Puerto Rico: presentan medida en el Congreso para quitar exención de impuestos federales a criptoinversores que se benefician de Ley 22

hace 1 mes 15

Nueva York – La representante de Nueva York en el Congreso federal, Nydia Velázquez, presentó un proyecto de ley este martes que busca que inversionistas de la industria de las criptomonedas que se relocalizan en Puerto Rico bajo la Ley 22 tengan que pagar contribuciones de ingresos federales.

La Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025 (Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025) propone enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para modificar la aplicación de las reglas de procedencia de los ingresos por activos digitales de los residentes en el territorio.

Actualmente, los ingresos de actividades relacionadas a activos digitales de estadounidenses que se trasladan a la isla bajo la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” (Ley 22) pueden quedar exentos de impuestos federales si actividades de activos como la minería o “staking” son clasificados como si fueran de origen puertorriqueño.

Con la medida, presentada junto a las representantes Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) y Delia Ramírez (D-IL), se busca acabar con la laguna fiscal en el código tributario federal que permite que inversores de criptomonedas evadan su responsabilidad fiscal sobe los ingresos derivados de inversiones en activos digitales bajo el argumento de que residen en la isla.

El proyecto propone incluir una nueva subsección que establezca que cualquier ingreso derivado de la recepción o tenencia de cualquier activo digital o cualquier venta, intercambio u otra disposición de un activo digital, no se considerará derivado de fuentes dentro de Puerto Rico.

“Durante años, algunos de los inversionistas estadounidenses más ricos en activos digitales han utilizado a Puerto Rico para evadir el pago de impuestos federales”, señaló Velázquez a través del comunicado de prensa en el que anunció la presentación de la medida.

“Esta afluencia no ha generado el crecimiento económico prometido, sino que ha incrementado los costos y provocado el desplazamiento en una isla donde la tasa de pobreza ya es del 40 %. Se trata de justicia. Si generas ingresos con activos digitales, deberías pagar tu parte, sin importar tu código postal”, afirmó la congresista.

Un informante del IRS estimó que más de $10,000 millones de dólares en ingresos por activos digitales son eximidos del pago de federales anualmente bajo las reglas actuales.

Bajo los decretos de Ley 22 que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), extranjeros, la mayoría estadounidenses, deben permanecer al menos 183 días al año en la isla para beneficiarse de la exención fiscal en el pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital.

El estatuto se aprobó con la intención de que los beneficiarios, muchos ligados a la industria de las criptomonedas, invirtieran en la isla, crearán empleos e impulsaran el desarrollo económico.

En ese sentido, el comunicado de Velázquez señala que, entre el 2020 y el 2026, Puerto Rico podría perder hasta $4,500 millones en ingresos al erario debido a las exenciones fiscales.

“Puerto Rico merece algo mejor que convertirse en un paraíso fiscal para los ricos”, planteó la representante de origen boricua. “Se trata de asegurar que las reglas no beneficien a unos pocos, mientras que los trabajadores de la isla y de Estados Unidos pagan las consecuencias. Este proyecto de ley ayudará a garantizar que los puertorriqueños puedan forjar su propio futuro económico y construir sus vidas en la isla”, apostó la legisladora del Distrito 7.

Por su parte, Iris Figueroa, estratega sénior de The Center for Popular Democracy (CPD), favoreció la iniciativa legislativa bajo el argumento de que por mucho tiempo extranjeros adinerados han recibido trato contributivo preferencial sin pruebas de su aporte al crecimiento económico del archipiélago.

“Durante demasiado tiempo, las lagunas legales federales han permitido que inversores depredadores de criptomonedas se aprovechen de Puerto Rico, desplazando comunidades y exacerbando la desigualdad. Junto con otras formas de trato fiscal preferencial, han contribuido a manipular aún más la economía a favor de los ricos y bien conectados. Muchas comunidades puertorriqueñas tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas; no pueden permitirse seguir subsidiando los activos digitales de sus gentrificadores”, expuso la portavoz.

“Además, según auditorías pasadas y actuales de los incentivos fiscales puertorriqueños, existe una clara conexión entre la actividad de las criptomonedas y un posible fraude fiscal”, concluyó la activista puertorriqueña.

La presentación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes se dio pocos días después de que Velázquez indicara a El Diario, en entrevista exclusiva, que junto a aliados en el Congreso analizaban posible legislación para atender las consecuencias fiscales de la Ley 22.

En la entrevista, la representante respondió a preguntas sobre otros temas como la crisis energética en Puerto Rico y el problema del estatus.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) inició una pesquisa en el 2021 contra unos 100 beneficiarios de la Ley 22.

Una entrada en la página web del IRS en julio pasado indica que la agencia identificó a estadounidenses de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuentes relacionadas con las posesiones de los EE. UU.

“Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, especificó el IRS bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”.

CPD presentó ante el IRS una solicitud de información bajo FOIA (Ley de Libertad de Información) en marzo del 2023.

Actualmente, el caso se encuentra en litigio en un tribunal federal. La organización busca que la oficina les provea documentación relacionada con la pesquisa.

Ese mismo año, Velázquez le solicitó a la Oficina del Inspecto General (GAO) indagar en detalles sobre la residencia, reubicación e ingresos de los beneficiarios de la Ley 60 (Código de Incentivos de Puerto Rico), bajo la que se encuentra la 22.

El año pasado, también en entrevista con El Diario, Ramírez anticipó la posible radicación de legislación para ponerle freno a extranjeros que abusen de los beneficios de la Ley 22.

Las expresiones, en octubre pasado, se dieron tras la presentación de la resolución “Unidos con los Puertorriqueños Opuestos a los Riesgos de la Ley 22 (UPROAR)”, que emplazaba al Congreso a tomar “acción responsable y a tiempo” para atender la laguna fiscal que le permite a los beneficiarios de la ley evadir impuestos federales.

“Yo creo que es importante, particularmente, en este momento cuando vemos tanto puertorriqueño que continúa hablando de las dificultades que hay para comprar vivienda, y al mismo tiempo, estadounidenses usan nuestras leyes de impuestos y la ley de Puerto Rico para no pagarlos. Eso es injusto. Cuando miras la inestabilidad de la isla y ves la cantidad de personas en EE.UU. que compran propiedad y pueden decir que viven ahí; eso tiene un impacto, no solamente en la isla, pero en EE.UU. Yo creo que es muy importante que esa resolución sea presentada en este momento para poder mostrar que hay una coalición de congresistas, organizaciones comunitarias en EE.UU. y en Puerto Rico que dicen que hay urgencia. EE.UU. tiene que asegurarse que su gente no esté evadiendo el pago de impuestos”, declaró Ramírez a este rotativo.