierno”.

Con base en estos éxitos, por muy controvertidos que estos sean, Bukele ha consolidado una imagen de gobernante eficaz. El secreto de su estrategia de comunicación ha sido combinar esas cifras de baja de la criminalidad y la tranquilidad ganada por sus compatriotas con un gigantesco operativo de comunicaciones que, según los expertos, cuesta varios millones de dólares al año y utiliza los más modernos sistemas que la tecnología de las redes sociales permite.

Su cuenta en la red X tiene más de 7,8 millones de abonados. Como El Salvador apenas supera los seis millones de habitantes, es evidente que parte de esos seguidores está en el exterior: hay integrantes de la diáspora salvadoreña, pero también abonados de otras nacionalidades. Su cuidado de la imagen y su adaptación para aprovechar las nuevas tecnologías quedaron en evidencia cuando, a pocas semanas de asumir el poder en 2019, se presentó ante la Asamblea General de la ONU y demoró unos segundos el inicio de su discurso para tomarse una selfie con el enorme salón de sesiones al fondo.

¿Qué viene para el futuro de El Salvador?

“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, ha repetido Bukele cada vez que lo acusan de estar acabando con la democracia. Pero aunque el mandatario frivolice el tema, la deriva que sigue el régimen salvadoreño inquieta mucho. Como dijo hace pocos días la abogada y politóloga colombiana Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en su cuenta de X: “Van por la misma vía que Venezuela”.

Goebertus recordó que esto se ha repetido en muchos países: “Todo comienza con un líder que utiliza su popularidad para concentrar el poder en sus manos y termina en una dictadura”. Lo mismo piensa el diputado opositor salvadoreño, Francisco Lira, de la derechista Arena, quien declaró la semana pasada a los periodistas que “así empezaron” los procesos de Alberto Fujimori en el Perú y de Hugo Chávez en Venezuela. Lira mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que la reelección indefinida es contraria a “los principios de la democracia”.

Otro vocero de Human Rights, el argentino Juan Pappier, apuntó en la misma dirección en declaraciones a la France Press. “Lamentablemente –dijo–, la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que han utilizado esa popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar los poderes en sus manos”.

“En efecto –explica la fuente diplomática en París– se trata de una dinámica que conocemos y en la cual un presidente apoyado por las mayorías y que gana ampliamente las elecciones siente que todo lo puede hacer y, de hecho, comienza a hacer cosas sin control, muchas de ellas contra la ley y contra el derecho internacional, a veces por corrupción, a veces por violaciones a los derechos humanos”.

Pero ahí no termina el asunto, agrega el diplomático que conoce bien América Latina: “Lo peor es que, inmerso en esa dinámica, en un momento dado piensa que, si deja el poder, lo van a perseguir, y entonces decide que lo mejor es quedarse indefinidamente”. Algo similar explicaba este domingo en el diario El País el periodista salvadoreño Bryan Avelar: “Desde que llegó al cargo, (Bukele) empezó a arrollar a los estamentos en El Salvador (…) los partidos políticos, la élite empresarial (…) los sindicatos (…) y finalmente, destruyó a las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18”, con lo cual se ha llenado de enemigos.

Además, explica Avelar, “…el periodismo y organismos de la sociedad civil han documentado cientos de casos de supuesta corrupción que involucran a su círculo íntimo, incluyendo a su familia, que ha multiplicado por 12 la cantidad de tierras que poseía antes de llegar al poder”. Si a eso se suman las acusaciones de violación de los derechos humanos, que algunas ONG definen como crímenes de lesa humanidad, Bukele tiene motivos para estar preocupado. Y por eso, remata Avelar, “es ahora una suerte de esclavo del poder”.

MAURICIO VARGAS

ANALISTA

EL TIEMPO