Migrante dominicana víctima de violencia doméstica regresará a Puerto Rico tras arresto cuando acudió a registrar su negocio

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Nueva York – La migrante dominicana Aracelys Terrero Mota se encuentra libre bajo fianza, luego de que las autoridades federales en Puerto Rico la detuvieron con ayuda de un agente municipal de Cabo Rojo, pueblo en el oeste de la isla.

En un comunicado este miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, informó que Terrero Mota, quien es sobreviviente de violencia doméstica, podrá regresar a la isla para continuar peleando su caso.

La comerciante fue detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el 5 junio, cuando acudió al municipio a registrar su negocio. La mujer cargaba con pasaporte y otros documentos migratorios al día, incluyendo visa.

Sin embargo, un oficial de la policía municipal alertó a las autoridades migratorias federales y la detuvieron a su salida.

El agente de la Policía Municipal de Cabo Rojo que hizo la denuncia no contaba con orden judicial ni autoridad legal para referir a la mujer a los agentes migratorios, argumenta el comunicado de la ACLU.

Para la ACLU, el arresto de Terrero Mota fue uno arbitrario como muchos otros que se llevan reportando desde principios de año en la isla como parte de la política de deportaciones masivas de la Administración del presidente Donald Trump.

“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y tanto las autoridades municipales, como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto. Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas”, sostuvo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

A Terreno Mota además la protege la Ley VAWA.

La Ley VAWA o Ley de Violencia contra la Mujer es un estatuto federal que cobija a migrantes víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, acecho o violencia en el noviazgo.

La abogada especificó que la libertad bajo fianza no detiene el proceso administrativo que enfrenta la migrante.

“Además de los elementos mencionados, la detención violentó “los principios más elementales de humanidad”, denunció Martínez Orabona.

Tras su arresto, Terrero Mota, de 47 años, desapareció del sistema electrónico de localización de detenidos, fue trasladada a Estados Unidos, según la ACLU sin seguir el debido proceso de ley, y estuvo en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.

“El Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un Pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros”, planteó, por su parte, Ángel Robles, abogado de la dominicana y con quien la ACLU ha colaborado en el proceso.

El pasado 9 de julio, la organización de derechos civiles envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón en la que se le solicitó información precisa sobre migrantes que su Gobierno está compartiendo con las autoridades federales.

Además, los activistas le solicitaron el establecimiento de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial a víctimas de violencia de género.

La entidad le recordó a González Colón que el gobierno local carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial.

La gobernadora no se ha expresado directamente sobre el caso de Terrero Mota. Sin embargo, en respuesta al suministro de datos de licencias de conducir de migrantes en la isla a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), dijo que solo estaba cumpliendo con la ley ya que había una orden judicial de por medio.

Este tema ha enfrentado a la gobernadora con líderes como el comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera.

Hernández Rivera informó el 11 de junio que envío una carta a ICE también firmada por otros 17 congresistas, todos demócratas, para pedir información sobre el paradero y estatus de custodia de Terrero-Mota.

A través de la misiva, los legisladores también exigieron garantías de acceso a representación legal para la detenida y acciones preventivas que aseguren el cumplimiento de protecciones legales en casos bajo VAWA.

“Según su abogado Ángel Robles, la Sra. Terrero es una sobreviviente de violencia doméstica con una autopetición aprobada bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y una solicitud de ajuste de estatus migratorio pendiente. Posee documentos válidos de autorización de empleo, así como un permiso de viaje adelantado aprobado, válido hasta 2029, y no tiene antecedentes penales ni órdenes de deportación previas. A pesar de presentar estos documentos a los oficiales de la CBP, al momento de su detención el mes pasado, la Sra. Terrero fue transferida fuera de la isla sin que se presentara una Notificación de Comparecencia ante el tribunal de inmigración. Su nombre no aparece en el sistema de localización de detenidos en línea del ICE, y posteriormente su abogado no ha recibido notificación formal de su ubicación”, precisa el documento enviado al director en funciones de ICE, Todd M. Lyons, y a la directora de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de la misma agencia, Mary De Anda-Ybarra.

“En un sistema migratorio justo, las personas con estatus legal válido y procesos pendientes no desaparecen sin dejar rastro”, afirmó Hernández Rivera en referencia a la carta. “Exigimos transparencia. Exigimos el debido proceso. Exigimos que se respeten los derechos de la señora Terrero y que se revele su paradero”, continuó el comisionado residente.

“La señora Terrero-Mota no representa una amenaza—es una sobreviviente que siguió todos los pasos legales,” añadió Hernández. “Nuestras instituciones no pueden revictimizar ni silenciar a quienes más necesitan protección”, puntualizó en un comunicado de prensa.

Hernández Rivera también habló en entrevista exclusiva con El Diario hace unas dos semanas sobre ese y otros temas en su agenda.