Polémica en Brasil por un fallo del Supremo Tribunal Federal que condiciona a las redes sociales

La Dama de la Justicia se yergue frente al Supremo Tribunal Federal, el lunes 2 de septiembre de 2024, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil enterró el jueves pasado, por considerarlo inconstitucional, el artículo 19 del llamado Marco Civil de Internet, una ley que regula desde 2014 Internet en el país latinoamericano. En virtud de ella, las big tech estaban obligadas hasta ahora a eliminar contenidos considerados extremistas solo por orden judicial. La motivación de los jueces es que las normas vigentes hasta ahora “no garantizan una protección suficiente de bienes jurídicos constitucionales de gran importancia, como la tutela de los derechos fundamentales y la democracia”. Para la jueza Carmen Lúcia, que votó a favor del endurecimiento de las normas, “la censura está prohibida constitucionalmente, éticamente, moralmente e incluso espiritualmente. Pero no podemos permitirnos encontrarnos en una ágora en la que hay 213 millones de pequeños tiranos soberanos. Brasil es soberano, la ley brasileña es soberana”. En la misma línea se ha pronunciado el juez Dias Toffoli, que ha comparado la libertad de expresión con las ametralladoras para sostener que las plataformas digitales deben ser consideradas responsables de los contenidos que transmiten. “Ahora voy a retirar la ametralladora de mi plataforma porque está prohibida y así no tendré que pagar una indemnización al padre de esta víctima”, afirmó Toffoli. Solo tres jueces se opusieron, André Mendonça, Edson Fachin y Nunes Marques, al considerar que solo el Parlamento tiene la facultad de modificar las obligaciones de las plataformas. “Existirá el riesgo de una censura colateral”, afirmó Fachin. Para el juez, “la adopción del control del lenguaje de los utilizadores no forma parte del Estado de derecho democrático”, explicó, añadiendo que “la necesidad de una orden judicial para retirar contenidos de terceros parece ser la única forma constitucionalmente adecuada de conciliar la libertad de expresión con un régimen de responsabilidad consecuente”.

Con la votación de la semana pasada, Brasil cambia las reglas del juego, precisamente un año antes de la campaña electoral para las presidenciales que se celebrarán en octubre de 2026. También por esta razón, la decisión ha suscitado polémica, sobre todo entre las grandes tecnológicas, pero también en el mundo de la prensa brasileña, que teme una censura preventiva de las plataformas por miedo a incurrir en multas y sanciones severas. “Obligar a las plataformas a eliminar contenidos sin necesidad de una orden judicial significará implementar la censura en Brasil, externalizándola”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web brasileño de noticias Metrópoles. “Al desfigurar el Marco Civil y convertir las redes sociales en un campo minado de regulaciones confusas, el STF ha creado un sistema autoritario y nebuloso, alimentando la incertidumbre jurídica”, escribe el diario O Estado de São Paulo en un editorial. En el texto se destaca que, hasta ahora, el criterio era sencillo: las plataformas solo podían ser consideradas responsables del contenido de terceros si no cumplían una orden de eliminación del tribunal. Ahora, sin embargo, la responsabilidad subjetiva, pilar del sistema, ha sido sustituida por una “presunción de responsabilidad”. También ha suscitado polémica el hecho de que la decisión se haya tomado a puerta cerrada, durante un almuerzo informal, dejando fuera a la prensa y a la sociedad civil. “La decisión del STF sienta un peligroso precedente, desfigura una ley respetada en todo el mundo y sitúa a Brasil en el mapa de las democracias formales con prácticas cada vez más autoritarias. El decano Gilmar Mendes, con tono ingenioso, afirmó que todos los miembros del Tribunal son ‘admiradores del régimen chino’. La frase, leída a la luz de la sentencia, es más profética que irónica", concluye el editorial.

En la decisión de los jueces también aparece una lista de contenidos que deben ser eliminados inmediatamente sin orden judicial. En esta lista se incluyen publicaciones que constituyen, por ejemplo, terrorismo, pornografía infantil, discriminación racial, trata de seres humanos, incitación al suicidio, violencia contra las mujeres y conductas que socavan la democracia y el estado de derecho. Precisamente, este último punto ha sido el más controvertido por la prensa brasileña. “Las interpretaciones flexibles de los jueces en este ámbito podrían fomentar la censura de simples críticas, objeciones y enfrentamientos políticos”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. En particular, queda fuera todo el tema de los derechos humanos, hasta el punto de que el texto del STF traslada la responsabilidad al Congreso. “Invitamos al Congreso Nacional a elaborar una legislación capaz de subsanar las deficiencias del actual régimen en materia de protección de los derechos fundamentales”, se lee en el texto. “El hecho es que la ley ya existe y cualquier mejora depende de la interpretación política. Quien ha debilitado un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, ha sido el Supremo Tribunal del país”, concluye el editorial de Folha de São Paulo. La decisión de los jueces del STF establece además que cada plataforma debe disponer de su propia autorregulación, que prevea un “sistema de notificación, un proceso justo e informes anuales sobre la transparencia en materia de notificaciones extrajudiciales, publicidad y promociones”.

Sin embargo, faltan detalles sobre cómo se aplicarán estas nuevas normas y cuál será el órgano de control. En la decisión del STF solo se dice que no se prevén sanciones por episodios aislados, sino más bien cuando se detecte una “criticidad sistémica”, definida como “la falta de adopción de medidas adecuadas para prevenir o eliminar contenidos ilegales”. En cuanto a los órganos de control, los jueces han sugerido algunas opciones, como el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) o la Fiscalía General, pero no ha habido consenso general sobre ninguna de ellas. En el pasado, el Gobierno de Lula había pensado en crear un órgano regulador elegido por el ejecutivo para fiscalizar el comportamiento de las plataformas digitales en el marco del debate sobre el proyecto de ley 2630/2020, también conocido como Ley de las Fake News, que finalmente no prosperó.

Un celular mostrando una serie de redes sociales. (Andina)

Mientras tanto, las plataformas comienzan a reaccionar. La Cámara Brasileña de Economía Digital (camara-e.net), que representa a las empresas de servicios digitales y de comercio electrónico, entre ellas Google, Meta y TikTok, ha declarado en un comunicado que la formación de una mayoría en el STF “a favor de la responsabilización de las plataformas digitales por los contenidos publicados por terceros, incluso en ausencia de una sentencia judicial, representa un preocupante revés para el ecosistema de Internet brasileño”. Según la organización, “la tesis que está surgiendo rompe el equilibrio establecido por el Marco Civil de Internet y podría crear precedentes de incertidumbre jurídica, judicialización masiva, aumento de las barreras a la innovación y exclusión preventiva de contenidos legítimos”. Google también ha expresado su preocupación por los cambios que “podrían tener un impacto en la libertad de expresión y en la economía digital”. “Seguimos abiertos al diálogo”, se lee en su comunicado. El pasado mes de diciembre, cuando el STF inició el debate sobre el caso, Meta declaró tener “una larga historia de diálogo y colaboración con las autoridades brasileñas, incluida la magistratura. Sin embargo, ninguna gran democracia del mundo ha intentado nunca aplicar un régimen de responsabilidad para las plataformas digitales similar al sugerido hasta ahora en la sentencia del STF”.

Aunque se ha citado mucho la comparación con la legislación europea, hay que recordar que su Ley de Servicios Digitales, que regula el sector digital, se aplica a plataformas con más de 45 millones de usuarios. En Brasil, en cambio, la aplicación es general, desde Instagram hasta foros digitales de nicho e incluso sitios web en los que los consumidores escriben sus reclamaciones, como Reclame Aqui. Según la Cámara Brasileña de Economía Digital, son precisamente las pequeñas y medianas empresas brasileñas activas en los sectores digitales las que corren el riesgo de sucumbir al “aumento de los costes legales y al crecimiento masivo de los litigios judiciales”.

En cuanto a la sociedad civil, sigue dividida. Una encuesta reciente realizada por Nexus reveló que el 78% de los brasileños cree que las plataformas deberían ser más responsables de los contenidos que publican. Otro 62% cree que las empresas deberían eliminar más publicaciones de las que eliminan actualmente. Sin embargo, tras la decisión del STF, en la plataforma X, la palabra “censura” alcanzó el puesto 15 entre los temas más discutidos en Brasil, con más de 767.000 menciones en dos días. Entre el jueves y el viernes pasados, la búsqueda “STF decide sobre las redes sociales” estuvo entre las 15 más buscadas en Google Trends.

Según los expertos, la gran incógnita será la campaña electoral para las presidenciales del próximo año. La verdadera prueba de fuego serán las normas del Tribunal Superior Electoral (TSE), que ya este año había aprobado una resolución más severa con respecto a las plataformas, previendo, por ejemplo, que las redes pudieran ser consideradas responsables si no eliminaban “inmediatamente” determinadas categorías de contenidos, como los discursos de odio.

Para André Boselli, de la ONG Artículo 19, una organización que trabaja en el tema de la libertad de expresión, la decisión del STF abre el camino para que el TSE pueda crear nuevas excepciones para responsabilizar a las plataformas. “Nada impide al TSE tener esta autoridad, según la interpretación del STF, para crear nuevas excepciones”, declaró Boselli a Folha de Sao Paulo. Flávia Lefèvre, experta en derecho digital y de consumo, considera a su vez que tanto las normas electorales como las relativas a la protección de los consumidores y los menores ya prevén la obligación de actuar por parte de las plataformas. La tesis del Tribunal Supremo solo sirve para “reafirmar el alcance, la eficacia y la legalidad de las disposiciones establecidas por el TSE”, declaró la experta a Folha de São Paulo. La primera prueba, tanto para las plataformas como para la sociedad civil y el sistema judicial, podría ser la sentencia del STF sobre Bolsonaro y su entorno, acusados de intento de golpe de Estado. Está prevista para agosto o septiembre de este año y sin duda avivará el debate en Internet.