Recortes a Medicaid en proyecto de presupuesto de la Cámara de Representantes; PRFAA asegura que Puerto Rico no se verá impactado

hace 1 semana 10

Nueva York – El plan de presupuesto de los republicanos en la Cámara de Representantes divulgado el domingo mantiene el objetivo de recortes de unos $880,000 millones de dólares en un periodo de 10 años mediante reducciones al Medicaid a través de medidas que harán más estrictos los requisitos de elegibilidad, así como las evaluaciones a proveedores que reciben reembolsos, entre otras.

Sin embargo, el Comité Energía y Comercio de la Cámara que evalúa el proyecto no cedió ante las presiones de republicanos más conservadores que exigían, entre otras cosas, que incluyeran en el texto disposiciones para reducir el porcentaje que el gobierno federal paga a los programas de Medicaid o topes per cápita en los pagos federales de Medicaid a los estados.

El domingo en la noche, los republicanos divulgaron partes clave de su proyecto de ley que incluye algunos recortes y cambios al programa Medicaid. Las disposiciones sobre el programa de salud para poblaciones de ingresos bajos abarca 160 páginas.

La mayor parte del ahorro provendría de políticas que obligarían a los beneficiarios de Medicaid a pagar más por las consultas médicas, así como a completar más trámites para demostrar su elegibilidad. Por ejemplo, la propuesta impondría un requisito para que adultos sin dependientes, de entre 19 y 64 años, demuestren que trabajan al menos 80 horas al mes o realicen 80 horas de servicios comunitarios.

Este martes en la tarde se supone que la legislación sea evaluada en una reunión plenaria del comité.

En el encuentro, se considerarán las recomendaciones legislativas del organismo para el proceso de reconciliación presupuestaria.

Este trámite se emplea para realizar cambios en un presupuesto de forma acelerada y evitar el filibusterismo en el Senado.

El 10 de abril pasado, la Cámara de Representantes aprobó la enmienda del Senado de la resolución concurrente que establece el presupuesto del Congreso para la operación de las agencias del gobierno federal para el año fiscal 2025. La legislación establece además los presupuestos para los años fiscales 2026 a 2034, y proporciona instrucciones para la reconciliación. Las instrucciones especifican que el referido comité presentará modificaciones a las leyes dentro de su jurisdicción para reducir el déficit en no menos de $880,000,000,000 para el período de los años fiscales 2025 a 2034.

El análisis de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) concluyó que las disposiciones sobre el tema de salud en el proyecto de ley de los republicanos recortará al menos $715,000 millones y llevarán a que al menos 8.6 millones más de estadounidenses se queden sin seguro como resultado de las reducciones a Medicaid y la Ley de Atención Médica Asequible.

El representante demócrata de Nueva Jersey, Frank Pallone, Jr., quien es miembro de alto rango del comité, alegó que los líderes republicanos publicaron el proyecto de ley durante la noche porque no quieren que la gente conozca sus verdaderas intenciones.

“Esto no es recortar gastos innecesarios, sino reducirlos al mínimo. La gran mayoría de los ahorros en este proyecto de ley provendrán de quitarles la atención médica a millones de estadounidenses. En ningún punto del proyecto de ley se está eliminando el despilfarro, el fraude y el abuso; se está recortando la atención médica de las personas y utilizando ese dinero para dar exenciones fiscales a multimillonarios”, planteó sobre el contenido de la propuesta republicana.

A juicio de Pallone, “sin lugar a dudas, millones de estadounidenses perderán su cobertura médica, los hospitales cerrarán, las personas mayores no podrán acceder a la atención que necesitan y las primas aumentarán para millones de personas si se aprueba este proyecto de ley”.

“Quitarle la atención médica a niños y madres, a personas mayores en residencias de ancianos y a personas con discapacidades para dar exenciones fiscales a quienes no las necesitan es vergonzoso. Los demócratas han derrotado los esfuerzos republicanos por recortar la atención médica antes y podemos hacerlo de nuevo”, concluyó en un comunicado.

Un memo del comité que resume el contenido de la propuesta enumera los cambios al programa Medicaid.

Un de las secciones requiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) aplique una moratoria en la implementación, administración o cumplimiento de la norma final titulada “Simplificación de Medicaid; Determinación de elegibilidad e inscripción en el Programa de Ahorros de Medicare” hasta el 1 de enero de 2035.

Por otra parte, se le requiere al HHS retrasar la implementación, administración o cumplimiento de la norma final titulada “Programa Medicaid; Agilización de los procesos de solicitud, determinación de elegibilidad, inscripción y renovación de Medicaid, Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y Programa de Salud Básica (BHP)” hasta la misma fecha.

Los propósitos de estas regulaciones son facilitar que las personas soliciten y se inscriban en los programas y permanezcan en los mismos.

Una tercera disposición le exige a los estados establecer procesos para obtener regularmente información sobre la dirección de los beneficiarios de fuentes de datos fiables, lo que implica exigir a los programas estatales de Medicaid que recopilen datos de la dirección proporcionada por los beneficiarios a las entidades de atención médica administrada (cuando corresponda). Además, ordena al HHS a establecer un sistema para evitar que las personas se inscriban simultáneamente en varios programas estatales de Medicaid a más tardar el 1 de octubre de 2029.

El documento también incluye un requerimiento para que los programas estatales de Medicaid verifiquen el Archivo Maestro de Defunciones de la Administración del Seguro Social (SSA) al menos trimestralmente para determinar si los inscritos en el programa de salud han fallecido y cancelar la inscripción en esos casos.

La propuesta de los republicanos en la Cámara además establece que los estados deben realizar controles mensuales de bases de datos o sistemas similares para determinar si el HHS o un estado canceló la participación de un proveedor de Medicaid y lo ha dado de baja del programa.

La pieza legislativa además le requeriría a los estados determinar la elegibilidad de los adultos de la población de expansión cada seis meses. Bajo la ley vigente, ese proceso se realiza cada 12 meses.

Otra sección le requiere al HHS reducir la participación financiera federal (FFP) para los estados por los errores identificados a través de la proporción entre los pagos excedentes erróneos por asistencia médica identificados por la Oficina del Inspector General o por el secretario, que son directamente atribuibles a pagos a individuos no elegibles o por servicios no elegibles.

Otra provisión establece un límite de $1,000,000 para el valor admisible del patrimonio inmobiliario para las personas al determinar los activos permitidos para los beneficiarios de Medicaid que cumplen los requisitos para recibir servicios de atención a largo plazo. Esta sección también prohíbe la aplicación de la exención de activos para eximir los límites del patrimonio inmobiliario.

El plan además prohíbe la Participación Financiera Federal (FFP) en Medicaid para personas cuya ciudadanía, nacionalidad o estatus migratorio no se haya verificado, incluso durante los períodos de oportunidad razonables. La ley actual permite a los estados inscribir a las personas en la cobertura y luego brindar oportunidades razonables de 90 días para que reciban cobertura inmediatamente, y esperar hasta 90 días antes de verificar su ciudadanía o estatus migratorio.

En esa línea, hay otra sección que reduce en un 10% el Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP) para la Expansión de Medicaid en estados que utilizan su infraestructura para brindar cobertura de atención médica a inmigrantes ilegales bajo Medicaid u otro programa estatal.

El caso de Puerto Rico

El programa Medicaid no solo beneficia a pacientes en los estados, también en territorios y tribus nativas de Estados Unidos.

En el caso del territorio de Puerto Rico, esta jurisdicción depende más de Medicaid que cualquier otro estado de EE.UU. Según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2021 de la Oficina del Censo federal, el 47 % de los adultos y el 62 % de los niños cuentan con el programa en la isla.

Por su condición de territorio, Puerto Rico no recibe el mismo nivel de fondos que un estado. Además los criterios de elegibilidad y los beneficios del programa son diferentes en la isla versus los estados.

Adicional, la isla utiliza su propio indicador de pobreza (PRPL) para determinar elegibilidad.

Puerto Rico recibe fondos Medicaid mediante una subvención en bloque, lo que significa que el gobierno federal proporciona una cantidad fija de dinero al territorio por cierta cantidad de tiempo, lo que resulta insuficiente para cubrir los crecientes costos de atención médica.

Desde 2010, el Congreso proporciona financiación a corto plazo para que territorios como Puerto Rico puedan continuar operando el programa.

Varios sectores en la isla y en la diáspora llevan alertando desde hace meses que cualquier recorte en fondos Medicaid afectaría también el territorio al punto de impactar las finanzas de los hospitales que dependen en buena parte de clientes inscritos al programa.

En respuesta a la propuesta de los republicanos en la Cámara, la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA) emitió un comunicado en el que afirma que no habrán cambios en el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico.

“El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes publicó el texto legislativo sobre los temas bajo su jurisdicción a incluirse en el proyecto de reconciliación. Como habíamos indicado, el mismo no incluye recortes para el programa Medicaid en Puerto Rico. Se espera que el comité evalúe y vote sobre la medida mañana martes (hoy)”, expone el parte de prensa.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriela Boffelli, añadió que desde que la gobernadora Jenniffer González asumió el poder, ha sostenido, junto a su equipo, comunicaciones directas con congresistas y miembros de los comités en Cámara y Senado que examinan el tema.

“Los comités del Congreso comprenden claramente los retos de financiamiento que enfrenta Puerto Rico y conocen sobre el hecho de que más de la mitad de nuestra población depende de ese programa. El proceso legislativo sigue evolucionando y PRFAA permanece vigilante a estas discusiones”, señaló la funcionaria.

Hoy, en otro comunicado, la oficina señaló que, en cuanto al Programa de Asistencia Nutricional Nutricional (PAN), tampoco habrá recortes.

“El PAN, que representa un componente crítico de nuestras familias en la isla, con más 1.2 millones de beneficiarios, continuará operando sin alteraciones bajo la estructura presupuestaria que se discute en estos momentos”, planteó Boffelli.

El PAN también funciona en la isla bajo una subvención en bloque que no alcanza los niveles que reciben los estados bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

SNAP es otro de los programas sobre el que se alertó de recortes en el plan de los republicanos como parte del proceso de reconciliación. Medios estadounidenses reportaron que la propuesta de los republicanos en el Comité de Agricultura de la Cámara reduciría en unos $230,000 millones de dólares el programa al obligar a los estados a pagar parte de los beneficios utilizando una escala móvil basada en sus tasas de error de pago, a partir del año fiscal 2028.

De acuerdo con el reporte de POLITICO, los estados con las tasas de error de pago más bajas pagarían el 5% de los beneficios de SNAP, mientras que los estados con tasas de error superiores al 10% tendrían que pagar el 25% de los beneficios.