LUMA pide a jueza en la quiebra de la AEE que intervenga ante alegatos de incumplimiento por parte de gobierno de Puerto Rico

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NUEVA YORK – LUMA Energy, compañía privada que desde el 2020 opera los activos de distribución y transmisión del sistema eléctrico en Puerto Rico, presentó una demanda contra la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), en la que disputa señalamientos traídos por la Administración de Jenniffer González como potenciales causales para cancelar el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En síntesis, la empresa pidió al tribunal federal en Puerto Rico, en específico a la jueza Laura Taylor Swain, que preside el litigio por la deuda en la Autoridad, que intervenga para atender los alegatos de incumplimiento que el Gobierno les remitió.

En declaraciones escritas enviadas a este medio, LUMA señala que los asuntos planteados por el director de la AAPP o P3, Josué Colón, deben atenderse a través de un proceso de mediación.

“Desde el primer momento, la AAPP ha insistido incorrectamente en que las controversias alegadas son de naturaleza técnica, cuando no lo son. Estos asuntos deben atenderse a través de la mediación, tal como solicitamos formalmente el 15 de agosto de 2025. Por eso estamos presentando este asunto ante el Tribunal Federal”, plantea LUMA.

A juicio de los encargados del consorcio, la movida de las autoridades gubernamentales en la isla es una política.

“Ha habido más interés en cumplir con un calendario motivado políticamente que en buscar una verdadera resolución a estos temas. En lugar de trabajar a través de los canales correspondientes, como lo requiere el Contrato de Operación y Mantenimiento (OMA), la AAPP continúa mostrando un patrón de total incumplimiento con lo pactado”, argumenta el parte de prensa.

“Tal como hemos reiterado desde el comienzo, estamos más que dispuestos a sostener una conversación productiva para resolver nuestras diferencias, ya que este ir y venir no beneficia en nada a los 1.5 millones de clientes que esperan que LUMA y la AAPP trabajen juntos en su mejor interés”, concluyó la empresa.

Hasta la tarde temprana de este martes, la Administración González no había reaccionado a la demanda.

El reporte de El Nuevo Día especifica que LUMA solicitó a la jueza de distrito federal una sentencia declaratoria en la que estipule que el contrato entre las partes es válido y vinculante. El pleito se presentó como uno adversativo dentro del proceso de Título III de la AEE, de acuerdo con el informe.

El recurso además pide que se le requiera al Gobierno seguir con los procedimientos establecidos en el OMA.

LUMA también pidió a la jueza que defina los derechos y deberes de cada parte.

En el escrito de más de 24 páginas al que hace referencia el rotativo, la compañía tilda los argumentos de la Administración como pretextos para regresar al antiguo modelo público en la AEE.

En el pedido a Taylor Swain, LUMA sostiene que el mal estado en el que se encuentra la red se debió a los intereses políticos dentro de la AEE, los mismos que volverían a controlar el sistema si se retorna al modelo anterior.

LUMA además considera que los encargados de la AEE y la AAPP se han dedicado a entorpecer su trabajo.

“Casi desde el principio, LUMA ha enfrentado obstáculos sistemáticos por parte de su ‘socio’, la AEE, y más recientemente, también por parte de la AAPP y otras partes interesadas del gobierno. La falta de financiación, la falta de cooperación y la oposición activa de su ‘socio’, la AEE, durante los procesos para el establecimiento de tarifas, han continuado”, lee parte del documento judicial.

Actualmente, el caso por la quiebra de la AEE se encuentra paralizado luego de que el presidente Donald Trump destituyera a seis de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que administra las finanzas del territorio como resultado de la aprobación de PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) en el Congreso en el 2016.

La acción legal incoada por LUMA surge luego de que, en julio, Colón, quien también fue nombrado “Zar de energía” por la gobernadora, enviara cartas a LUMA con señalamientos de incumplimiento a sus obligaciones contractuales. El intercambio se habría extendido hasta el 22 de agosto, especifica la demanda de LUMA.

En una extensa carta el 22 de julio, el gobierno de Puerto Rico enumeró la letanía de fallas de LUMA, entre las que destacan manejo deficiente de fondos federales, interrupciones en el servicio eléctrico, peligros de vegetación, sobrecostos y auditorías evasivas.

“Por lo tanto, la AAPP invoca de inmediato el mecanismo de resolución de disputas del Artículo 15 y notifica formalmente a LUMA: el Gobierno de Puerto Rico ya no subsidiará la incompetencia ni excusará la rebeldía. Los puertorriqueños merecen un operador de la red eléctrica que mantenga el suministro eléctrico, respete el dinero público y cumpla con los términos y condiciones del contrato firmado”, indica la carta de 81 páginas.

El documento especifica que, si LUMA no logra subsanar cada incumplimiento durante el proceso del Artículo 15, “la APP está lista para ejercer la última solución de la OMA: la rescisión anticipada del contrato”.

“La AAPP no dudará en buscar dicha solución, junto con todas las medidas de transición y recuperación correspondientes, para proteger el interés público y restablecer la rendición de cuentas del sistema energético de Puerto Rico”, amenaza la entidad.