Una historia que mezcla solidaridad, confianza y conflicto legal ha sacudido a Francia tras hacerse pública esta semana. Según reveló la revista económica francesa Capital, un hombre identificado como P. prestó uno de sus departamentos a una amiga italiana, Y., que en los años 2000 se encontraba gravemente enferma de SIDA. Lo hizo de forma gratuita, sin firmar contrato alguno, con el objetivo de que ella pudiera residir cerca de un hospital donde recibiría tratamiento.
El gesto solidario se mantuvo sin problemas durante más de 2 décadas. Sin embargo, cuando el propietario solicitó recuperar el inmueble en 2023, se encontró con una negativa inesperada: su amiga se negó a marcharse, argumentando que el acuerdo verbal equivalía a un préstamo vitalicio, que solo debía concluir con su muerte.
El caso escaló rápidamente hasta convertirse en una disputa legal que terminó en la Corte de Casación, la instancia judicial más alta de Francia, marcando un precedente sobre los préstamos de uso sin contrato escrito.
Un gesto de solidaridad que se prolongó 23 años
En los primeros años del siglo XXI, el hombre decidió prestar una de sus propiedades, ubicado en Francia, a una amiga de origen italiano diagnosticada con esta enfermedad. En ese entonces, la prioridad era que ella pudiera residir cerca de un hospital para recibir tratamiento continuo.
No se redactó ningún contrato, ni se estipularon condiciones específicas: todo se acordó de palabra. El acuerdo consistía en permitirle a la amiga ocupar la vivienda de forma gratuita. El propietario no solicitó renta ni estableció un límite de tiempo, y la mujer permaneció en el piso durante 23 años sin interrupciones.
En 2023, la situación del propietario cambió; necesitaba recuperar el departamento y envió a la amiga una carta certificada solicitando que desocupara la vivienda. Para su sorpresa, la mujer se negó a marcharse, alegando que el préstamo se había realizado bajo la figura del viager, una modalidad legal que en Francia permite ceder el uso de una propiedad hasta la muerte del beneficiario.
Según ella, dadas sus condiciones de salud al momento del acuerdo, era razonable interpretar que el uso del inmueble debía extenderse hasta su muerte, ya que esa era la intención implícita del préstamo.

Para defender su posición, la mujer citó el artículo 1875 del Código Civil francés, que define el “préstamo de uso” como “un contrato por el cual una parte entrega una cosa a otra para usarla, a cambio de devolverla después del uso convenido”.
La mujer argumentó que, considerando su estado de salud crítico cuando se hizo el acuerdo, el “uso convenido” debía entenderse como el tiempo restante de vida, lo que justificaría su permanencia.
Inicialmente, el caso fue llevado ante los tribunales, donde la mujer obtuvo un fallo favorable. La primera sentencia validó su interpretación, permitiéndole permanecer en el inmueble, al considerar las circunstancias humanitarias y la duración prolongada del préstamo.
No obstante, el dueño del departamento apeló la decisión ante la Corte de Apelación de Aix-en-Provence, que revirtió el fallo, reconociendo su derecho a recuperar la propiedad.
Ante la apelación fallida, la mujer llevó el caso a la Corte de Casación, que recientemente emitió una sentencia definitiva a favor del propietario de la vivienda. El alto tribunal determinó que, al no existir contrato escrito, no se podía asumir la existencia de un usufructo vitalicio ni de una promesa indefinida de uso.
La corte enfatizó que no existe un “término natural previsible” como la muerte en un acuerdo verbal de este tipo y estableció que un préstamo de uso informal puede ser revocado en cualquier momento, siempre y cuando el propietario otorgue un plazo razonable de preaviso, que en este caso se fijó en 3 meses.
El gabinete de abogados involucrado en el proceso advirtió que esta sentencia es una advertencia para los propietarios que permiten la ocupación gratuita de inmuebles sin respaldo legal.
“El préstamo de uso no otorga ningún derecho al mantenimiento en la vivienda, a diferencia de un contrato de arrendamiento”, explicaron los abogados. Además, recordaron que, en ausencia de un contrato escrito, los testimonios y pruebas circunstanciales son las únicas herramientas legales disponibles en caso de conflicto.
Por eso, los expertos recomiendan que cualquier cesión gratuita de vivienda, por solidaria que sea, se documente siempre por escrito, aunque sea con un contrato básico, para evitar malentendidos y conflictos judiciales en el futuro.
Este conflicto en Francia recuerda un caso similar ocurrido recientemente en España, donde un anciano viudo cedió su vivienda a un hombre al que consideraba su amigo, propietario de un bar cercano. El anciano fue internado en una residencia por problemas de salud, y su “amigo” aprovechó la situación para ocupar la casa y reclamarla como propia. Esto también derivó en un proceso judicial por apropiación indebida.
Ambas historias reflejan la importancia de formalizar los acuerdos, incluso cuando se trata de actos de confianza o ayuda humanitaria. La justicia ha dejado claro que la buena voluntad no exime del cumplimiento de la ley, y que el derecho a la propiedad privada prevalece en ausencia de documentos legales que indiquen lo contrario.
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