Pandillas en Haití alcanzan ‘poder militar récord’ y ahora desafían al Estado: ¿cuáles son los riesgos ante las elecciones presidenciales de agosto?

El peligroso vínculo que ha crecido en Haití entre miembros del gobierno de transición y líderes de las pandillas amenaza seriamente la posibilidad de estabilidad que se espera que ocurra en la isla, considerada entre las más violentas del mundo, a partir de agosto cuando el país acuda a las urnas por primera vez en casi una década para elegir presidente.

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Y es que, si bien durante años, las pandillas en Haití operaron como extensiones del poder utilizadas para intimidar rivales, movilizar votantes o controlar territorios específicos, en los últimos años, la proliferación y coordinación de grupos armados criminales evolucionó. Ahora, según un informe del International Crisis Group, la alianza conocida como Viv Ansanm, conformada por las dos principales pandillas de Puerto Príncipe, G-9 y G-Pép, alcanzó “un nivel de poder militar nunca antes visto” y se transformó en un actor con capacidad de condicionar la vida política, económica y social del país.

El estudio estima que esta coalición agrupa hasta 20.000 integrantes, controla corredores estratégicos dentro y fuera de la capital y genera ingresos anuales de hasta 75 millones de dólares, principalmente a través de secuestros, extorsión, control de mercados, peajes ilegales y el dominio de rutas clave para el contrabando.

Incluso, la economía ilegal de esta organización anual es 38 por ciento mayor que todas las exportaciones del país en un mes, que en mayo de 2025 llegaron a 54 millones de dólares, según el portal Trading Economics.

Para Diego Da Rin, analista del Crisis Group especializado en Haití, el cambio es estructural. “Las pandillas haitianas han mutado de ser herramientas en manos de los más poderosos a convertirse en señores del país, y su discurso se ha vuelto más abiertamente político”, explica el analista a EL TIEMPO.

Esta mutación no se limita al uso de la fuerza. Según Da Rin, mientras expanden su control territorial, “están intentando redefinir su perfil público, pasando de fuerzas criminales depredadoras a supuestos defensores de los más pobres”.

El informe documenta cómo esta narrativa ha sido utilizada por líderes de pandillas para justificar ataques contra instituciones estatales, empresas privadas y barrios considerados hostiles, al tiempo que buscan abrir canales de interlocución política. 

Uno de los objetivos centrales de esta estrategia, señala Da Rin, es “colocar aliados en el próximo gobierno para garantizar amnistía para líderes y miembros de las pandillas”, una aspiración que aparece de forma explícita en comunicados de estos grupos de cara a las elecciones de 2026.

La consolidación de Viv Ansanm también se tradujo en operaciones coordinadas a gran escala. El informe detalla ataques simultáneos contra comisarías, cárceles, edificios públicos y el principal aeropuerto del país, acciones que contribuyeron de manera directa a la dimisión del entonces primer ministro Ariel Henry en 2024 y que evidenciaron la capacidad de las pandillas para paralizar el funcionamiento del Estado.

De igual manera, la policía enfrenta carencias de personal, con alrededor de un uniformado por cada 1.000 habitantes, mientras que el sistema judicial permanece prácticamente congelado. En este vacío de reglas, las pandillas impusieron sistemas propios de control, castigo y recaudación.

Violencia, colapso estatal y una crisis humanitaria ignorada

El contexto en Haití es el de una nación sometida a una espiral descendente de violencia que ha provocado el casi colapso del Estado, según advirtió la ONU el pasado julio, que señaló que los grupos armados controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe.

En 2024, los homicidios llegaron a un pico histórico con 5.600 casos, un promedio diario de 15 personas, y solo entre enero y noviembre del año pasado esta cifra llegó a más de 8.100.

La violencia sostenida desembocó en una crisis humanitaria. Según cifras citadas por la ONU, 1,3 millones de personas (10 % de la población) fueron obligadas a abandonar sus hogares, la mitad de ellas niños, mientras que más de seis millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente. 

Haití se encuentra además entre los cinco países con mayor riesgo de hambre a nivel mundial, con 5 de cada 10 personas en grave riesgo, según la OCHA.

El secretario general de la ONU, António Guterres, describió este escenario ante el Consejo de Seguridad como una “tormenta perfecta de sufrimiento”. En su intervención advirtió que “la autoridad estatal se desmorona mientras la violencia de las pandillas consume a Puerto Príncipe y se extiende”, y alertó sobre ataques sistemáticos a hospitales y escuelas, el colapso del estado de derecho y el aumento de la violencia sexual. 

Durante 2024, las cifras más recientes, Naciones Unidas documentó 2.269 violaciones graves contra 1.373 niños, incluyendo asesinatos, secuestros y reclutamiento forzado, así como 566 casos de violencia sexual, de los cuales 160 fueron violaciones colectivas.

Y es que, según reveló un informe reciente de Médicos Sin Fronteras (MSF), el control territorial se trasladó en una escalada de los delitos de violencia sexual y de género sistemática para “aterrorizar a la población”.

Según MSF, desde 2022 se triplicó el número de casos atendidos en una de sus clínicas. “El número de supervivientes que recibieron atención pasó de una media de 95 ingresos al mes en 2021 a más de 250 en 2025”, señalan al advertir que desde 2015 la atención que le han prestado a cerca de 17.000 personas, 98 % son mujeres y niñas.

Ante este panorama, el informe del Crisis Group subraya que esto no es únicamente consecuencia de la fuerza de las pandillas, sino también de la fragilidad institucional acumulada. La policía enfrenta carencias de personal, equipamiento y apoyo logístico, mientras que el sistema judicial permanece prácticamente paralizado. En este vacío, las pandillas impusieron sistemas propios de control, castigo y recaudación, reforzando su posición como autoridades de facto en amplias zonas del país.

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Guterres también llamó la atención sobre el bajo nivel de apoyo internacional. El llamamiento humanitario para Haití, que requiere 908 millones de dólares para asistir a 3,9 millones de personas en 2025, recaudó menos del 10 por ciento de los fondos necesarios. “Haití sigue siendo vergonzosamente ignorado y con un financiamiento lastimosamente insuficiente”, dijo al respecto.

La respuesta internacional y el dilema de la fuerza

Ante el deterioro de la seguridad, la comunidad internacional recurrió nuevamente a una intervención externa. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia comenzó a desplegarse en 2024 con el objetivo de reforzar a la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, su impacto ha sido limitado. Crisis Group señala que la misión careció desde el inicio de los efectivos, el mandato y los recursos necesarios para revertir el control territorial de las pandillas, y fue percibida como insuficiente frente a la magnitud del desafío.

La violencia no se detuvo y, por el contrario, en algunos casos se intensificó. Frente a este balance, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una nueva fuerza internacional a la que se destinarán hasta 5.500 efectivos y que entraría en vigor en abril.

El informe advierte, sin embargo, que una respuesta exclusivamente militar difícilmente resolverá el problema.

Para Da Rin, si bien muchos haitianos rechazan cualquier enfoque que no sea la derrota total de estos grupos, incluso si la nueva fuerza cumple sus objetivos, “es difícil calcular el costo en vidas y recursos” que conllevaría.

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En un país que no celebra elecciones desde 2016 y donde el tejido institucional se encuentra erosionado y corrompido, el futuro de Haití sigue dependiendo de decisiones que van más allá del uso de la fuerza.

Para el analista, la experiencia regional pasada muestra que la eliminación de líderes y arrestos masivos pueden generar calma temporal, pero que la violencia reaparece si no se desmantelan las redes de apoyo político y económico que sostienen a estos grupos. “Sería poco más que una pausa en la batalla”, advierte al respecto.

“En algún momento, los diálogos desde una posición de fuerza serían mucho más beneficiosos como primer paso en el largo camino hacia la estabilidad”, recomienda.

Para lograr este objetivo, el informe plantea una hoja de ruta que combina seguridad y reformas estructurales, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad pública, la construcción de una prisión de alta seguridad, programas de salida para menores reclutados y, cuando existan condiciones, la posibilidad de diálogos orientados a reducir la violencia y avanzar hacia la desmovilización.

De momento, el miércoles pasado Estados Unidos impuso sanciones de visado a miembros del gobierno de Haití por su relación con las pandillas, algo que la administración de Donald Trump mantiene bajo lupa ante lo que está por venir.

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