Puerto Rico: congresistas piden al DOE que revierta decisión de reasignar fondos para la red en lugar de paneles solares bajo "Comunidades Resilientes"

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Nueva York – En una carta enviada al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Chris Wright, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, y la senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, manifestaron preocupación por la redirección de parte del dinero del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) para otros fines que no son paneles solares en techos.

Los $1,000 millones del PR-ERF fueron aprobados por el Congreso a finales del 2022 como parte de la Ley de Apropiaciones para el año fiscal 2023. Sin embargo, a principios del mes pasado, el DOE informó que destinará los fondos federales para la reparación de la red eléctrica en lugar de para energía solar como habían sido estipulados por la legislatura en Washington D.C.

“Les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la decisión del Departamento de Energía (DOE) de redirigir los fondos del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico para que no se destinen a proporcionar energía de respaldo a los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico”, lee la carta que suscribieron otros 19 legisladores tanto de Cámara como Senado.

En la misiva, los funcionarios cuestionan que, en lugar de encaminar la ayuda para energía solar y almacenamiento en baterías en comunidades residenciales y centros de salud de toda la isla, el dinero se vaya a utilizar, según el Departamento, para “apoyar soluciones prácticas que ofrezcan una solución más rápida y eficaz a la crisis actual”.

“Seguimos profundamente preocupados por el hecho de que el pueblo de Puerto Rico esté siendo utilizado como peón en el ataque del presidente Trump a la energía limpia, y no vemos justificación para esta acción. El proceso de recuperación a largo plazo de la red eléctrica de Puerto Rico se ha visto marcado por importantes desafíos, incluyendo apagones recurrentes que siguen afectando la vida cotidiana de los puertorriqueños, como el reciente apagón del pasado abril”, plantean en el documento.

El grupo teme que el proceso de reasignación afecte el bienestar de puertorriqueños con condiciones médicas.

“Nos preocupa que la redirección de estos fondos reinicie el proceso de asignación, retrasando la entrega oportuna y necesaria de recursos a las poblaciones médicamente vulnerables. Además, la justificación legal para esta reasignación de fondos, que aparentemente ignora la intención del Congreso, sigue sin estar clara”, argumentaron.

El PR-ERF se dividió en dos programas. Uno fue el de Acceso Solar” para el que se abrió el proceso de solicitud en febrero de 2024.

Mediante la iniciativa, se buscaba impactar a unos 30,000 hogares de bajos ingresos con sistemas de placas solares con baterías sin costos iniciales. Tras la llegada de la Administración Trump, los fondos fueron paralizados temporalmente. Aunque se volvieron a liberar, no se completará la totalidad de las instalaciones previstas.

Como parte de la evaluación de elegibilidad para ese programa, el DOE se guió por la herramienta conocida como “Comunidades de Última Milla en Puerto Rico”. Una Comunidad de Última Milla es un bloque censal que tiene un porcentaje alto de hogares de muy bajos ingresos y sufre cortes de energía frecuentes y prolongados.

Además, la oficina federal, bajo la Administración Biden, decidió priorizar a hogares en los que un residente con una condición médica o discapacidad dependía de un dispositivo que trabaja con electricidad o baterías.

El otro programa fue el de Comunidades Resilientes para el que se asignaron unos $365 millones de los $1,000. Este programa fue totalmente descartado por el DOE tras una revisión.

A través de Comunidades Resilientes, se buscaba instalar paneles solares en centros de salud comunitarias, áreas comunes en propiedades de vivienda pública o propiedades multifamiliares subsidiadas privadas. En el caso de centros de salud, bajo el plan inicial se hubieran otorgado entre $70 millones y $140 millones para estos proyectos en espacios calificados por el gobierno federal, centros de diálisis y centros de diagnóstico y tratamiento.

El proceso se detuvo, a principios de este año, cuando organizaciones y entidades del gobierno local estaban en el proceso de negociación sobre los términos del contrato.

El DOE dijo en un comunicado de prensa, el 21 de mayo, que los fondos del programa se utilizarán para “soluciones prácticas y actividades de emergencia que ofrezcan una solución más rápida e impactante a la crisis actual, beneficiando instalaciones críticas como hospitales y centros comunitarios”.

El Departamento de Energía argumentó que se centra en fortalecer la red eléctrica estadounidense y garantizar el suministro confiable de electricidad en todo el país, y que, en ningún otro lugar, esto es más necesario que en Puerto Rico. “Al redirigir estos fondos, garantizaremos que el dinero de los contribuyentes se utilice para fortalecer el acceso a energía asequible, confiable y segura, beneficiando a más ciudadanos lo antes posible. Este cambio estratégico nos permite abordar las causas fundamentales de la inestabilidad de la red, fortalecer su frágil infraestructura y brindar un alivio duradero a Puerto Rico”, defendió Wright en el parte de prensa a tono con la política del gobierno federal de impulsar los combustibles fósiles.

El Diario contactó este viernes las oficinas de Hernández Rivera y de Cortez Masto para conocer si habían recibido respuesta a la misiva. Esperamos por una contestación a la solicitud.

En el comunicado que incluye la carta a Wright, el comisionado residente reafirmó que redirigir los fondos va en contra de lo dispuesto por el Congreso y no promueve la resiliencia energética para los más vulnerables.

“Estos fondos fueron aprobados por el Congreso para instalar paneles solares y baterías en hogares y centros de salud, especialmente para los más vulnerables”, expuso Hernández Rivera. “Redirigirlos retrasa la ayuda, ignora el propósito de la ley y pone vidas en riesgo. Los más vulnerables en Puerto Rico no pueden convertirse en daño colateral en una guerra política contra la energía limpia. Agradezco a la Senadora Cortez Masto por su colaboración y espero continuar trabajando con mis colegas en el Senado para atender los desafíos del sistema eléctrico en Puerto Rico”, añadió al tiempo que describió la gestión de las autoridades federales como improvisada y desordenada.

No es la primera vez que demócratas le piden mediante carta a Wright que mantenga la asignación de dinero bajo el PR-ERF. En abril pasado, la representante de Nueva York, Nydia Velázquez, en asociación con Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Jared Huffman (California), y el comisionado residente hicieron lo propio.

Puerto Rico no solo se encuentra bajo temporada de huracanes, también enfrenta el periodo de mayor consumo energético ahora en el verano, lo que pone a los residentes del territorio a merced de más apagones debido al déficit de generación.

En la carta, los congresistas resaltan cómo las demoras en la implementación de programas de energía solar y baterías para techos podrían tener consecuencias fatales para miles de residentes.

“Tras desastres naturales, la dependencia del combustible importado y la capacidad de distribuir energía a través de líneas de transmisión dañadas pondrá en riesgo a las comunidades vulnerables en la última milla y con necesidades médicas vulnerables. La devastación causada por huracanes anteriores demostró la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, especialmente en comunidades ubicadas en regiones rurales montañosas y costeras. Estas áreas fueron las más afectadas por las recientes tormentas y aún se encuentran en vías de recuperación”, lee parte de la misiva.

Los congresistas añadieron que la energía solar en techos ofrece “la solución más directa, confiable y rentable” para la seguridad energética en Puerto Rico.

“Decenas de miles de estos sistemas ya están en funcionamiento, produciendo 1.1 gigavatios de energía y evitando hasta 56 horas de pérdida de carga al año, al suministrar energía directamente a los hogares antes de que pueda ser extraída de la red eléctrica. Los hogares que participan en los programas PR-ERF aprovecharán este éxito, expandiendo la red de energía distribuida que ha ayudado a prevenir caídas de tensión y apagones en épocas de alta demanda energética”, detallaron.

Precisamente, este jueves, medios en la isla reportaron que la empresa Power Expectation LLC se encargará de proveer generación temporera de hasta 800 megavatios de electricidad.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó el contrato a la compañía durante una reunión extraordinaria.

Para que el contrato entre en vigor oficialmente, necesita el aval tanto del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).

La empresa se comprometió a tener instalado el sistema en 60 días luego de la firma del contrato, precisó el informe de El Vocero.