Magistrado venezolano aboga por el Law Enforcement para presionar judicialmente al régimen de Maduro

MIAMI.- El magistrado venezolano Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, aboga por el uso sistemático del Law Enforcement (aplicación de la ley) como instrumento internacional de presión judicial en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en el podcast Es la hora de hablar, con el periodista Víctor M. Rodríguez, Martín aseguró que el régimen chavista mutó a una "estructura criminal" que solo puede ser debilitada mediante una "estrategia legal global sostenida, articulada y precisa".

"El régimen de Maduro descansa sobre el crimen organizado, la corrupción transnacional, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos", sostuvo el magistrado, reseñado por el portal web Coalición Digital Por El Periodismo.

En este sentido, consideró que las sanciones convencionales, como las aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) son necesarias, resultan "insuficientes" para enfrentar a la dictadura chavista.

El pilar del régimen

A su juicio, se debe impulsar un enfoque basado en Law Enforcement, entendido como la aplicación combinada de marcos legales nacionales e internacionales para judicializar a quienes sostienen el poder en Venezuela. "El problema no son solo las instituciones sancionadas; son las personas detrás de ellas, sus operadores, testaferros y redes familiares que se lucran del desfalco al Estado", apuntó.

El jurista denunció, por ejemplo, que desde la aprobación de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista a finales de enero de 2020, en Venezuela se consolidó un "modelo militar paralelo al tradicional".

Con esta nueva "ley", el chavismo creaba figuras como la Región de Defensa Integral (REDI), la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Área de Defensa Integral (ADI), que dependen directamente de Maduro en la figura de "presidente", con lo que se estaría configurando una cadena de mando que escapa a la Constitución y actúa en "función de intereses político-criminales".

Inacción internacional

"El poder militar venezolano ha devenido en administrador de redes criminales transnacionales que incluyen tráfico de oro, armas y drogas, con protección institucionalizada", señaló Martín, al calificar esta alianza entre Fuerza Armada y el crimen organizado como uno de los "mayores desafíos" para cualquier transición democrática.

Ante este escenario, Martín deploró la pasividad que, a su juicio, han tenido organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de los más de 10,000 testimonios y pruebas elevadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias, que sustentan los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictaura de Maduro.

"La inacción de la CPI, tras un trabajo impecable de documentación, constituye una bofetada a las víctimas y un retroceso en la lucha por la justicia", precisó.

Perseguir judicialmente a operadores

Además, el magstrado cuestionó la falta de articulación que, considera, tiene la oposición venezolana en el uso de herramientas jurídicas internacionales. "Se ha privilegiado la visibilidad política, las tarimas, los premios y las conferencias, en lugar de crear grupos de tareas jurídicas que investiguen, documenten y presenten denuncias en tribunales extranjeros", reprochó.

El jurista instó a la comunidad internacional —especialmente los países de la región— a abandonar la "tibieza diplomática" y asumir responsabilidades para enfrentar al régimen de Maduro. "Hay dinero chavista en hoteles de Argentina, propiedades en España, campañas en Ecuador y Bolivia financiadas con fondos venezolanos. Las fiscalías de estos países deben investigar y congelar bienes", aseveró,

Además, urgió a formar equipos de investigación financiera internacional que identifiquen a los verdaderos pilares del régimen, más allá de los nombres visibles. "No se trata solo de sancionar al Banco Central (de Venezuela) o a PDVSA, sino de perseguir judicialmente a los operadores que blanquean capitales y sostienen el andamiaje criminal del poder", subrayó.

FUENTE: Con información de Coalición Digital Por El Periodismo