El juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por 5 meses por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Chávez Tamariz consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Vizcarra con el presunto pago de coimas de Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador regional de Moquegua.
También se cumplió el presupuesto de una prognosis de pena mayor a 5 años toda vez que la Fiscalía solicita 15 años de prisión por presunto cohecho por dos hechos. No obstante, el presupuesto más importante en este tipo de medidas es el peligro de fuga. Por ello, el magistrado inició su lectura por este aspecto.

El juez Chávez Tamariz inició su exposición asegurando que existe peligro de fuga porque Vizcarra no tiene arraigo laboral ni familiar y su conducta en el proceso es cuestionable.
El expresidente presentó dos contratos con Urbaniza 3D y Perú Primero para intentar demostrar que tiene un trabajo, pero estos fueron cuestionados por el magistrado.
Sobre Urbaniza 3D, el juez indicó que la gerenta general es su esposa Maribel Díaz Cabello, es decir, es un “contrato entre cónyuges”. “Y para evitar ser descubierta esta situación por las autoridades lo ha firmado la apoderada de la empresa (Mónica García Mendoza)”, dijo.
El juez también sacó a colación de que las hijas son socias fundadoras de esta misma empresa y que el terreno administrado por Urbaniza 3D perteneció antes a Agrotécnica Estuquiña, empresa en la que Vizcarra era socio. Por ello, sostiene que “se instrumentalizó todo ello para generar un arraigo laboral”.
El contrato con Perú Primero tampoco demostró un arraigo laboral porque, dice el juez, los informes, las funciones y los pagos no guardan coherencia.
“Está demostrado que buscó manipular el sistema judicial para evitar medidas en contra incluso después del primer pedido de prisión preventiva”, aseveró. En este punto, el magistrado indicó que “nadie está por encima de ley ni la Constitución” y que “todos somos iguales ante y en la aplicación de la ley”.
Sobre el arraigo familiar, el juez Chávez Tamariz consideró que no existe demostrablemente una dependencia porque sus hijos son mayores de edad. Sobre su hijo menor de edad, su domicilio es en Moquegua y el domicilio de Vizcarra es en Lima. “No encuentro un mínimo de vinculación o sustentación con ese núcleo familiar”, apuntó.
El magistrado también estimó que la conducta de Vizcarra en el proceso penal es cuestionable y que hay una “alta probabilidad huya de la justicia” por la pena de 15 años de prisión que requiere la Fiscalía en su contra, sumado a que ocupó altos cargos en el Estado.
El juez Chávez Tamariz consideró que la prisión preventiva contra Martín Vizcarra es necesaria para asegurar que la presencia del expresidente cuando se dicte la sentencia del juicio por el caso Lomas de Ilo, que debería darse dentro de los 5 meses de prisión preventiva.
Asimismo, el magistrado sostuvo que la medida es razonable ya que Vizcarra no hay regla de conducta que aseguren su presencia a raíz de una ley aprobada por el Congreso (Ley 32130).
Cabe precisar que la Fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva, pero el juez únicamente aceptó dar 5 meses.