
Un juez federal en Colorado avaló esta semana la constitucionalidad de una ley estatal que restringe la venta de armas a personas menores de 21 años, decisión que se alinea con precedentes del 10° Circuito, pero entra en conflicto con fallos de otras jurisdicciones federales, intensificando así el debate nacional sobre el alcance de la Segunda Enmienda.
La resolución fue emitida por el juez jefe del Tribunal del Distrito de Colorado, Philip A. Brimmer, en respuesta a una demanda presentada por el grupo Rocky Mountain Gun Owners junto a dos ciudadanos de entre 18 y 20 años, Adrian Pineda y Matthew Newkirk. Los demandantes argumentaron que la ley firmada en 2023 por el gobernador Jared Polis —identificada como SB23-169— vulnera su derecho constitucional a portar armas. Sin embargo, Brimmer consideró que las restricciones por edad están fuera del ámbito protegido por la Segunda Enmienda, conforme a una interpretación previamente establecida por la Corte de Apelaciones del 10° Circuito.
La norma estatal amplía los requisitos federales que ya establecían una edad mínima de 21 años para adquirir pistolas, e incluye ahora también rifles y escopetas. Solo se contemplan dos excepciones: miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y agentes de paz que estén de turno y operando bajo las políticas de su agencia.
“El gobernador Polis está comprometido con hacer de Colorado uno de los diez estados más seguros, y las leyes de sentido común promueven la propiedad responsable de armas y mantienen segura a la población”, indicó Conor Cahill, director de comunicaciones del mandatario estatal, en un comunicado citado por Fox News Digital. “Durante décadas, en Colorado debías tener 21 años para comprar una pistola, según la ley federal. Ese requisito se amplió a rifles y escopetas con la firma de la SB23-169, y el gobernador se complace en que el tribunal haya confirmado que esta ley de sentido común no infringe los derechos de la Segunda Enmienda”, añadió.
La ratificación judicial es vista por las autoridades estatales como una herramienta para reducir la violencia armada. Pese a que Brimmer reconoció que los demandantes son parte de “el pueblo” protegido por la Constitución, también hizo referencia directa a un fallo anterior del 10° Circuito en 2023, el cual establece una “zona segura” (safe harbor) para que ciertas restricciones por edad no entren en conflicto con los derechos constitucionales.

El fallo de Colorado contradice directamente una decisión del 5° Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que en un caso reciente invalidó una prohibición federal contra la venta de armas a personas menores de 21 años. Según ese tribunal, no existe evidencia histórica suficiente para justificar restricciones similares durante la era fundacional de Estados Unidos.
“La evidencia del gobierno federal es escasa respecto a que los derechos de armas de fuego para personas de entre 18 y 20 años hayan sido restringidos de forma similar en la época fundacional”, escribió la jueza Edith H. Jones en su opinión mayoritaria, según reportó la organización periodística The Trace, especializada en violencia armada en EEUU.
Esta falta de uniformidad crea una división judicial significativa que podría eventualmente requerir intervención de la Corte Suprema, especialmente si más circuitos continúan emitiendo fallos contradictorios.
La tensión entre la protección constitucional y las políticas de seguridad pública no es nueva. En 2022, la Corte Suprema de EEUU declaró inconstitucional una ley del estado de Nueva York que limitaba el porte de armas en público, en el fallo New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. En aquel momento, el expresidente Joe Biden expresó su decepción por la decisión.
“Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, dijo Biden en un comunicado difundido tras conocerse la sentencia, y reiteró su compromiso con la reducción de la violencia armada en el país.

Además de Colorado, otros estados han adoptado medidas similares para aumentar la edad mínima de compra de armas. De acuerdo con datos del Everytown for Gun Safety Support Fund, al menos ocho estados —incluyendo Nueva York, Massachusetts, California, Florida, Illinois, Delaware y Vermont— han elevado el límite de edad. En algunos casos, la norma aplica solo a pistolas, pero en otros se extiende a todos los tipos de armas de fuego.
Mientras estas leyes avanzan a nivel estatal, su vigencia podría depender de la estabilidad jurídica que ofrezca la jurisprudencia federal. Las decisiones opuestas entre el 5° y el 10° Circuito podrían presionar a la Corte Suprema a pronunciarse, nuevamente, sobre el balance entre derechos individuales y regulaciones estatales.
Por ahora, el fallo de Brimmer valida una política que busca limitar el acceso a las armas de fuego por parte de personas jóvenes, en un contexto donde la violencia armada sigue siendo un tema central en el debate político y judicial de Estados Unidos.