
El Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros siete ex funcionarios y militares a severas penas de prisión, impuso cuantiosas multas colectivas y dispuso sanciones administrativas tras hallarlos culpables de organizar e intentar ejecutar una trama golpista para impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
El fallo contempla condenas que superan los veintisiete años de cárcel para el ex mandatario, junto con la obligación de pagar, en conjunto, una indemnización de treinta millones de reales (5,55 millones de dólares) por daños morales colectivos, y establece la pérdida de cargos civiles y eventuales degradaciones militares a los condenados con formación castrense.
La resolución fue adoptada este jueves por mayoría de la Primera Sala del Supremo, que basó su voto en el informe del ministro Alexandre de Moraes.
“La respuesta del Estado debe ser ejemplar, en proporción a la gravedad y al riesgo al orden democrático que implicó la tentativa golpista”, sostuvo Moraes al leer su conclusión ante el tribunal.
El ex presidente Jair Bolsonaro recibió la pena más alta: 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. El desglose de la condena por cada delito es el siguiente:
- Organización criminal: 7 años y 7 meses
- Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho: 6 años y 6 meses
- Golpe de Estado: 8 años y 2 meses
- Daño calificado: 2 años y 6 meses
- Deterioro de patrimonio público protegido: 2 años y 6 meses
A esas penas privativas de libertad se le suman 124 días-multa, calculados a razón de dos salarios mínimos vigentes por día. Bolsonaro deberá cumplir la condena en cárcel común, de acuerdo con el régimen inicial cerrado. La ejecución de la sentencia se encuentra sujeta a la resolución de posibles recursos por parte de la defensa, que aún pueden presentarse ante el propio Supremo Tribunal Federal.
El fallo de la corte incluye una sanción civil inédita en la historia contemporánea de Brasil: los ocho principales condenados deberán pagar, solidariamente, una indemnización de treinta millones de reales (alrededor de seis millones de dólares) por daño moral colectivo. Esta multa busca reparar el impacto social y político vinculado a la intentona golpista y la alteración de la institucionalidad democrática. “La reparación responde a la necesidad de restaurar los valores básicos del régimen democrático atacados por los condenados”, enfatizó Moraes.
La sentencia no sólo establece prisión y multas económicas. La corte ordenó la pérdida de cargos en la Policía Federal para Anderson Torres y Alexandre Ramagem, quienes también fueron condenados. Además, en el caso de Ramagem, el tribunal dispuso la pérdida de su mandato de diputado federal, en razón de una pena superior al límite de falta previsto por el reglamento del Congreso.
En lo referido a los militares, el Supremo determinó que, una vez las condenas queden firmes, se notificará al Superior Tribunal Militar para la declaración de “indignidad para el oficialato” a los condenados Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto y Almir Garnier. Esta declaración abre la puerta a la pérdida de los grados y privilegios castrenses obtenidos durante sus carreras, con efectos sobre pensiones y status futuro en las Fuerzas Armadas.
Además de Bolsonaro, el tribunal dictó sentencias contra otros siete integrantes del círculo principal de la trama, con penas que van de los 16 a los 26 años de prisión, además de días-multa y regímenes cerrados de reclusión para casi todos ellos:
- Walter Braga Netto: 26 años de prisión (24 de reclusión) y 100 días-multa.
- Almir Garnier: 24 años de prisión (21 años y seis meses de reclusión) y 100 días-multa.
- Anderson Torres: 24 años de prisión (21 años y seis meses de reclusión, dos años y seis meses de detención) y 100 días-multa.
- Augusto Heleno: 18 años y ocho meses de reclusión y 84 días-multa.
- Paulo Sérgio Nogueira: 19 años de prisión y 84 días-multa.
- Alexandre Ramagem: 16 años, un mes y quince días de prisión, más 50 días-multa, cada día equivalente a un salario mínimo vigente.
- Mauro Cid: Dos años de prisión en régimen abierto, sin multa, a raíz de un acuerdo de colaboración premiada. Se le restituyen bienes y se amplían garantías jurídicas para su entorno familiar.
La ejecución de las penas y sanciones económicas o administrativas no es inmediata. Los abogados de los acusados tienen derecho a interponer recursos, denominados embargos, que serán analizados por el propio tribunal. Hasta que no se agoten estas instancias y el fallo quede firme —es decir, en condición de no ser apelado—, la condena no se ejecutará de forma plena. A día de hoy, tanto Bolsonaro como Braga Netto se encuentran bajo prisión preventiva por otros procesos, vinculados a incumplimientos y obstrucción a la Justicia.
El proceso culmina una etapa judicial inédita en la historia electoral brasileña y marca un precedente para la persecución judicial de intentos de subvertir el orden democrático. “La gravedad de los hechos y la respuesta institucional buscan preservar el Estado constitucional de derecho por encima de cualquier desafío faccioso”, concluyó el ministro Moraes en la sesión pública de lectura de sentencia.
El Supremo Tribunal Federal deja así definidas sanciones penales, económicas y políticas para el núcleo del último intento golpista en Brasil, con consecuencias extensivas sobre los derechos civiles y administrativos de los condenados, que aún podrán buscar revertir el fallo en las próximas instancias legales.