Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Lula da Silva habló en la Reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (REUTERS/Nathalia Angarita)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participó ayer en Bogotá, Colombia, en la Reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el organismo internacional creado en 1995 para aplicar el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado ya en 1978 por ocho países que comparten la cuenca amazónica. Además de Brasil, forman parte del grupo Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. La participación de Lula era esperada y, en cierto modo, previsible, tanto porque la Organización tiene su sede en Brasilia como porque la agenda del presidente brasileño, desde su campaña electoral, se ha centrado en el medioambiente y la transición energética. Además, el evento de ayer se considera una especie de ensayo general para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que Brasil acogerá el próximo mes de noviembre precisamente en Belém, en el estado amazónico de Pará. En su discurso de ayer, Lula presionó para que los países más ricos ayuden a los países de la región amazónica, tema que, según las previsiones, será uno de los leitmotivs de la COP30. “Estamos cansados de promesas. Queremos saber qué países van a contribuir en serio. Cada uno debe hacer su parte; no podemos esperar limosnas de los países ricos”, declaró, proponiendo un fondo especial que se discutirá en la COP30. El mandatario de Brasil también dijo que depender de los combustibles fósiles no es el camino, sino la diversificación energética.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones políticas, la reunión de ayer decepcionó a varias asociaciones de la sociedad civil brasileña, ya que el texto final propone “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa”, pero no ofrece una propuesta concreta de aplicación ni reconoce la urgencia de abandonar los combustibles fósiles. “Más de 50 organizaciones han pedido una declaración de eliminación de los combustibles fósiles; aceptar esta petición habría sido un verdadero acto de liderazgo global”, declaró Alex Rafalowicz, director ejecutivo del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Según Rafalowicz, “la COP30 de Belém debe corregir esta omisión y allanar el camino para un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, un instrumento clave para facilitar la cooperación hacia una transición justa que proteja la Amazonía y el mundo”. “Brasil, que acogerá la COP30 en noviembre, debe presentar propuestas más ambiciosas para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la creación de zonas de exclusión para las actividades extractivas, en consonancia con las demandas unánimes de los pueblos indígenas y la sociedad civil”, declaró Gisela Hurtado, de la ONG Stand.earth. “El futuro de la selva, de sus pueblos y del planeta depende de las decisiones que tomemos ahora”, añadió.

Por lo tanto, todas las miradas están ahora puestas en la COP30 del Gobierno de Lula, que tendrá que lidiar con sus contradicciones. El tema más crítico sigue siendo el de la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, a la que el presidente brasileño se ha mostrado favorable en más de una ocasión. El pasado mes de febrero, incluso Lula había atacado duramente al IBAMA, el Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Ambientales, pronunciándose abiertamente a favor de la explotación petrolífera de la desembocadura del Amazonas por parte de la petrolera nacional Petrobras. “Lo que no podemos hacer es seguir así. El IBAMA es una agencia del Gobierno y parece una agencia contra el Gobierno”, había dicho Lula. Sobre la explotación petrolera de la desembocadura del Amazonas, el presidente brasileño no se anduvo con rodeos. “No es que vaya a ordenar que se explote, quiero que se explote. Evidentemente, antes de eso tenemos que investigar, tenemos que ver si hay petróleo, la cantidad de petróleo, porque muchas veces se cava un agujero a 2.000 metros de profundidad y no se encuentra lo que se imaginaba”, dijo en una entrevista a la emisora local Rádio Diário FM.

El presidente boliviano Luis Arce, derecha, conversa con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, izquierda, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante una reunión de líderes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en Bogotá, Colombia (AP Foto/Fernando Vergara)

Mañana mismo comenzarán las pruebas cruciales para la exploración en la desembocadura del río Amazonas, consideradas la última fase antes de la autorización de la exploración petrolera por parte de Petrobras. La Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales Negras, también conocidas como “quilombolas”, la CONAQ, ha calificado estos días de “inadmisible” la realización de estas pruebas en vísperas de la COP30 sin consultar previamente a las comunidades locales, que denuncian el “racismo medioambiental” y la “continuidad de las prácticas coloniales”. Según los lugareños, llevar adelante el proyecto contradice el compromiso climático que Brasil pretende presentar al mundo y socava la credibilidad del país como líder en la transición energética justa. En un comunicado, la CONAQ declaró que “llevar a cabo esta prueba, ignorando las garantías internacionales y el protagonismo de las comunidades de la región, contradice el compromiso climático que Brasil pretende presentar al mundo. No se puede hablar de liderazgo medioambiental global, ni de una transición energética justa, si las decisiones siguen tomándose sin la participación de las personas que protegen la Amazonia y apoyan la lucha por la justicia climática”, concluye el texto. Además, algunas comunidades locales, como la de Patuazinho, en la ciudad de Oiapoque, en el estado de Amapá, en la frontera con la Guayana Francesa, ya denuncian un aumento de las invasiones de sus tierras y amenazas relacionadas con la especulación inmobiliaria y la creciente presión para la exploración petrolera.

A este escenario se suma también la ambigüedad de la nueva ley que flexibiliza las licencias ambientales, recientemente promulgada. Lula ha impuesto 63 vetos, evitando la aprobación de medidas que habrían ampliado las autorizaciones por “autodeclaración” y debilitado la protección de la Mata Atlántica, el bosque nativo que se encuentra principalmente en parte de la costa brasileña, así como de los territorios indígenas y las comunidades de ascendencia africana. Esta decisión ha sido acogida como un paso positivo por los ecologistas y los parlamentarios, que han visto en los vetos una barrera parcial contra el llamado “Proyecto de Ley de la Devastación”, aprobado en la Cámara de Diputados en julio. Sin embargo, sigue existiendo una vulnerabilidad crucial, que es la creación de la Licencia Ambiental Especial (LAE), que Lula ha mantenido y que se ha puesto en marcha de inmediato mediante una medida provisional. La LAE, propuesta por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, permite acelerar la aprobación de proyectos clasificados como “estratégicos” por el Consejo de Gobierno, un grupo compuesto por empresarios brasileños y extranjeros, así como por miembros de la sociedad civil que elaboran propuestas para las políticas gubernamentales. Según el IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia), este instrumento corre el riesgo de convertirse en una puerta abierta a intereses políticos contingentes, permitiendo que grandes obras de alto impacto ambiental —como precisamente la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas— sean autorizadas con criterios discrecionales y no científicos. El problema, según denuncian ONG y parlamentarios, es que la definición de lo que es “estratégico” es eminentemente política y variable en función de la gestión del Gobierno. Esto introduce una seria vulnerabilidad institucional: proyectos potencialmente devastadores para los ecosistemas y las comunidades tradicionales podrían avanzar rápidamente, eludiendo el principio de precaución medioambiental y reduciendo la transparencia del proceso de toma de decisiones. Además, la medida suscita preocupación en lo que respecta a los derechos de las poblaciones locales. Si bien Lula ha defendido la integridad de las salvaguardias para los indígenas y los quilombolas, la aplicación práctica de la LAE podría traducirse en una reducción de su capacidad de influencia en las decisiones, especialmente en territorios vulnerables como la Amazonia.

Lula junto a Petro y Arce en el encuentro en Bogotá (REUTERS/Nathalia Angarita)

Por último, sigue existiendo una contradicción política. Mientras el Gobierno trata de consolidar una imagen internacional de líder en la transición energética justa, mantiene en vigor un instrumento que facilita la autorización de obras potencialmente perjudiciales para el clima y la biodiversidad. Esta discrepancia podría socavar la credibilidad de Brasil en vísperas de citas cruciales como la COP30, que ya es objeto de críticas, a menos de tres meses de su inicio, por el elevado precio del alojamiento. Por ello, hasta ahora solo 39 delegaciones han confirmado la reserva de sus habitaciones a través de la plataforma puesta a disposición, tras muchos retrasos, por el Gobierno federal. Otras ocho delegaciones han optado por alojamientos fuera del sistema oficial, entre ellas Egipto, España, Japón y Noruega. En total, solo 47 delegaciones de 196 ya han garantizado su alojamiento. La secretaria ejecutiva de la Casa Civil, Miriam Belchior, ha reiterado que no hay posibilidad alguna de cambiar la ciudad sede y que la COP30 se celebrará en Belém, tal y como estaba previsto. Además, está dando que hablar el tira y afloja que se ha creado entre el Gobierno brasileño y las Naciones Unidas. La ONU había solicitado que Brasil pagara parte de los gastos de alojamiento de los países participantes, especialmente los más pobres y los insulares, pero el ejecutivo de Lula se negó, alegando que ya había asumido elevados costes para la organización del evento y reiterando que “no corresponde a los brasileños pagar por las delegaciones”. En respuesta, Brasil instó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es decir, el brazo medioambiental de la ONU que coordina las conferencias sobre el clima, a “salir de su zona de confort” y aumentar directamente los fondos destinados a las delegaciones, recordando que en otras conferencias el reembolso era mucho más alto, por ejemplo, 400 dólares diarios en Bonn (Alemania) frente a los 144 dólares previstos para Belém. Muchos locales también están denunciando desalojos repentinos por parte de propietarios que quieren alquilarlos a precios muy elevados a los participantes de la COP30.

El problema de la vivienda también podría limitar la presencia de las comunidades indígenas. “Esperamos unos 3.000 indígenas en Belém”, anunció la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, pero ellos también podrían ser víctimas del encarecimiento de la vivienda o encontrarse con una COP30 vacía. En lo que respecta a las comunidades indígenas, tampoco faltan las contradicciones, sobre todo en relación con los yanomami. A pesar de las promesas del Gobierno de Lula desde su toma de posesión, también para diferenciarse de la gestión de Bolsonaro, los yanomami siguen sufriendo enfermedades y desnutrición. Por un lado, el número de muertes por malaria ha disminuido en un 35% y las muertes por desnutrición han descendido en un 68%, gracias al aumento del personal sanitario (+155%) y de la asistencia (+268%). Por otro lado, los casos de malaria han aumentado de 14.000 a 18.000, afectando a más de la mitad de los aproximadamente 32.000 yanomamis, y las infecciones respiratorias agudas se han disparado (+272%), lo que revela que la situación de emergencia está lejos de haber sido superada.

Según el Ministerio de Salud, el aumento de los casos también se debe a la mejora de las pruebas y el seguimiento. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra un nuevo cuello de botella. El virus de la malaria, introducido inicialmente por los mineros ilegales, los garimpeiros, ahora circula dentro de las propias comunidades. Esto significa que, según los expertos, la estrategia debe pasar de la simple contención de los casos graves a un control capilar de la transmisión, eliminando también las formas leves para interrumpir la cadena de contagio. Según el diario Folha de São Paulo, siguen existiendo problemas estructurales como la fragilidad logística que dificulta el control sanitario, la falta de transparencia en los datos oficiales —el Gobierno no ha publicado estadísticas completas de 2024— y la porosidad de las fronteras con Venezuela, donde la minería ilegal persiste y los militares no logran contener a los invasores. La situación ha llevado a la APIB, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, a solicitar al Tribunal Supremo Federal (STF) que el Gobierno proporcione informes periódicos más detallados.