‘Narcomilitares’: alerta por infiltración del crimen organizado en Chile y otros países de América Latina

Calificado por el Gobierno chileno como “el hecho más grave del que se ha tenido registro en el último tiempo y que puede comprometer la seguridad pública en Chile”, el escándalo de los llamados “narcomilitares”, que terminó en la detención de seis suboficiales del ejército que transportaban cocaína desde la frontera con Bolivia hasta Santiago, expone el creciente involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en redes delictivas que operan en América Latina.

La situación enciende las alarmas, puesto que, a pesar del reciente escándalo, en Chile hay pocos antecedentes de nexos entre fuerzas armadas y el narcotráfico, dado que su situación geográfica y la fortaleza de sus instituciones habían sido hasta ahora cortafuegos para enfrentar un panorama que se ha extendido con mayor velocidad en países como Ecuador y Perú.

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“Las fronteras latinoamericanas son muy permeables. Pasar de Colombia a Ecuador, por ejemplo, es muy fácil. Mientras que, en el caso chileno, al ser un altiplano, hay mucha capacidad de control y últimamente se ha ido instalado el ejército de Chile que, antiguamente, no estaba en la frontera, pues solamente estaban los carabineros”, señala a EL TIEMPO el coronel de Carabineros retirado Óscar Figueroa, quien actualmente es asesor para América Latina en el Centro de Prevención del Delito de Montreal (Canadá).

Para Figueroa, las fuerzas de seguridad desplegadas en las fronteras están más expuestas a la corrupción, por lo que deben ser funcionarios de alto nivel y con altas remuneraciones para evitar que puedan ser sobornados por los narcotraficantes. Sin embargo, el experto destaca que en el caso chileno las instituciones suelen actuar de forma efectiva ante la corrupción.

Durante el operativo en el que cayeron los llamados “narcomilitares” se incautaron 192 kilos de cocaína y de pasta base, avaluados en cerca de 3 millones de dólares, lo que elevó la preocupación de las autoridades chilenas.

“Cuando se compromete una institución armada con el narcotráfico y no se le detiene oportunamente, los hechos son irreversibles para el país. Está de más decir lo que ha sido la experiencia en el resto del continente sobre ese punto”, señaló por su parte el ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero.

Los expertos chilenos coinciden en que el escándalo ha sido importante porque en el país todavía hay una gran admiración por las Fuerzas Armadas y no es habitual que el crimen organizado esté permeando a este tipo de organizaciones.

“Ellos, por ser miembros de las fuerzas armadas, tienen un agravante en la comisión del delito. Si a una persona normal le dan cinco años por el delito de narcotráfico, cuando hace parte del ejército, pueden darle a una pena más alta”, señala a EL TIEMPO Eduardo Labarca, director del Centro de Investigación de Estudios del Crimen Organizado.

A este panorama se suman los problemas que ha tenido Chile para controlar sus fronteras con Bolivia y Perú, en el norte del país, en donde el ingreso irregular de inmigrantes, algunos de ellos vinculados a estructuras del crimen transnacional de la región como el ‘Tren de Aragua’, ha disparado la violencia los últimos 10 años, en un país que no había enfrentado este tipo de fenómenos con la frecuencia del resto de América Latina.

Lo que ocurre en Perú

En Perú, otro país afectado por este flagelo, los antecedentes más recientes se refieren al retiro del apoyo del Reino Unido en temas de narcotráfico, en diciembre 2024, por la infiltración del crimen organizado en la Dirección Antidrogas (Dinandro), un escándalo que salpicó al exjefe de esta unidad, el general, ahora en retiro, Deny Rodríguez, investigado por supuesto nexo con clanes de la droga, en un caso que vincula a otros cinco efectivos, que están mencionados en un informe confidencial de la Policía Nacional de Perú.

“En la actualidad la cantidad de policías implicados en casos de investigación de vínculos con el narcotráfico que se difunden en prensa son alarmantes, desde ser parte de las organizaciones a facilitar información y datos. Las Fuerzas Armadas de Perú no son una isla frente a este fenómeno”, advierte a EL TIEMPO Juan Carlos Liendo, exdirector nacional de Inteligencia de Perú.

Liendo señala que la vinculación de los militares se da, especialmente en la zona de mayor producción de cocaína en el país, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, más conocido como el VRAEM, al que la amplia presencia del narcotráfico, los remanentes terroristas de Sendero Luminoso y la limitada presencia estatal lo convierte en un terreno fértil para los carteles de droga en los puertos y en las zonas fronterizas.

Ecuador: una crisis que empeora

En el caso ecuatoriano, el renovado uso del estado de excepción, por parte del gobierno de Daniel Noboa, quien declaró a su país en estado de “conflicto armado interno”, ha gobernado desde enero de 2024 bajo esta figura, que permite el despliegue de militares en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, estas medidas no han mostrado resultados contundentes en esta materia.

De hecho, el mes pasado la Corte Constitucional anuló la aplicación del estado de excepción en las cárceles del país, que se han convertido en uno de los principales focos de criminalidad y de violencia, con casi una veintena de masacres, entre 2021 y 2025, que han dejado un saldo de más de 500 muertos. Y de donde se había fugado de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los narcotraficantes más buscados del país, quien fue recapturado la semana pasada luego de casi año y medio de búsqueda.

A esto se suma los casos de policías y militares involucrados en tráfico de drogas, como los detenidos en 2024, por envío de cocaína a España. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó una ley que avala indultos anticipados a miembros de las fuerzas armadas en su accionar contra lo que califican como grupos terroristas. Lo que hace más difícil el procesamiento judicial de miembros de estos cuerpos de seguridad en Ecuador.

Para Liendo, en un escenario de guerra global y debilidad de los gobiernos de los países de la región, el crimen transnacional organizado se convierte en el principal peligro a la seguridad y a la estabilidad política.

“El crimen trasnacional organizado está enfocado en el control regional de las economías ilegales de las industrias del narcotráfico y de la explotación y comercio ilegal de oro, para lo cual requieren capacidades de influencia y control político que implica desde el financiamiento de campañas electorales, hasta operaciones de chantaje y extorsión política”, asegura a EL TIEMPO.

Un escenario que también afecta a otros países de la región como Venezuela y México en donde sus fuerzas armadas se han visto salpicadas por la infiltración de carteles de drogas en aparatos policiales y militares, en las últimas décadas.

ANDREA AGUILAR CÓRDBOLA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CHILE